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El capital mínimo necesario para ser Inversores de Pensiones Privados (IPP) será el equivalente a UF 50.000. El directorio deberá tener paridad de género y "no más del 70% de sus ejecutivos principales podrá ser del mismo género”. Deberán tener un equipo de inversiones exclusivo para el IPP, es decir, que no invierta otros recursos de terceros. Además, se permite que puedan distribuir utilidades a los afiliados. Y la razón social no podrá incluir nombres de personas jurídicas que existan actualmente.

El gobierno propone cambiar el modo en que se cobran actualmente las comisiones en el sistema de pensiones, pasando de un cobro sobre sueldo, a uno sobre saldo. Los gestores privados podrán fijar libremente su comisión, pero como los recursos que actualmente están acumulados en las AFP ya pagaron comisión para ser administrados de por vida, desde el Ejecutivo tienen un plan para la transición: hacer descuentos sobre las comisiones para los actuales afiliados del sistema, el cual varía según edad.

"Si bien tenemos que avanzar en seguridad social, la forma (es decir, la institucionalidad) es fundamental para asegurar que el sistema sea suficiente, sostenible en el largo plazo y justo. El proyecto de ley acaba de ser publicado, tomémonos el tiempo para analizarlo con la profundidad que amerita un proyecto de esta envergadura."

"Deberíamos entrar gradualmente hacía allá, pero creo que hoy uno tiene que empezar a elegir sus batallas", dijo el mandatario.

El ministro de Hacienda reiteró que la iniciativa en seguridad social cuenta con el respaldo técnico.

El proyecto trae varios detalles hasta ahora desconocidos de la iniciativa, y otros que ahora se van aclarando más. El modo en que funcionará la licitación de rentas vitalicias y lo que propone el Ejecutivo para los fondos de rezago, son algunos de ellos.

El documento elaborado por el Ejecutivo afirma que el empleo formal crecería 2,2% en el largo plazo y para el caso del primer quintil el impacto será de 10,7%. Asimismo, estiman que el stock de activos de los fondos previsionales invertidos en el mercado doméstico irá aumentando paulatinamente desde el 27% del PIB que tiene actualmente, hasta un 33,3% del PIB en 2030.

Las disposiciones transitorias son parte de las más de 300 páginas que tiene el proyecto de ley. Ahí se resuelven varias dudas: ¿Qué pasará con las personas que a esa fecha tengan un retiro programado? ¿Cuándo entra en vigencia la ley? ¿Quién administrará los recursos que hoy tengo en mi AFP? ¿Cuándo se empezarán a pagar los beneficios del fondo común?.

El empresario además apuntó, a través de su cuenta de Twitter, a que las personas puedan elegir el destino de sus fondos.

La ministra Secretaria General de Gobierno destacó que la reforma a las pensiones de "impecable del punto de vista técnico" y espera que cuando se discuta en el Congreso los parlamentarios respalden la idea de la solidaridad en el sistema.

La idea es aumentar el tope imponible, igualándolo al que se usa para el seguro de cesantía, es decir, desde las actuales UF81,6 ($2.792.000) a UF122,6 ($4.195.000), esto es un alza de 50%. El proyecto plantea una gradualidad de cinco años para llegar al nuevo nivel, pero no para la cotización adicional del 6% de cargo del empleador.

"Lo que me llama la atención es la rapidez o el apuro para generar predicciones de esta naturaleza. Uno lo que espera es que los analistas, técnicos y expertos tengan el tiempo para analizar el proyecto", dijo el ministro de Hacienda.

El subsecretario de Previsión Social detalla que ese es el tamaño que proyectan al año 2086 para el fondo que se va a crear con la cotización adicional del 6%, lo que “más o menos representa US$200 mil millones”. Además, estima que los recursos acumulados al 2050 van a ser 18 veces más grandes que los gastos. También aclara que el "APA, que es el IPS fortalecido, (...) no va a tocar un peso. La plata va directamente desde el empleador al ente público de inversiones o a los inversores privados".

Según informó el ministro de Hacienda, la suma de los gastos en los que incurrirá el Estado al financiar el 6% extra, el aumento de la PGU y el funcionamiento del APA, tendrá un costo aproximado de US$4,5 mil millones.

Además, el actual director del Centro Internacional para la Gestión de Pensiones, Fernando Larraín, lamentó que la propuesta del Ejecutivo no hable de aumentar la cantidad de personas que cotizan y cómo se mejorará la rentabilidad de los fondos.