El ministro de Vivienda este viernes salió al paso de los cuestionamientos en su contra tras el informe del órgano contralor, que da cuenta de la auditoría a 15 seremías del Minvu que efectuaron millonarios traspasos a fundaciones. "Había un un modelo con las fundaciones privadas, y simplemente seguimos con la que venía (...) no captamos el conjunto de forados y riesgos que había de hechos de corrupción", dijo.
Según lo informado por la cartera, la fundación liderada por Alberto Larraín incurrió en una serie de incumplimientos. Entre ellos, se constataron atrasos y ausencia de rendiciones. Tras la determinación, la repartición tiene un plazo de 10 días para emitir la liquidación de los tratos e informar si la ONG tendrá que devolver parcial o totalmente los recursos.
La Corte de Apelaciones confirmó el fallo del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago que condenó al Estado a pagar $ 33 millones en indemnización a favor de Gabriella de Angelis, quien es doctora en arquitectura y experta en riesgos por desastres naturales. Hasta diciembre del 2021 se desempeñaba como funcionaria de la Comisión Asesora para la Reducción de Riesgos de Desastres y Reconstrucción, cuando fue desvinculada tras una serie de hostigamientos, según señaló el tribunal.
El beneficio está dirigido a personas mayores de 60 años que sean autovalentes, se encuentren dentro del 60% de la calificación socioeconómica y que presenten una vulnerabilidad habitacional.
En contraste con otras regiones y grandes territorios del país, Antofagasta, Tarapacá y Arica y Parinacota son las que han progresado más lentamente en la construcción de un hogar definitivo para las 81 mil familias que viven en campamentos en el país. De modo general, uno de los principales planes del Presidente Boric anota un 30,6% de desarrollo y Magallanes avanza a un 70%.
El ministro de Vivienda, desde un punto de prensa en Copiapó, volvió a abordar los traspasos directos de recursos desde reparticiones públicas a entidades privadas, asegurando que lo que quiere el gobierno es saber “cómo se produjo, quiénes lo organizaron y quiénes fueron los beneficiados por esto”.
Durante esta mañana, mediante un comunicado la Subsecretaría de Vivienda, indicó que "mal podría hablarse de desvinculación, ya que nunca existió un vínculo contractual entre dichas personas y la Seremi, Minvu o el Serviu".
"Es el momento en que el ministro dé un paso al costado”, dijo Eric Aedo (DC). Lo mismo planteó Yovana Ahumada (legisladora independiente), mientras que José Miguel Castro (RN), quien preside la comisión investigadora por los convenios con ciertas fundaciones, dijo que “es un nuevo terremoto para el Minvu". En la Cámara, además, existe malestar de que el ministro haya pedido una sesión secreta para aportar antecedentes.
El ministro de Vivienda, quien ya había tenido que rectificar sus dichos sobre el organismo dependiente de la Segpres, en torno a que “podría haberse sabido más tempranamente” el lío de platas, ahora dijo que “los informes del consejo no son lo más completo y por lo tanto no se conocen las especificidades de los proyectos”.
Carlos Contreras explicó que la incorporación de nuevas organizaciones comenzó porque cada cada debían renovar el listado de organizaciones, ya que algunas de ellas tenían atraso en sus procesos de rendición y esto impide generar nuevos convenios, por lo mismo debían buscar nuevas organizaciones.
El titular de Vivienda señaló que en el caso de su cartera están "redefiniendo los distintos aspectos donde tiene mayor debilidad porque el sistema tiene debilidades en la forma de seleccionar a las empresas”.
“El tema pensiones es demasiado urgente para muchas familias. No interrumpamos la conversación, mientras las instituciones hacen las investigaciones que corresponden", manifestó el titular de Vivienda y Urbanismo.
El parlamentario hizo el punto en que el dinero asociado a la investigación de fundaciones ligadas a convenios con el Ministerio de Vivienda "es de todos los chilenos". En cambio, en los otros casos de corrupción "eran platas particulares, de privados que se pagaron con los impuestos correspondientes”
Espero que no haya más casos, espero que esto haya sido algo más focalizado, pero no tengo elementos como para decirlo”, señaló el titular del Minvu.
Aunque en 2016 se abrió la puerta para que organismos privados reciban fondos para trabajar en asentamientos precarios, fue en 2022 cuando los montos a repartir suben en un 93%. El gran aumento de fondos produjo la llegada de fundaciones dedicadas a temas culturales y políticos a trabajar en áreas en las que no tenían mayor experiencia. Este es el origen del método que terminó usando Democracia Viva para recibir los polémicos $ 426 millones en Antofagasta.
