La ministra Camila Vallejo afirmó que personas como Jesús Véjar, quien recibe una pensión cercana a los $600 mil y cumple una sentencia por asesinar a puñaladas a un recolector de basura, quedarían sin el beneficio.
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La medida presentada por el Ejecutivo surge luego que salieran a la luz casos donde personas que tuvieron una sentencia condenatoria por delitos durante la crisis social del 2019, han estado recibiendo una pensión de gracia, otorgada por el gobierno.
Jesús Véjar Vega asesinó de puñaladas en el tórax y en la cara a un recolector de basura en Alto Hospicio en 2014. En agosto de 2022, se aceptó su solicitud para recibir el beneficio.
El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, dijo que el Ejecutivo busca tener "certeza jurídica y un mandato legal expreso para ejercer esa facultad". La acción ha sido descrita como "insuficiente" por sectores de la oposición, en medio de la polémica por los cinco casos de condenados del estallido social de 2019 que han recibido el beneficio.
En la sesión de este miércoles se aprobó el informe que fue redactado por diputados de Chile Vamos, con 8 votos a favor y 5 en contra.
Las críticas surgen luego de que se diera a conocer que el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha otorgado pensiones de gracia vitalicia a cinco personas condenadas en el marco del estallido social de 2019. Uno de ellos lanzó una bomba molotov contra Carabineros en Curacaví y otro golpeó a un cabo y un sargento en Villarica.
El ministro (s) del Interior reconoció que la entrega de esos beneficios son “decisiones políticas complejas” y que el Ejecutivo “ha asumido las consecuencias de aquello”.
Los diputados ingresan la iniciativa de reforma constitucional luego de que se conociera que un beneficiado, Andrés Fuica Fuica (42), había sido condenado por saquear un supermercado en octubre del 2019, en medio de los desmanes. Un decreto del Ministerio del Interior aumentó su pensión vitalicia, que ahora llega a $ 504.069 mensuales.
El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, dijo que “en la historia de Chile nunca se ha revocado una pensión de gracia” y que buscan mostrar "la voluntad del gobierno de corregir una situación que nos parece que no debió haber ocurrido". Además, señaló que el expresidente Sebastián Piñera entregó "si mal no recuerdo, 14 ó 17 pensiones a personas que tenían antecedentes penales y también nos ocurrió a nosotros, que seguimos rigurosamente el reglamento".
El subsecretario del Interior señaló que, hasta la fecha, se han entregado cerca de 18 mil pensiones de gracia y que "es necesario y razonable establecer, entre los requisitos que las autoridades tiene que tener a la vista para tomar esa decisión, contar con los antecedentes penales de las personas" para futuras asignaciones.
Según informó el gobierno, 418 personas reciben el beneficio por vulneraciones tras el estallido social. De ellas, 40 tienen antecedentes penales, de las cuales 23 se otorgaron durante la administración de Gabriel Boric y 17 en el mandato de Sebastián Piñera.
Según informó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, durante esta administración se entregaron pensiones para 23 personas con antecedentes, mientras que 17 fueron otorgadas por el ex Presidente Piñera.
La iniciativa se abocará a reunir antecedentes relativos a actos del gobierno, particularmente del Ministerio del Interior, sin perjuicio de otros organismos que resulten competentes en la materia, relacionados con los criterios para otorgar estos beneficios a personas afectadas con hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019.
La administración del frenteamplista determinó agilizar el proceso de tramitación y junto con ello hicieron una nueva categorización, aumentando los montos por tramo. Además, flexibilizaron criterios, ampliando la fecha límite para que una víctima se considerara como tal. Las medidas, como indicaron desde la Subsecretaría del Interior, responden a que "se busca dar una respuesta efectiva en materia de reparación".
