La parlamentaria de Demócratas se refirió además a una eventual salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson: "Como autoridad política tiene que saber en qué minuto tiene que salir".
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Con la entrega de un paquete de propuestas, el organismo busca transformar la crisis generada por casos de eventuales irregularidades en una “oportunidad” e impulsar cambios estructurales pendientes.
El diputado Ricardo Cifuentes (DC), quien asumió este lunes la testera de la Corporación, dijo que, si bien su partido no es parte de la coalición de gobierno, están llanos a apoyar proyectos que son parte del bien común y también las reformas estructurales, como las pensiones, distanciándose de la presión del gremialismo al Ejecutivo, que puso como condición la salida de Jackson del gabinete.
En este comité admiten que aún no está resuelto cómo aplicar una “suspensión” en materia legislativa y que será necesario “improvisar”. Por ahora, la legisladora seguirá siendo parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, instancia encargada de revisar modificaciones que tienen efectos judiciales. En el pasado, el Frente Amplio tampoco removió a Orsini de la Comisión de Seguridad, a pesar del reproche ético que le hizo la Cámara y la Fiscalía por el caso "Telefonazo".
Pese a que el Mandatario evitó hacer una autocrítica explícita por sus declaraciones en que defendió -con la información que tenía hasta ese momento- a un seremi de El Maule que hoy es objeto de una investigación sumaria, ayer aclaró que “acá no se va a proteger a nadie indebidamente”. A su vez, lanzó una comisión para elevar estándares en contratos entre el Estado y las fundaciones.
El Presidente Boric dio a conocer a los miembros de la instancia, que tendrá 45 días para hacer propuestas destinadas a evitar casos como el de Democracia Viva.
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, indicó que el proyecto es pro Empresas de Menor Tamaño, ya que podrán aumentar sus ventas en US$300 millones anuales.
La iniciativa busca, entre otras cosas, aumentar las normas de probidad y transparencia ampliando el universo de personas inhabilitadas para contratar con organismos del Estado, y priorizará empresas de menor tamaño.
Tanto Gabriel Boric, abanderado del pacto Apruebo Dignidad, como José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, firmaron un documento con el Consejo para la Transparencia (CPLT) en el que aseguran que de llegar a La Moneda impulsarán medidas para que los actores que se desempeñen en áreas financiadas significativamente con recursos públicos o que cumplen funciones sociales fundamentales entreguen la información necesaria que sea requerida por la ciudadanía.
Ese principio es relativamente nuevo en la Carta Fundamental ya que fue incluido entre las reformas del año 2005. Desde esa fecha hasta ahora han ocurrido una serie de investigaciones sobre irregularidades en entidades públicas, que abarcan desde el Congreso hasta Carabineros y el Ejército. Aquí, algunas claves de expertos y expertas en la materia sobre qué debe abordar la convención en este sentido.
Marco Riveros reconoce que hay preocupación por los casos de falta de probidad y transparencia de Codelco en divisiones como Salvador, pero enfatiza también que la cuprera está realizando mejoras. Adelanta que en 2021 vienen más fiscalizaciones para la minera, las que incluirán investigar la ejecución de su millonaria cartera de proyectos.
Informe del organismo fiscalizador constató mal uso de vehículo fiscal, una contratación irregular e inconsistencias contables.
"Lo que llamamos crisis de confianza y que emergió hace algunos años tras hechos de corrupción sigue instalada en el país", dijo el director del Consejo Para la Transparencia, Marcelo Drago. Revisa el estudio completo.
Pocos meses antes de morir en la cubierta del "Huáscar", el capitán Arturo Prat fue enviado a Argentina en una misión de espionaje, en 1878. El gobierno le entregó dinero para costear su cometido. A su regreso rindió cuentas y devolvió lo que no gastó. Dos autores que han escrito sobre esa faceta del héroe y un experto en Defensa detallan cuánto pesa su ejemplo. Especialmente en comparación con los $3.500 millones de gastos reservados que la justicia le imputa al general Fuente-Alba haber malversado.
