Convocadas hace semanas, las manifestaciones del 15 de noviembre preocupan al régimen de Díaz-Canel. Desde La Habana declararon ilegal la “Marcha cívica por el cambio”, alegando planes subversivos desde Estados Unidos
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“Estamos atentos y nuevamente dispuestos para identificar y promover la rendición de cuentas de los violadores de DD.HH. en caso de que sea necesario”, expresó Emily Mendrala, subsecretaria de Estado Adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. “Apoyar al pueblo cubano es una de las prioridades” de la administración del presidente Joe Biden, agregó.
Al interior del organismo las autoridades afirman que han propuesto mesas de trabajo a los integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), pero que ellos se han negado, y les han dejado claro que parte de sus peticiones son medidas que debe tomar el Ejecutivo, como el indulto a presos del estallido social. Una de las cosas que preocupan es que al interior del recinto hay documentos clave para los procesos que llevan adelante.
La empresa cuprífera Antamina, controlada por los consorcios Glencore y BHP Billinton, había anunciado el domingo la suspensión de sus operaciones por el bloqueo de una vía que usa la mina, en una protesta de pobladores que dicen que la empresa ha incumplido sus compromisos sociales y económicos.
El líder de una comunidad rural que protesta contra Antamina, dijo que no levantará el bloqueo de una carretera utilizada para el transporte del metal antes de entablar conversaciones con el Gobierno o la empresa.
Personal de Control de Orden Público de Carabineros llegó hasta la zona de Plaza Baquedano con carros lanzagua para dispersar a los manifestantes. La estación de metro Baquedano solo tiene sus accesos abiertos por Línea 5. En Estación Central, manifestantes incendiaron basureros en la intersección de la Alameda con Matucana.
La mayor movilización en los cinco meses del régimen de presidente Guillermo Lasso, cuyo detonante fue el aumento de hasta 12% en el precio del combustible, terminó con choques entre policías y manifestantes cerca de la sede del Ejecutivo en Quito.
En la tercera convocatoria a protestas, sindicatos, organizaciones indígenas y sociales volvieron a marchar contra el gobierno para exigir una disminución en el precio de los combustibles.
Pese al intento del Ministerio del Interior de que los formalizados por hechos graves, como saqueos y lanzamiento de bombas molotov, quedaran en prisión preventiva, la fiscalía no los acompañó en la arremetida, lo que causó molestia en La Moneda. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, criticó las resoluciones judiciales y el rol del Ministerio Público: "Probablemente para todas las víctimas -y también para nosotros- es inentendible que quien sea detenido por esto termine durmiendo en su casa tranquilamente. No es lo mismo un saqueo en cualquier día a uno cometido aprovechándose de un contexto masivo”.
El tipo de cambio se encamina hacia su tercera baja consecutiva. No obstante, la banca de inversión eleva sus apuestas para el tipo de cambio en 2021 y 2022.
Uno de los detenidos es un menor de 17 años. Además, se registraron cortes de tránsito en la Alameda, y cierres en cinco estaciones del Metro.
El rechazo a la violencia contra la constituyente fue transversal desde todos los sectores.
La constituyente, que fue expulsada del habitual lugar de manifestaciones en el centro de Santiago, publicó una declaración en que reveló detalles de lo ocurrido. "A pesar de sentirme emocionalmente golpeada, tengo mi alma intacta"
Al nota la presencia de la convencional Giovanna Grandón, quien no vestía su tradicional disfraz, algunos de los asistentes la acusaron de "vendida" y "amarilla", además de lanzarle agua y escupitajos, lo que motivó que la constituyente se retirara raudamente del lugar.
El denominado Bloque de Unidad por la Libertad y la Democracia, integrado, entre otros, por los exmandatarios Carlos Mesa y Jorge Quiroga, liderará una movilización el domingo y una huelga nacional el lunes, para exigir el cese de la “persecución” a los líderes disidentes y la liberación de la expresidenta interina Jeanine Áñez.
