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Las medidas van desde la acreditación de antigüedad, rendición electrónica por la Contraloría de la Republica y otras. Desde el Ministerio de Hacienda, dieron a conocer el nuevo instructivo sobre transferencias del sector público y aseguraron que las medidas se complementara con la Ley de Presupuesto 2024, con el fin de reforzar las medidas de control en la celebración de convenios. Esto, tras las diversas irregularidades en el traspaso de fundos públicos entre fundaciones y reparticiones ministeriales.

Entre las medidas contenidas en la agenda de probidad y modernización del Estado se cuentan un instructivo de transferencias referido a convenios, un proyecto de Ley de Beneficiarios Finales, una reforma al CAIGG y un proyecto de ley que modifique la Ley de Rentas Municipales, entre otras. Además de una batería de propuestas de una comisión asesora que se conocerá a fines de agosto.

El Mandatario transmitió en vivo, donde leyó cartas de niños y comentarios de los espectadores, frente a los que reconoció sentir "rabia" ante los distintos casos de líos de platas en convenios de reparticiones estatales con fundaciones. "Para mí ha sido algo muy duro (...) es algo que no podemos tolerar más", dijo.

La parlamentaria de Demócratas se refirió además a una eventual salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson: "Como autoridad política tiene que saber en qué minuto tiene que salir".

Con la entrega de un paquete de propuestas, el organismo busca transformar la crisis generada por casos de eventuales irregularidades en una “oportunidad” e impulsar cambios estructurales pendientes.

El diputado Ricardo Cifuentes (DC), quien asumió este lunes la testera de la Corporación, dijo que, si bien su partido no es parte de la coalición de gobierno, están llanos a apoyar proyectos que son parte del bien común y también las reformas estructurales, como las pensiones, distanciándose de la presión del gremialismo al Ejecutivo, que puso como condición la salida de Jackson del gabinete.

En este comité admiten que aún no está resuelto cómo aplicar una “suspensión” en materia legislativa y que será necesario “improvisar”. Por ahora, la legisladora seguirá siendo parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, instancia encargada de revisar modificaciones que tienen efectos judiciales. En el pasado, el Frente Amplio tampoco removió a Orsini de la Comisión de Seguridad, a pesar del reproche ético que le hizo la Cámara y la Fiscalía por el caso "Telefonazo".

Pese a que el Mandatario evitó hacer una autocrítica explícita por sus declaraciones en que defendió -con la información que tenía hasta ese momento- a un seremi de El Maule que hoy es objeto de una investigación sumaria, ayer aclaró que “acá no se va a proteger a nadie indebidamente”. A su vez, lanzó una comisión para elevar estándares en contratos entre el Estado y las fundaciones.

El Presidente Boric dio a conocer a los miembros de la instancia, que tendrá 45 días para hacer propuestas destinadas a evitar casos como el de Democracia Viva.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, indicó que el proyecto es pro Empresas de Menor Tamaño, ya que podrán aumentar sus ventas en US$300 millones anuales.

La iniciativa busca, entre otras cosas, aumentar las normas de probidad y transparencia ampliando el universo de personas inhabilitadas para contratar con organismos del Estado, y priorizará empresas de menor tamaño.

Tanto Gabriel Boric, abanderado del pacto Apruebo Dignidad, como José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, firmaron un documento con el Consejo para la Transparencia (CPLT) en el que aseguran que de llegar a La Moneda impulsarán medidas para que los actores que se desempeñen en áreas financiadas significativamente con recursos públicos o que cumplen funciones sociales fundamentales entreguen la información necesaria que sea requerida por la ciudadanía.

Ese principio es relativamente nuevo en la Carta Fundamental ya que fue incluido entre las reformas del año 2005. Desde esa fecha hasta ahora han ocurrido una serie de investigaciones sobre irregularidades en entidades públicas, que abarcan desde el Congreso hasta Carabineros y el Ejército. Aquí, algunas claves de expertos y expertas en la materia sobre qué debe abordar la convención en este sentido.