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Los abogados que representan al municipio -como víctima de los delitos por los que es indagado el exalcalde y otros cinco exfuncionarios- aseguran que la Constitución les garantiza la posibilidad de ser parte de la indagatoria, por lo que piden que la Corte de Apelaciones revierta la determinación de la jueza Carolina Herrera. Afirman, en el mismo sentido, que la magistrada "carecía de facultad legal" para alterar lo resuelto en la admisibilidad de la querella que presentaron en 2021 y que, además, "omitió pronunciamiento" sobre los argumentos que vertieron en la audiencia del pasado 15 de junio.

La delegada regional de Los Ríos, aseguró que anunciarán la querella una vez que terminen las diligencias correspondientes instruidas desde Fiscalía.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo 16 de abril, cuando un grupo de cinco sujetos sorprendidos por Carabineros cuando vandalizaban el inmueble, que es patrimonio cultural y cuyo frontis había sido refaccionado hace algunos días, siendo parte del proyecto de recuperación de fachadas en el eje Alameda-Providencia.

Después de acusar que Juan Sutil habría entregado un "par de millones" a diputados para que votaran a favor de sus intereses, el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez aseguró que en realidad lo que se ha propuesto es “una reforma para disminuir los abusivos gastos en campañas”.

El diputado Ibáñez acusó al exlíder de la CPC de haber entregado millones de pesos a diputados de oposición. Sutil descartó las acusaciones y afirmó que presentará acciones legales, a más tardar, durante la próxima semana.

En la primera arremetida legal contra el ex controlador de la firma se resumen una serie de correos electrónicos que habrían enviado el ex gerente de finanzas Santiago Garretón y el exgerente general Ricardo Misraji en los que se demostraría, según los abogados de Australis, Jorge Bofill y César Ramos, el conocimiento y ocultamiento de la sobreproducción de salmones de la que es acusada la firma.

La acción penal, que fue interpuesta por el Ministerio del Interior ante el Juzgado de Garantía de Quilpué, busca que los implicados en el crimen sean procesados y sancionados bajo el artículo 416 del Código de Justicia Militar, que establece penas que pueden llegar al presidio perpetuo calificado.

El presidente de la entidad acusó de injuria a tres doctores -entre ellos la exdirectora médica May Chomali-, parte de los 197 médicos que firmaron la misiva criticando la gestión de la actual administración de la clínica, y que fue remitida a fines de febrero a la autoridad. "Las imputaciones que realizan los querellados carecen de lógica y escapan a la realidad", señala la acción judicial.

Club 54 BordeRío SpA acusa al exjefe comunal de haberse concertado con funcionarios municipales, quienes -según ellos- "planificaron y ejecutaron la clausura de forma perpetua a la sociedad". Como advierten, se habrían falseado una serie de documentos que posteriormente se expusieron ante la Contraloría y tribunales.

Un Lamborghini a alta velocidad, un comentario enojado en una red social, un negocio de hasta 15 millones de dólares y la declaración de María Eugenia Larraín son algunos de los elementos en la querella que el extenista chileno puso contra uno de sus vecinos. La tramitación de la causa en Sarasota también ha aportado una nueva pregunta: ¿Sigue siendo Marcelo Ríos una figura pública?

Luego que la aerolínea se querellara contra su administrador de catálogos por apropiación indebido, el socio de Ingesmart respondió. El 17 de enero, presentó dos querellas; una por denuncia calumniosa, y otra por "suscripción engañosa de documento", por la firma de un pagaré dos días antes de poner término anticipado al contrato. El tribunal declaró inadmisible esta última. La primera sigue en espera.

A comienzos de mes, Vantrust presentó una querella en contra de los socios de la constructora. Denunció posible quiebra o liquidación fraudulenta, además de administración desleal. La artillería legal ya comenzó a armarse. Gustavo Vicuña Molina designó al ex abogado de Sebastián Piñera y actual representante de LarrainVial en el caso de lavado de activos como su abogado en la causa. Acosta también representará al gerente de Finanzas de la firma, Guillermo Rodríguez.

El tribunal decidió que la acción de los proveedores de la pirotecnia para el "Año Nuevo en el Mar" no configura el delito de estafa, sino que establece un incumplimiento de contrato, lo que no está sujeto al Código Penal. Municipio porteño presentó recurso ante la Corte de Apelaciones.

Adicionalmente, se aceptó la petición del abogado de LarrainVial, Juan Domingo Acosta, y se decidió fijar para el 5 de mayo de este año la audiencia de sobreseimiento de la intermediaria.

La compañía Ingesmart administraba la plataforma para el canje de millas en productos y servicios desde 2017. A comienzos de año comenzaron los reclamos de proveedores por no pago. Se sumaron los clientes, acusando que no les llegaban los productos. A fines de noviembre -dice la acción judicial- ejecutivos de la firma en cuestión reconocieron que los dineros habían sido destinados a otros fines. El martes, Latam se querelló.