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A fines de enero, en una votación dividida, la comisión de Sistema Político aprobó en general algunos de sus primeros lineamientos. Uno de ellos, fue el Congreso unicameral. Como aún está pendiente el debate en particular, es oportuno reflexionar sobre el diseño de la estructura legislativa, con la mira puesta en profundizar la democracia. Aunque un Congreso unicameral puede fortalecer el poder de una mayoría legislativa ocasional, no necesariamente hace más eficiente el proceso legislativo y contradice el objetivo de diversificar la representación territorial en el país.

Luego de la aprobación en general de la idea de un Congreso unicameral, la comisión le dio dos nuevas oportunidades a la bicameralidad, a través de una propuesta popular que defiende la idea de mantener las dos cámaras del Parlamento y otra de los pueblos originarios que también aboga en una línea similar. Sin embargo, ambas iniciativas fueron rechazas en general por 13 votos en contra y 12 a favor, uno menos de los necesarios para ser aprobada.

La indicación fue aprobada por 11 votos a favor, siete en contra y una abstención. La norma, que pasará al pleno para su discusión, busca eliminar de la actual Constitución el artículo 81 que establece este derecho especial que actualmente tienen los magistrados. Asimismo, se visó la indicación que establece la responsabilidad de los jueces y juezas por los delitos de cohecho y administración torcida.

Dicha instancia de la Convención Constitucional visó este martes -con más de la mitad de los votos a favor- que la organización institucional de las regiones, integradas en el régimen regionalista aprobado ayer, esté conformada por un Gobierno Regional, una Asamblea Legislativa Regional y un Consejo Social Regional. Las propuestas podrán ser enviadas al pleno para someterse a los dos tercios.

La norma propuesta por nueve convencionales fue visada con 14 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones en la Comisión de Medio Ambiente. En el marco de la discusión, el convencional Bernardo Fontaine (Vamos por Chile) planteó que la iniciativa tiene un carácter más “legal” y no "constitucional", precisando que su discusión “no parece tan necesaria” dada la existencia de la Ley 19.300, la que establece que las acciones emanadas de los daños ambientales prescribirán en un plazo de cinco años después de manifestados estos.

La norma fue aprobada por 12 votos a favor y siete en contra. El artículo que queda pasará al pleno para su discusión y de aprobarse modificará el régimen actual que plantea que los magistrados jubilan a los 75 años. Además la instancia visó la indicación que establece igualdad entre el Sistema Nacional de Justicia con los Sistemas Jurídicos Indígenas. También se dio luz verde a la idea de poner fin al concepto "Poder Judicial", el cual pretende ser reemplazado por el de "Sistema Nacional de Justicia”.

Un régimen presidencial atenuado y un Congreso unicameral y plurinacional. Aunque aún son votaciones preliminares, esas fueron dos de las primeras definiciones de la comisión de Sistema Político de la Convención. Ante estos resultados, varios politólogos, académicos e incluso convencionales hicieron un llamado a votar pensando en la relación entre poderes. Como parte del debate, se pusieron sobre la mesa distintos casos de países donde conviven una cámara un régimen presidencial. ¿Pueden coexistir con éxito?

Esta semana un grupo de miembros de la Convención, mayoritariamente de la ex Lista del Pueblo, presentaron una iniciativa de norma que pretende conseguir amnistía para "presos políticos" por "hechos delictivos de intencionalidad política" entre 1990 y la fecha del futuro plebiscito de salida del proyecto de Constitución. Su autora principal, María Rivera, defiende la aplicación de la norma en casos como el del “comandante Ramiro”, Ricardo Palma Salamanca y Francisco Solar. Desde la UDI no solo cuestionaron el "perdonazo" a los asesinos de Guzmán, sino también la aplicabilidad jurídica de la norma.

La primera semana de febrero estuvo marcada por polémicas votaciones y una renuncia inesperada. Por un lado, la aprobación en general de la iniciativa de norma constitucional, que busca nacionalizar el cobre y todos los bienes naturales del país, dejó posturas divididas y fuertes declaraciones dentro de la comisión de Medio Ambiente. Asimismo, la renuncia de la directora de la Secretaría de Comunicaciones del órgano constituyente puso en evidencia una posible “crisis comunicacional” dentro de la Convención. Además, esta semana concluyó el plazo para apoyar iniciativas de norma populares, y se definió que serán 77 las propuestas que tendrán que ser deliberadas y votadas por los convencionales.

La comisión de Sistemas de Justicia del órgano constituyente aprobó en general, y con votos transversales, la idea de crear tribunales especialmente destinados a los pueblos originarios. La propuesta votada establece que se instalaría un tribunal en cada región en que existen territorios indígenas y que, además, cada uno de ellos estaría integrado por cinco personas especializadas en derecho indígena y cosmovisión de los pueblos.

La Convención ha asumido la tarea de presentar distintas propuestas de mecanismos de democracia directa que permitan a la ciudadanía decidir sobre algunos asuntos. Sin embargo, si bien estos mecanismos otorgan elementos favorables para el fortalecimiento democrático, también existen riesgos. En esta columna, Federica Sánchez, de la Fundación Ciudadanía Inteligente, explica que, con un adecuado diseño institucional, se pueden prevenir los efectos indeseados y potenciar la participación y restaurar la confianza en las instituciones.

Un Senado con representación territorial, pero con la capacidad de moderar las decisiones del Ejecutivo. Así describe el académico de la Universidad de Concepción el cómo imagina el funcionamiento ideal de la Cámara Alta. Aunque reconoce que la institución ha estado “enclaustrada” en las decisiones nacionales y ha sido personalista en las territoriales, Toro defiende su existencia ante la iniciativa aprobada en la Convención para eliminarlo. Además, argumenta que existe una gran cantidad de leyes que han sido demoradas más en la Cámara de Diputados que en el Senado.

Anoche culminó el plazo para apoyar iniciativas populares de norma. Una vez concluido el plazo, quedó definido que fueron 77 las propuestas ciudadanas que superaron el piso de las 15 mil firmas y que, por lo tanto, tendrán que ser deliberadas y votadas por los convencionales. De aprobarse en las comisiones temáticas, podrán ser enviadas al pleno para ser votadas por dos tercios y quedar consagradas en el proyecto de nueva Constitución.

Con los votos en contra de la derecha, una convencional del Colectivo Socialista y dos independientes, la comisión de Medio Ambiente aprobó en general el artículo transitorio que establece la nacionalización inmediata de los bienes naturales de Chile, incorporando además al dominio del Estado las empresas de explotación y su exploración. También se aprobó en general la idea de que el Estado pueda retirarse de los tratados de libre comercio anteriores a la nueva Constitución. Frente a las críticas que lanzó la derecha, el coordinador de la comisión respondió que se trata de votaciones generales que abren el camino a las discusiones.

El académico e investigador asociado del IES reconoce que está más pesimista que optimista sobre el éxito del proceso constituyente ya que, a su juicio, el órgano constituyente "no está jugando el papel a la altura del desafío histórico que tiene". En tanto, sobre la discusión del sistema político que se desarrolla en la Convención, el doctor en filosofía señala que se necesita una Constitución "que tenga salvaguardas y tenga resguardos contra un proyecto chavista".