La Policía de Investigaciones indagará los contratos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación dirigida por Daniel Andrade, pareja de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez.
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El Mandatario, también expresó una molestia profunda por el caso. "Frente a situaciones que dañan la fe pública hay que ser implacables, sin ningún espacio para ambigüedades", señaló.
Una acusación de eventual conflicto de interés y aprovechamiento de cargos públicos para beneficiar a militantes de RD se convirtió en la mayor crisis de presunta corrupción en el gobierno de Gabriel Boric. Así, el partido fundado por Giorgio Jackson vive uno de sus capítulos más complejos, y que dejó en la cuerda floja el discurso del Frente Amplio sobre renovar la política y condenar los actos de corrupción.
El ente contralor decidió entrar de lleno al caso que pone la lupa sobre la entrega de fondos públicos en la zona, a organizaciones "sin fines de lucro", a raíz de la millonaria adjudicación a Democracia Viva. Desde la institución que dirige Jorge Bermúdez se pidió entregar de inmediato todos los convenios de transferencias suscritos relacionados con el programa de "asentamientos precarios", entre 2022 y 2023, identificando los actos administrativos que los aprobaron. El plazo final es el jueves 29 de junio.
Además de los integrantes de la ya polémica fundación, hay una serie de personajes que aparecen clave en la trama que indaga el fiscal Cristian Aguilar, jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta. Y es que tras emitir una orden para que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI analice las transacciones entre la entidad encabezada por Daniel Andrade y el Serviu de Antofagasta, el Ministerio Público persigue determinar si existen figuras delictuales como fraude al Fisco o tráfico de influencias.
Mandatario indicó que se exigirá a la fundación ligada a RD la restitución de los montos asignados no ejecutados y se avanzará en modificaciones a los mecanismos de asignación de este tipo de recursos. "Acá no puede caber ningún tipo de complacencias", recalcó.
El caso estalló a raíz de la denuncia de la asignación directa de $426 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida por el exseremi Carlos Contreras (RD), a Democracia Viva, organización sin fines de lucro presidida por Daniel Andrade, militante del mismo partido y pareja de la diputada Catalina Pérez, quien presidió a RD entre 2019 y 2022.
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El presidente de Revolución Democrática abordó la polémica que atraviesan miembros de su partido en torno al caso Democracia Viva.
El jefe de Vivienda ayer subió el tono, pidiendo que Democracia Viva devuelva los dineros no gastados de los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Fuentes de gobierno señalaron que Montes buscará reunirse con el fiscal Cristián Aguilar, quien lidera la indagatoria por los convenios entre la Seremi de Antofagasta y la fundación de la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD). Mientras que Revolución Democrática pidió la expulsión de sus militantes involucrados en el caso en el que se investigan los delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias.
“Lo sensato y razonable es que la Fundación Democracia Viva ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados”, afirmó el titular de Vivienda.
Además, los diputados gremialistas pedirán citar a los ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo para que transparenten “la relación que mantienen con dicha fundación, considerando los distintos llamados que han hecho a participar de ella”. Y también al ministro Carlos Montes por “su responsabilidad como superior jerárquico del seremi que asignó los $426 millones”.
Tras un consejo político nacional de la tienda se decidió solicitar al Tribunal Supremo la desvinculación de los involucrados por "infringir la normativa interna".
La entidad detalló que de los tres convenios que suman $ 426 millones se han rendido un 27% de los montos a mayo de 2023 y que los trabajos presentan un avance que va del 30 al 47%. También condenaron el "acoso" a algunas colaboradoras asegurando que "ninguna operación política justifica la violencia".
La vocera de gobierno señaló que en el Ejecutivo “nos interesa que cuanto antes esto se pueda aclarar, porque además tenemos harto trabajo que hacer y estas cosas obviamente no contribuyen en nada”.
