El chat de WhatsApp en el que la directiva del senador Juan Ignacio Latorre manejó el inicio de la crisis y una factura entre el partido y Democracia Viva, fueron parte de la información que salió a la luz este jueves.
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El timonel de RD, Diego Vela; la secretaria general de CS, Lorena Meneses, y el director ejecutivo de Rumbo Colectivo, Tomás Leighton, llegarán hasta Montevideo para participar en esta actividad de la colectividad de la que forman parte los expresidentes Tabaré Vásquez y Pepe Mujica.
El exjefe de gabinete de Catalina Pérez puso en entredicho la versión del Ejecutivo respecto a la fecha en que se enteraron formalmente del caso. "El tema nunca se ha tratado de un 'rumor', como dijo en su minuto el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi", aseguró.
Jaime Sáez es parte de la Comisión de Hacienda y participó del acuerdo con el Ejecutivo para que se envíe un proyecto de ley para la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización para la educación superior antes de la discusión del Presupuesto 2025, el que, a su juicio, incluye algún grado de condonación del Crédito con Aval del Estado.
El senador rehuyó durante la semana responder a las últimas declaraciones de Catalina Pérez. “No me interesa polemizar”, dijo el legislador, quien ha sido uno de los más damnificados de la crisis por el lío de platas.
Después de las declaraciones de la diputada Catalina Pérez, resonaron nuevamente los nombres de Carlos Montes, Miguel Crispi, Juan Ignacio Latorre y Tatiana Rojas, quienes durante las últimas semanas se han mantenido en silencio respecto al caso que involucra a la Fundación Democracia Viva.
En reemplazo de la parlamentaria de Antofagasta, la diputada Maite Orsini este martes asumió en esta instancia. Con ello, se materializaba una medida que hace tiempo venía rondando en el Frente Amplio, de sacar a Pérez de esta comisión, una de las más importantes de la Cámara.
El nuevo presidente de Revolución Democrática fue ex jefe de gabinete del exministro, Giorgio Jackson, y la nueva secretaria general se desempeñó como convencional en el anterior proceso constitucional.
A la cita concurrieron el presidente de la tienda, Diego Vela, la secretaria general, Tatiana Urrutia y parlamentarios de la colectividad.
El organismo concretó el anuncio del contralor Jorge Bermúdez ante la Cámara, en que adelantó que el objetivo es saber por qué el jefe del Segundo Piso de La Moneda "no estaría sometido a este control propio de un Estado democrático”. El oficio fue dirigido a la directora administrativa de la Presidencia de la República.
Esta jornada el contralor Jorge Bermúdez lanzó un duro mensaje a La Moneda al solicitar que el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), explique por qué cree que está exento de la fiscalización de la Cámara de Diputados. El gobierno, a través del ministro Cordero, respondió que bajo ese criterio todos los jefes de gabinete y jefes de asesores del Segundo Piso, de administraciones pasadas y futuras, debieran comparecer a las comisiones investigadoras.
Esta jornada el contralor Jorge Bermúdez lanzó un duro mensaje a La Moneda al solicitar que el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), explique por qué cree que está exento de la fiscalización de la Cámara de Diputados. Y es que, comentan fuentes conocedoras, la autoridad de Teatinos 56 se basa en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en que se señala que no solo los ministros deben comparecer ante las comisiones investigadoras del Senado y la Cámara. Con esto se derriba la tesis del gobierno de que el exdiputado puede excusarse de asistir porque ahora no tendría calidad de funcionario público. En la misma sesión, el líder del órgano fiscalizador lanzó también un dardo a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, también RD. Confirmó que durante la gestión de la ingeniera se bajaron los controles para otorgar los convenios con ONG que hoy están en la mira de la Fiscalía.
Los ministros Luis Cordero y Carolina Tohá apuntaron que al jefe de asesores del Segundo Piso no le correspondía comparecer ante las citaciones del Congreso debido a la naturaleza de sus funciones. "Quienes se encuentran en el gabinete presidencial están sujetos a ciertas obligaciones de reserva por la forma y modo en que su gabinete funciona", planteó el titular de Justicia.
La comisión que investiga el financiamiento irregular de fundaciones aprobó oficiar a Contraloría para zanjar si el jefe de asesores presidenciales tiene las obligaciones de un funcionario público y pide iniciar un proceso sancionatorio en su contra. El escrito se aprobó con votos oficialistas. Incluso, una de las diputadas que votó en contra, Mercedes Bulnes (independiente Frente Amplio), igualmente consideró la ausencia de Crispi como "imprudente".
La presidenta de Evópoli y consejera constitucional señaló que si bien la ofensiva contra la directora de la Dipres estaba a cargo de los diputados de Chile Vamos, su permanencia en el cargo "puede generar una alteración en la tramitación presupuestaria".
