Al igual que en las Seremis de Vivienda, el organismo liderado por Jorge Bermúdez detectó una serie de irregularidades en la entrega de fondos públicos desde los Gobiernos Regionales (GORE) a organizaciones privadas. Entre las situaciones más graves detectadas está la falta de un procedimiento para la selección de las entidades, carencia de análisis de las competencias de dichas fundaciones, no se exige el cumplimiento del trabajo y, lo que es peor, la autoridad no sigue "la ruta del dinero" ni exige la rendición de cuentas de millonarias transferencias. Se sospecha de corrupción principalmente por el hallazgo de personas vinculadas a las entidades receptoras del dinero con funcionarios de la repartición pública que se los entrega por trato directo.
