Los procesos participativos deben buscar acordar aquellos elementos que nos identifican y tenemos en común. En resumen, la incidencia es expresión de la soberanía por medio de la participación pública deliberativa permitiendo el diálogo político racional; teniendo la capacidad de incorporar los contenidos deliberados en la discusión constituyente.
El proceso constituyente en marcha reporta una oportunidad histórica para darle a Chile una forma de estado con autonomías regionales y que subsane demandas territoriales nacidas desde la ciudadanía, con el objetivo de avanzar hacia una mejor distribución de recursos y políticas públicas tendientes a terminar con las inequidades territoriales, cortar de raíz el histórico centralismo y que exista una coherencia entre lo establecido en el mapa de Chile y la identidad de los territorios.
También hay otro desafío particular, y es si de el índice temático tendremos una Constitución cargadamente programática con base a la lógica de reivindicaciones sociales muy propia de sociedades desiguales, pero que le resta juego a la democracia futura o, tendremos una carta fundamental habilitatoria y sobria en su extensión -pero con definiciones conceptuales claras y sustanciales- permitiendo que el futuro legislador democrático y el Gobierno vayan moldeando su ejecución concreta. Espero que este segundo camino sea la opción de nuestra constituyente.
La modificación del mecanismo de voto desató masivas movilizaciones, que paralizaron el funcionamiento de la Asamblea Constituyente por meses, manteniendo en vilo al país ante la falta de consensos políticos.
Avanzar en definir los conceptos que definen nuestra identidad podría ser entonces no salir de esa ambivalencia y encontrar una única; sino por el contrario, significa reconocer la diversidad de historias, estilos de vida, territorios y tradiciones, aquella diversidad incluso al interior de aquellos grupos que en nombre de la diversidad tendemos a homogeneizar.
La Convención chilena está ad portas de comenzar su discusión de fondo pero antes debe resolver su reglamento de funcionamiento. Sin embargo, este proceso puede tomar tiempo debido a la importancia que tiene y a lo clave que es para la deliberación de las normas de la nueva Constitución. Aquí, algunos detalles sobre la experiencia de otros cuatro procesos constituyentes.
Si hubo una votación que sorprendió el día de ayer fue la de la indicación que buscaba erradicar el principio pro persona del reglamento de la Convención Constitucional. Desde la UDI hasta la ex Lista del Pueblo votaron en contra de ella. De forma instantánea, algunos convencionales y expertos en Derecho comenzaron a argumentar por qué no era bueno mantener ese principio.
Existe una disputa traslapada sobre cómo se han llevado a cabo los cambios profundos en Chile. Por un lado, los que creen que éstos sólo se pueden producir de abajo hacia arriba y por el pueblo movilizado de forma permanente. Por otro, los que creemos que el modelo chileno de cambio constitucional responde a nuestro modelo histórico que denominamos el «institucionalismo transformador» muy propio del Siglo XX y que se extiende hasta ahora.
La elaboración de una Constitución siempre tiene lugar en un entorno político controvertido y, en contextos democráticos, los resultados son inevitablemente fruto de negociaciones y compromisos. Por lo tanto, la participación pública no sustituye a la creación de consenso político, sino que puede diseñarse de forma que complemente, refuerce y ayude a dar forma a esas dinámicas.
El académico de la Universidad de Chile publicó, hace pocas semanas, un libro titulado "La estabilidad del contrato social en Chile". Ahí, hace un análisis sobre cómo ha cambiado Chile en los últimos años y entrega propuestas para salir de la crisis social y política. Además, da su visión sobre cómo se debe aprovechar el proceso constituyente para algo fundamental: cambiar el sistema presidencial que actualmente rige.
El martes, nueve organizaciones dedicadas a trabajar con personas en situación de pobreza le entregaron una propuesta a la mesa directiva de la Convención Constitucional con algunas consideraciones que se podrían incluir en la redacción de una nueva Carta Magna. A través de ella, sus autores confían en que se podría favorecer la cohesión social y la integración en la sociedad de sectores que históricamente han sido marginados.
Lo de Rojas Vade es un desafío para toda la Convención, para el mundo político y para el sentido de representación que emerge de este proceso. El juicio al rol de los representantes no parte ni termina hoy, pero está más presente que nunca, porque en parte de eso se trata este proceso. El proceso para la nueva Constitución es un llamado complejo de parte de la ciudadanía: un llamado a cambiar por sobre todo el cómo se ejerce la política.
Si en mayo un 41,1% se contaba dentro de los que tenían un alto nivel de involucramiento en el cambio constitucional, en agosto esa cifra bajó a un 29,3%. En esta nueva medición, realizada en conjunto con Criteria y la Cámara Chilena de la Construcción, algunos expertos estiman que la disminución es natural a todo proceso político y que es algo que se puede esperar cuando se comienzan a hablar temas "menos glamurosos".
A comienzos de esta semana, un grupo de constituyentes defendió la idea de “reemplazar a Carabineros”. Si bien aclararon que solo se trataba de una propuesta, es posible que, bajo una nueva Constitución, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad sí experimenten cambios determinados por la Convención. Mantenerlas como están, eliminar el capítulo especial dedicado a ellas y garantizar su subordinación al poder civil son algunas de las propuestas.
La representante residente Asistente del PNUD hace un análisis sobre la participación ciudadana que se dará durante el trabajo de Convención Constitucional y da su visión sobre la factibilidad de realizar plebiscitos dirimentes. Una idea que se aprobó en la comisión de Participación Popular y que ahora debe ser aprobada por el pleno.
