Por más de tres horas se extendió la sesión donde la Cámara de Diputados aprobó las indicaciones ingresadas por el gobierno al proyecto que endurece las penas a las ocupaciones ilegales. De esa forma, la iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada por el Presidente Gabriel Boric.
La diputada Marta González aseguró que el texto “pone en riesgo muchos de los derechos sociales conquistados con esfuerzo, marca un claro retroceso en temas valóricos y no da respuesta a las demandas de la ciudadanía”.
Tanto en el gobierno como en los partidos del oficialismo aluden a que los representantes de la delegación de La Habana -que no regresaron a su país tras los Panamericanos- no han solicitado refugio formalmente, por lo mismo, han evitado fijar una postura. En la oposición, en tanto, ven el caso como una oportunidad para marcar un punto político e intentar dividir a las colectividades del Ejecutivo.
Dentro de la propuesta de pacto fiscal que Hacienda presentó a los partidos políticos se incluye un incentivos a la regularización que establece que “por una sola vez, se analizará la posibilidad de regularizar, previo pago al fisco, situaciones de incumplimiento tributario en materia de capitales en el exterior, timbres y estampillas, y herencias”.
Luego de ocho meses desde su inicio, el segundo proceso constitucional llegó a su fin con la entrega del texto elaborado por el Consejo Constitucional al jefe de Estado, quien recibió la segunda propuesta de Carta Magna durante su mandato y aseguró que ahora "se abre el tiempo definitivo de los ciudadanos, ahora es su voz lo que verdaderamente importa".
Juan Andrés Lagos (PC) y Arturo Barrios (PS) se configuran como líderes del espacio que se dedicará al trabajo en los territorios. Dicho grupo se suma al de contenidos, que encabeza Ricardo Solari, cuya labor también será la difícil misión de encontrar rostros para sustentar el relato por el rechazo a la propuesta de nueva Constitución.
El Mandatario llegará el martes al Salón de Honor del Congreso en Santiago para participar del acto de entrega del texto. Luego de este hito, quedará todo listo para que se convoque oficialmente al plebiscito del 17 de diciembre.
El Mandatario salió en dos ocasiones esta semana a marcar su “preocupación” por el proceso constituyente, lo que alertó a los partidos de gobierno ya que -advierten- eso podría terminar perjudicando a la campaña.
En el texto, la bancada de Unidad para Chile, enumera las materias -agrupadas en cuatro categorías- que consideran que son negativas o que, a su entender, implican retrocesos en derechos.
Los partidos delegaron a sus centros de estudios el análisis de contenidos del proceso constitucional, grupos que ya se pronunciaron en su momento para cuestionar las enmiendas que le presentó el Partido Republicano a la propuesta de los expertos. Desde ese momento han seguido en contacto, por medio de un grupo en WhatsApp y reuniones telemáticas.
Las declaraciones del presidente del PPD, Jaime Quintana, respecto a que el texto elaborado por el Consejo -al ser, a su juicio, más de derecha que la Carta Magna actual- podría generar un nuevo estallido social, generó diferencias en el sector, lo que cristalizó la falta de un discurso común para enfrentar el referéndum. Por lo mismo, en los partidos reconocen que están trabajando contra reloj.
Varios pasos atrás de la oposición se encuentra la estrategia electoral de los partidos de gobierno. A 50 días del referéndum, la izquierda también apuesta al desgaste del Partido Republicano.
Si bien algunos ya habían adelantado sus posturas personales, este lunes la bancada oficialista del Consejo finalmente salió en bloque a hacer público su rechazo a la propuesta de nueva Carta Magna.
En un comunicado difundido esta tarde, los firmantes manifestaron que observan “con preocupación lo que ocurre en territorios como Atacama o Tiltil, casos que reafirman lo urgente de contar con un Estado presente para impulsar cambios estructurales que fortalezcan nuestra fragmentada educación pública".
Los organismos están relacionados con innovaciones en la institucionalidad vinculada a la seguridad pública, como el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, la Defensoría de las Víctimas, la Fiscalía Supraterritorial y la Policía Fronteriza. Además, se avanza con una fuerte reforma al modelo de gobernanza del Poder Judicial, que contempla la consagración de tres órganos autónomos que serán coordinados por la Corte Suprema.
