El secretario de Estado dijo que espera que la decisión sea conocida dentro de una semana más, cuando el acta de la sesión sea remitida al Ministerio de Hacienda, y luego de que el Presidente Gabriel Boric dé su visto bueno a la recomendación del ente asesor.
El documento, encargado por Molycop, detalla una serie de ajustes que aumentan el cálculo del margen de dumping aplicado en forma provisoria. Entre ellos, está el desfase de tres meses entre las órdenes de compra y la entrega de los productos, y la exclusión de las empresas chinas en modelos para medir las utilidades de los productores a nivel mundial. Todo, cuando la instancia se ha vuelto a reunir en dos ocasiones para estudiar nuevos antecedentes.
Tres exjefes de la antigua Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), actual Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Alejandro Jara, Carlos Furche y Osvaldo Rosales, enfatizan en la necesidad de que la Comisión Antidistorsiones, que recomendó la aplicación de sobretasas y que ahora deberá considerar los nuevos antecedentes que aportaron las empresas afectadas en sus apelaciones, evalúe todos los antecedentes disponibles y no sólo los aportados por una de las partes interesadas (CAP), como ocurrió en su primera decisión.
Nicolás Burr remarcó que “no nos cerramos a ninguna posibilidad” en la búsqueda de un socio estratégico como vía alternativa, mientras esperan el pronunciamiento de la Comisión Antidistorsiones tras apelar a las sobretasas aplicadas a las importaciones de acero chino. También sostuvo que el punto de no retorno para el cierre de la acerera es “por ahí a mediados de mayo”.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, enfatizó que son las empresas nacionales y productoras de bolas y barras de acero las que tienen que solicitar el porcentaje de sobretasa que buscan para el acero chino.
Jorge Riesco, líder de la Sociedad Nacional de Minería, defendió que cada compañía pueda mantener su autonomía en la decisión de con qué empresas se abastecen de los insumos necesarios para operar. En tanto Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, apuntó a las condiciones de competitividad locales para evitar ahogar a las empresas y que se tornen no viables.
En su presentación ante la comisión de Economía del Senado, el secretario de Estado aseguró que el potencial cierre de Huachipato podría generar la quiebra de más de trescientas pymes, afectando directamente a 66 mil trabajadores.
En el expediente público de la Comisión Antidistorsiones, la firma china HSS Group entregó antecedentes adicionales a los requeridos en su calidad de comercializadora de productos industriales hacia Chile. En ellos da cuenta de que Siderúrgica Huachipato compró más de 3.800 paquete de barras de acero, en mayo de 2022, el mismo producto sometido a investigación, los que fueron entregados en el puerto de San Vicente. La filial de grupo CAP dijo que dichas transacciones fueron necesarias para "balancear el déficit de producción" que se les produjo tras un enfriamiento no programado del Alto Horno entre enero y febrero de ese año.
"Nos preocupa que la decisión de la Comisión Antidistorsiones de recomendar una sobretasa a la importación de bolas y barras de acero desde China, aparentemente, se haya tomado en base a criterios políticos y no técnicos", comentó la SNA.
Los tres integrantes de las entidades autónomas -el fiscal nacional subrogante, Felipe Cerda, quien presidió la instancia técnica, además de Francisco Ruiz y Beatriz Velásquez, del instituto emisor- no concurrieron con el voto de mayoría. Los representantes del gobierno, de los ministerios de Hacienda, Agricultura, Economía, Relaciones Exteriores y de la Dirección Nacional de Aduanas, estuvieron a favor. La empresa afectada Elecmetal y la SNA criticaron una eventual politización del proceso.
"La pérdida de puestos de trabajo es una tragedia y una situación que amerita la intervención del Estado, pero no a través de la imposición de distorsiones que perjudican al conjunto de la población".
La aplicación de las medidas provisionales tendrá un plazo de vigencia no mayor a los cuatro meses, a la espera de la resolución definitiva que debe dictar la Comisión Antidumping a más tardar el próximo 9 de septiembre.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, abordó esta temática en un seminario en la Región del Biobío. Al finalizar la instancia fue abordado por sindicatos de trabajadores de la región manifestando su descontento por el trato a la crisis de la empresa de acero, y también en contra de la ley de pesca.
En su primera carta como presidente del directorio del grupo, el empresario lamentó el “momento muy doloroso” del conglomerado, ya que “a pesar de la lucha que dio la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) y cada uno de sus trabajadores, ésta no fue suficiente para asegurar su presente y su futuro”. El gerente general, Nicolás Burr, complementó: "la suspensión de la actividad siderúrgica de Huachipato es una pérdida invaluable para la industria chilena".
Los gremios y asociaciones empresariales de la Región del Biobío planteó que existe una crisis en las áreas productivas relevantes de la zona.
