El ente fiscalizador respondió al requerimiento de diputados de RN en el que criticaron que la cartera liderada por Camila Vallejo estableciera que si gana el "En contra", "seguirá la actual Constitución y no habrá un nuevo proceso constitucional". Si bien no hubo una sanción al ministerio, se recordó el instructivo de prescindencia.
"La ciudadanía en la última elección votó por consejeros y consejeras constituyentes. Ellos estuvieron trabajando meses en la redacción de una propuesta de texto que es lo que se plebiscita el 17 de diciembre. Ni más ni menos”, recalcó la vocera.
La secretaria de Estado afirmó que las críticas a su rol son “legítimas”, pero apuntó que la vocería "tiene de dulce y agraz, porque le toca comunicar cosas positivas como también explicar cosas más difíciles".
En su cuenta de X, el ministerio compartió un afiche en que se recalca que de ganar el "En Contra" no se abrirá otro proceso. Este miércoles la cuenta de la cartera borró la publicación, sin embargo, en la oposición comenzaron rápidamente las críticas.
El monto se suma a la licitación por $ 750 millones para la campaña informativa de cara al plebiscito constitucional. La cantidad de propuestas de nueva Carta Magna a entregarse se definirá solo una vez que el trabajo del Consejo -con mayoría de oposición- esté terminado. Con estos montos, el Ejecutivo busca evitar críticas desde la derecha, reinstalará el kiosco en la Plaza de la Constitución y las ministras saldrán a repartir los documentos.
En total, el Ejecutivo ya ha gastado cerca de $ 770 millones para promocionar el referéndum del 17 de diciembre, en donde la ciudadanía estará "A Favor" o "En Contra" del borrador emanado del vigente proceso constituyente que encabeza el Partido Republicano. Si bien dista de los $ 980 millones que invirtió La Moneda para preparar el 4 de septiembre, en el gobierno indican que aún queda otro proceso licitatorio, que se encargará de imprimir y repartir los textos del Consejo.
Arturo Fermandois alegó en favor del requerimiento y la abogada y exministra Paulina Veloso expuso en defensa del Ejecutivo ante el Pleno del organismo. El martes 22 de agosto se adoptará acuerdo en la causa.
El pasado 28 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores cerró un contrato con TVN para la campaña comunicacional de cara al plebiscito del 17 de diciembre. A mediados de julio, cerró otro acuerdo con "Origen Comunicaciones" para la misma labor. Es la primera cartera en llevar a cabo diligencias de cara al término del proceso constitucional. En la retina aún están los casi $ 1.000 millones que invirtió La Moneda para el referéndum del 4 de septiembre, en el que se rechazó la propuesta de la Convención.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa dijo a La Tercera que a su entidad le “preocupa” cuando desde los poderes ejecutivos se avanza en crear este tipo de comisiones, porque “se puede caer en la tentación de instaurar mecanismos de censura, como ha ocurrido ya en otros países del continente”.
El 12 de mayo entró a Teatinos 56 el documento original, firmado por la vocera Camila Vallejo y la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry. Allí se señalaba que era necesario contar con la asesoría de expertos que "participen del análisis, evaluación del fenómeno global de la desinformación, su manifestación a nivel local en Chile y su impacto en los procesos democráticos". Seis días después, retiraron el documento para hacer correcciones, a solicitud del ente contralor, dado que había algunos puntos poco precisos y no tan claros, en términos de roles y funciones. Finalmente, se toma razón el 8 de junio.
En la primera entrevista en que aborda el tema, la secretaria de Estado defiende la iniciativa del gobierno y asegura que no se trata de un organismo que busque controlar a los medios de comunicación ni horadar la libertad de expresión.
Diversas figuras políticas del sector opositor reprocharon la instancia, tildándola de "gravísima". Incluso, desde la UDI están evaluando una presentación ante el Tribunal Constitucional por "atentar contra la libertad de expresión”.
La vocera de gobierno señaló que una vez resuelto el "pacto fiscal" por la reforma tributaria, se presentará ante el Congreso un "instrumento especial, autocontenido”, sobre cómo “ir resolviendo la deuda del CAE, y al mismo tiempo, buscar un mecanismo de financiamiento de la educación superior".
La vocera de gobierno puntualizó que desde el gobierno esperan de las Isapres "un poco más de generosidad, porque aquí estamos todos preocupados de una crisis que ellos generaron".
"Autoridades te contarán los avances que trabajamos en seguridad ciudadana, económica y social”, señaló la vocera Camila Vallejo, al dar a conocer en sus redes sociales el espacio.
