El abogado del partido radical asegura pidió que se someta a Marcos Emilfork a una investigación administrativa.
Ivonne Toro
8 ago 2018 01:12 PM
El abogado del partido radical asegura pidió que se someta a Marcos Emilfork a una investigación administrativa.
Se trata de un requerimiento en que se pide imputar los delitos de apremios ilegítimos y torturas en contra de menores que estuvieron en el centro, entre 2015 y 2017.
El Ministerio Público está a la espera de la fecha para la audiencia en que se comunicarán los hechos, los cuales habrían ocurrido entre2015 y 2017.
La iniciativa, que junto al Servicio de Reinserción juvenil busca reemplazar al Sename, será ingresada mañana al Congreso.
Pedro Canales, presidente del organismo, abordó la crisis del sistema de menores en el país y, además, el trabajo que realizan con adolescentes privados de libertad.
La actividad se realizará este viernes y sábado en la Plaza de la Constitución, ubicada atrás del Palacio de La Moneda.
Directora nacional advirtió que requerirán nuevos recursos para cumplir este año. Informe ONU cuestionó sistema de financiamiento a Ocas.
Patricia Muñoz propone acciones positivas en lo referente a la vinculación de los niños con sus familias, nivelación de estudios, atención de su salud mental y física, y con medidas que propendan el desarrollo armonioso.
Susana Tonda se refirió al documento de Naciones Unidas que ayer dio a conocer el gobierno, en el que se responsabiliza al Estado y al sistema judicial de las violaciones a los derechos de los niños en centros de menores. "Es muy doloroso, pero también nos lleva a la acción, no dice grandes novedades", dijo.
Organismo analizó la situación de menores vulnerables que están en residencias dependientes del Sename. El informe cuestionó al Poder Judicial, señalando que a los magistrados les falta especialización.
Durante esta jornada el Ministerio de Justicia dio a conocer el informe que el organismo internacional realizó tras su visita inspectiva a varios hogares de la institución a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes.
Por orden del Tribunal de Familia de Valparaíso, emanada en abril pasado, los menores deben hacer ingreso a un hogar de institución por seis meses. Los progenitores se niegan a acatar la medida.
El persecutor, que indaga más de 800 muertes de menores dependientes del Estado, señala que investiga el eventual mal uso de recursos públicos en el programa destinado a mejorar la vida de niños vulnerables.
La muerte de Lissette Villa reveló una dura realidad. El Fisco carga con la responsabilidad de la muerte de menores que estaban a su cargo. Las últimas formalizaciones de la fiscalía apuntan a otros hechos, esta vez lejos del Cread Galvarino, donde falleció la niña.
Según un reportaje, habría una serie de irregularidades en los informes presentados ante los jueces para determinar la entrada de menores a los organismos colaboradores, labor por la cual el Estado paga a las instituciones privadas montos anuales cercanos a los $ 1.350 millones.