"Siempre esperamos en este caso que todos los sectores y particularmente los sectores oficialistas acompañen al gobierno en propuestas como este veto presidencial y vamos a seguir dialogando y buscando caminos para que ese acompañamiento se produzca en las próximas fases", dijo.
La ministra Vallejo reafirmó los dichos del Presidente Boric sobre la falta de condiciones para habilitar una nueva instancia que elabore una Carta Magna durante esta administración. El oficialismo respaldó al Ejecutivo y comenzó a discutir algunas estrategias para implementar después del referéndum.
Según la timonel del PS, Paulina Vodanovic, en el encuentro se abordaron temas "urgentes" para la ciudadanía. "Esto es, materias de pensiones, de salud, de educación, cómo desde hoy podemos también abrir un espacio de diálogo más allá de los que somos los partidos oficialistas", explicó.
Sin embargo, la ministra llamó a "no construir escenarios previos a un momento que va a ser dependiente de la voluntad popular", en alusión al plebiscito del 17 de diciembre. Sobre el rol de La Moneda, recalcó la necesidad de "prescindencia", asegurando que lo contrario sería "como pedirle al Poder Judicial que tome una posición política".
La timonel socialista, Paulina Vodanovic, impulsó potenciar la alianza con el PPD, el PR y el PL por medio de una federación. La propuesta no prosperó, al igual que la iniciativa de marcar una posición mucho más firme para rechazar el texto elaborado por el Consejo.
En el Ejecutivo está asentado el debate respecto de la postura pública ante el plebiscito de diciembre. Aunque ser prescindentes -para no transformar la elección en un referéndum al gobierno- es la posición que hasta ahora concita más apoyos en el oficialismo y el gabinete, hay quienes creen que el Presidente debiera jugársela por sus convicciones y sintonizar con su electorado que mayoritariamente está por rechazar la nueva propuesta de Constitución. Los factores para tomar una decisión ya están sobre la mesa.
Los partidos de gobierno se preparan para anunciar formalmente que están “En contra” del texto del Consejo. Fijar esa postura, reconocen en el sector, los deja en una posición compleja:encontrar un relato que no implique defender la actual Carta Magna, cuyo origen está en la dictadura.
"Algunas personas que me parece que no han sido leales un poco a la Presidencia, en el sentido de poner más el punto político, más que llegar al fondo de la verdad", criticó el timonel RD, haciendo referencia a diputados como Soto o Ilabaca, quienes criticaron duramente a Crispi tras su negativa inicial de asistir a la comisión que investiga irregularidades en los traspasos a fundaciones.
A la cita concurrieron el presidente de la tienda, Diego Vela, la secretaria general, Tatiana Urrutia y parlamentarios de la colectividad.
El plazo culmina a las 23.59 para que los consejeros y comisionados expertos ingresen nuevas redacciones a los 32 artículos que están siendo objeto de revisión por parte de la instancia. La derecha controla los 3/5, por lo que ya tiene casi listas sus nuevas redacciones para ponerle fin a la discusión de las materias más controversiales del texto constitucional.
El ministro de la Segpres se refirió a las críticas de los presidentes de ambas cámaras del Congreso, que acusaron una "parálisis" legislativa del Parlamento y la falta de discusión en torno a proyectos más relevantes, como la reforma previsional y el pacto fiscal.
En un conversatorio de la Sofofa, los timoneles de la UDI y el Partido Republicano discutieron sobre el proceso para escribir una nueva Constitución con sus pares del Partido Socialista, el PC y Revolución Democrática. El tratamiento de la idea de estado social de derecho en el texto cruzó los cuestionamientos de los jefes de partidos de gobierno.
Ninguno quiere decirlo, pero los partidos de gobierno ya comienzan a prepararse para promover el rechazo a la propuesta del Consejo. Para eso se han activado sus equipos comunicacionales, planean una “cuenta ciudadana” y una comisión técnica encargada del proceso.
El informe técnico del Senado, que fue elaborado por expertos, hace una nueva estimación de la deuda de las aseguradoras, bajando el monto de US$1.400 millones a US$451 millones. La nueva cifra, sin embargo, alimentó inmediatamente suspicacias en las propias filas oficialistas que le exigen al gobierno no ceder en este punto.
El documento fue trabajado durante tres meses por expertos y reduce la deuda de las aseguradoras a un tercio de lo contemplado originalmente. El paso de más de US$1.400 millones a US$451 millones es uno de los temas que se estudiarán ahora en el Senado y que amenaza con dividir nuevamente a las fuerzas oficialistas.
