Proyecto fue votado en la instancia, resultando en un empate a seis votos, a lo que se sumó la abstención del diputado Joaquín Lavín. Ahora, deberá ser votado en sala.
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Algunos legisladores de la UDI y RN criticaron la iniciativa del Ejecutivo, y que en medio de un escenario “complicado” para la coalición no se les haya consultado al respecto.
"Después de analizar el proyecto en profundidad, el gobierno ha estimado que la versión aprobada tiene problemas que podrían afectar su implementación, y por tanto el acceso de las personas a los beneficios. Además, podrían exponer al Estado a eventuales demandas y al pago de indemnizaciones", sostuvo el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.
El ministro del Interior aseguró que se mantendrán los beneficios contenidos en el proyecto que busca evitar los cortes de suministro por no pago de cuentas.
Generadoras de Chile y Fenacopel llegan a acuerdo a fin de regular, en forma excepcional y como consecuencia de la situación que enfrenta el país, facilidades para el pago de las facturas mensuales de suministro eléctrico de sus empresas socias.
Pese a que esta iniciativa fue promulgada hace dos semanas, el gobierno realizó reparos a la norma y se encuentra evaluando un veto.
El subsecretario de la Segpres dijo que cuando el gobierno tome una decisión respecto al futuro de la norma será "comunicada por las vías formales".
Diputados y senadores de la DC, PPD y PS, expresaron su rechazo a esta idea que busca restringir el universo de beneficiarios.
El diputado Francisco Undurraga (Evópoli) defendió la decisión que está preparando el Ejecutivo y que devolverá la iniciativa al Congreso. Además, se refirió al anuncio del Mandatario por admisibilidad de los proyectos: “No veo el motivo de enojo ni de escándalo de los legisladores”, sostuvo.
Durante toda la tramitación de la iniciativa, el Ejecutivo mostró reparos por posibles vicios constitucionales. Además, cuestionó que los puntos que aborda la ley ya habían sido abarcados por el plan voluntario que acordaron los ministerios sectoriales con los privados.
Enel Distribución ya anunció que está analizando tomar medidas judiciales en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
La mesa del Senado se sumó a las declaraciones de bancadas y diputados de la oposición.
La decisión de no acudir al organismo, además, generó un debate al interior de La Moneda. La UDI y Evópoli acusaron al Ejecutivo de dar una "señal nefasta" y de generar un precedente complejo para que se impulsen iniciativas que contravengan la Carta Magna.
Enel y Saesa, por el lado de las empresas eléctricas, y Esval y Essbio, por las sanitarias, informaron que ampliarán los beneficios para el pago de las cuentas. Todo, en medio del análisis que está haciendo el gobierno sobre la constitucionalidad del proyecto de ley de servicios básicos.
Con esta se busca beneficiar al 60% de la población más vulnerable durante la pandemia. La iniciativa tuvo en el Senado 28 votos a favor y 10 abstenciones -todas de Chile Vamos-.
