"Nos obliga a actuar como Gobierno (...) no podemos aceptar que se afecten los derechos a la movilidad de trabajadores y trabajadoras”, indicó Constanza Martínez.
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El 2011, Andrés Ugarte Vásquez se convirtió en socio, asesor y abogado de su abuela, Elsa Segner, creadora de los restaurantes Tip y Tap. Desde entonces, según le imputa el Ministerio Público, quien es el nieto mayor de la empresaria habría hecho firmar engañada a su abuela una serie de documentos en los que esta le cedía la propiedad completa de una sociedad dueña de once departamentos. El monto total de la estafa ascendería a más de $ 500 millones.
La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, afirmó que la intención del gobierno es "acompañar el trabajo judicial" para que "no quede impune" este delito, que afectó a una mujer de nacionalidad eslovaca y a sus dos pequeños hijos el pasado sábado.
“Dejo asentado que ejerceré los derechos que me corresponden como acusadora privada respecto de toda otra persona cuya responsabilidad surja de la investigación”, señaló la vicepresidenta de Argentina.
Acción, que fue cursada por la Delegación Presidencial del Biobío, se ampara en la Ley sobre Control de Armas y en la Ley General de Servicios Eléctricos.
De acuerdo con lo que se indica en la querella, "la actitud y posición del Gobierno fue de absoluta inactividad y permisividad respecto de las amenazas y actividad realizada por el Sr. Héctor Llaitul”.
Tras la publicación de un informe de Contraloría que advirtió pagos irregulares a exdirectivos, la alcaldesa de Ñuñoa determinó judicializar el proceso y llevarlo a la arena de tribunales. A través de una querella pedirá que el Ministerio Público recabe información, ya que acusa que su antecesor no sólo habría estado al tanto de las irregularidades, sino que las habría autorizado.
Mediante un comunicado, los firmantes manifestaron su "desacuerdo con esta acción unilateral" del presidente del partido, afirmando que excede las atribuciones de su mandato. Además de solicitar que no se acoja el desistimiento de la acción judicial, el resto de la mesa DC indicó que pedirá a la Fiscalía Centro Norte continuar con la investigación.
El otrora presidente del partido falangista fue denunciado por la colectividad por el delito de administración desleal, cuando estaba al mando de la tienda política.
En la acción judicial se acusa al expresidente de la tiende de vender un inmueble del partido en la comuna de La Florida sin contar con las facultades legales ni estatutarias para ello y de pagar una comisión a la corredora del 26% del valor de la propiedad. Asimismo, se le acusa de intentar vender a valores bajo los precios de mercado otros dos inmuebles pertenecientes a la DC emplazados en las comunas de Macul y Talagante.
Durante la transmisión de un programa de YouTube, el pasado 22 de julio, Pool había comentado que “Chile no se merece lo que le pretenden hacer, que es sumirlo a la pobreza, en el hambre y en la esclavitud. De eso el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí, los vamos a fusilar".
“Nos parecen hechos gravísimos y lo hemos reiterado: como gobierno rechazamos cualquier alusión al llamado a la violencia y sobre todo contra las personas”, señaló la titular de Interior al referirse a las amenazas realizadas por el empresario osornino.
La vocera de gobierno recordó que "el gobierno de Chile ya es querellante respecto a las acciones de la CAM, así que esperamos que evidentemente vayamos teniendo resultados respecto a todos los hechos que constituyan delito”. Agregó que "los delitos de incendio, de daños de propiedades, son constitutivos de delitos, independiente de la Ley de Seguridad Interior del Estado, por eso ya están siendo investigados”.
La acción judicial fue informada por la Delegación Presidencial de la Región de Los Ríos a través de un comunicado y se busca perseguir los delitos de “amenazas, incendio, porte ilegal de armas y cualquier otro delito que derive en el transcurso de la investigación”.
La acción judicial que se tramita en el Juzgado de Garantía de Villarrica responde a una denuncia interpuesta por el SAG, luego viralizarse por las redes sociales un video donde se mostraba a un funcionario de ese servicio que liberaba a un zorro en un sitio abierto para que fuera devorado por tres perros, hecho ocurrido el pasado 7 de junio.
