En el escrito, de 13 páginas, realizado por los fiscales Manuel Guerra y Felipe Sepúlveda, apuntan a que la Corte de Apelaciones de San Miguel excedió “con creces el estándar de antecedentes preliminares del desafuero”, ya que este no es el tribunal competente para resolver el fondo del asunto, es decir, si el senador es o no culpable del delito de tráfico de influencias que acusa el Ministerio Público. La defensa del senador, Samuel Donoso, dijo que "no cabe el recurso de apelación ante la Corte Suprema en este procedimiento" y que ocuparán las vías que les da la ley para impedirlo.
