A través de una carta el organismo liderado por la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao planteó la necesidad de "cubrir los gastos necesarios para la primera respuesta a la emergencia, como por ejemplo la contratación de maquinarias, alimentación de voluntarios y bomberos, materiales de construcción, elementos para la provisión de agua, entre otros, tal como se hizo para enfrentar la emergencia del Covid”.
"No es solo importante, sino necesarias estas instancias de coordinación con las distintas municipalidades, porque son los alcaldes quienes conocen la realidad de sus comunas", dijo el general director de Carabineros.
Para levantar este análisis, además, se les consultó a los gobiernos locales sobre el presupuesto que destinaron a seguridad en 2022, detectando brechas relevantes respecto de la inversión en este tema: en las comunas con alto desarrollo se destinan -en promedio- $ 498 millones, en tanto, en niveles de desarrollo más bajo, poco más de $ 20 millones.
Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, lanzó la campaña “Señales de Violencia”.
Luego que la Contraloría tomara razón del reglamento que impedía la aplicación de la Ley 21.411, las autoridades comunales y vecinos ya trabajan para tratar de conseguir mayor seguridad ante el aumento de los hechos delictuales.
La alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la ACHM, Carolina Leitao, señaló que “el principal desafío que tenemos en el ámbito de educación hoy día es lo que dejó este terremoto educacional producto de la pandemia en término de las brechas educacionales”.
Además, manifestó que los alcaldes y municipios también tiene "derecho a informar", pero con "austeridad" y "con estricto control del gasto público", pese a requerimiento del organismo.
Podrán realizar seguimiento a la tramitación de las causas, ingresar elementos de prueba, conocer las resoluciones e incluso hacer denuncias. Esto permitirá que los vecinos y vecinas ahorren tiempo en el desplazamiento y en la espera, ya que hoy un trámite presencial puede demorar hasta cinco horas.
Paine, Melipilla, Alhué, Curacaví, María Pinto y San Pedro son los municipios beneficiados con estos recursos.
En cuanto al Estado de Catástrofe el secretario de Estado, dijo que esta decisión le corresponde al Ejecutivo.
En las votaciones de mañana se define el futuro de una iniciativa que transfiere la responsabilidad de los servicios de salud de 294 municipios a 21 nuevas autoridades regionales, cuyas juntas son elegidas directamente.
"Es inaceptable la decisión del gobierno de poner término a la entrega de recursos a la Atención Primaria de Salud para realizar las estrategias de TTA, componente indispensable para un buen manejo y control de la pandemia", dice la declaración emitida por alcaldes como Irací Hassler, Emilia Ríos, Tomás Vodanovic y Gonzalo Durán, entre otros. Esto a raíz de una reunión citada ayer en la que la Seremi de la Región Metropolitana informó esta decisión "sin considerar la opinión clave de la APS".
“Respecto a Lo Barnechea, hace cuatro meses iniciamos una amplia auditoría a dicho municipio”, señaló el órgano fiscalizador.
