Se estima que la próxima semana se debería realizar la votación del primer informe de la Comisión de Sistema Político en el pleno de la Convención. Aquí se dan algunas claves de cómo quedó configurada la "sala de máquinas" que tendrán que visar o rechazar los 154 constituyentes.
Con 18 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, la instancia de la Convención Constitucional visó este martes la indicación que busca modificar la composición del gabinete presidencial para que éste se rija por principios de paridad y plurinacionalidad. La propuesta ahora deberá ser votada por el pleno del órgano constituyente.
Luego de estrechas votaciones, la instancia visó en particular distintas indicaciones presentadas por la derecha que establecen algunas atribuciones que tendría el "Consejo Territorial". Entre estas, se estableció que el nuevo órgano no podrá fiscalizar los actos del Gobierno pero sí tendrá la facultad de incidir en ciertas decisiones del Presidente.
Durante la jornada de este miércoles, la comisión de la Convención Constitucional visó indicaciones que establece, entre otras cosas, que los diputados y diputadas poseerán dedicación exclusiva a su cargo y quienes resulten electos deberán tener residencia efectiva en el territorio correspondiente por un periodo no menor a los dos años. Las indicaciones aprobadas hoy en general deberán ser votadas en particular en la comisión para luego ser discutidas y votadas en la instancia plenaria.
Cerca de la medianoche del lunes, constituyentes de colectivos de izquierda y centroizquierda llegaron a un acuerdo que plantea la creación de un Congreso plurinacional y de un Consejo Territorial, eliminando al Senado. ¿Cómo se vislumbra, en la práctica, el funcionamiento del Sistema Político que parece generar mayor consenso? Aquí, expertos dan su visión de la propuesta, que despierta críticas y cuyo destino es incierto.
Aunque se ha dicho que una de las solicitudes más recurrentes de chilenos y chilenas tiene que ver con el fin del sistema bicameral, argumentada por una mirada crítica del Congreso y su "baja eficiencia", producto de la recepción de iniciativas populares de norma por parte de la Convención se ha presenciado un aparente momento de inflexión. Quienes participaron de estas iniciativas prefirieron el sistema bicameral y transformaron a esta propuesta en una de las más votadas del proceso. De esta forma, las opiniones de la ciudadanía se van matizando y complejizando, muchas veces por influencia de un debate que es cada vez más sistémico e interconectado.
Si bien lamenta que en la Comisión de Sistema Político de la Convención se haya aprobado la idea de un Congreso unicameral, aplaude que haya prosperado el acuerdo por un régimen presidencialista reformado. "Íbamos en una deriva", señala el ensayista y autor de “La pregunta por el régimen político”.
El resultado de las votaciones refleja que hay ausencia de negociación permanente y ello urge ser corregido para la discusión particular y de cara a los 2/3 del pleno. Caben dudas cual es el alcance de lo corregible y cómo entenderá la comisión la posibilidad de incorporar indicaciones que mejoren sustancialmente lo aprobado para presentar a la ciudadanía un modelo que permita corregir los defectos del actual presidencialismo que viene en crisis hace años y al parecer no se ha querido corregir.
Esta tarde, con apoyo de los convencionales del Colectivo Socialista y de Vamos por Chile, se aprobó en general la iniciativa sobre régimen de gobierno presentada por convencionales del Partido Comunista. Esta norma propone atenuar el presidencialismo, la existencia de una vicepresidencia paritaria y admite una reelección inmediata del presidente luego de un mandato de cuatro años. También, justo con la mayoría necesaria, se aprobó la idea de tener una sola cámara. Además, se visó en general la iniciativa que pretende establecer que Chile es un Estado plurinacional e intercultural.
En un reciente estudio, los economistas Richard McManus y Gulcin Ozkan del Reino Unido, analizaron la información proveniente de un gran número de países durante el periodo 1950-2015. Sus resultados revelan que los regímenes presidencialistas consistentemente producen peores resultados económicos comparados con sistemas parlamentarios, particularmente en países donde el (la) presidente tiene amplios poderes legislativos.
La encuesta Zoom de ReConstitución consultó sobre temas clave de la discusión relativa al sistema político. Justo en momentos en que esa comisión de la Convención está deliberando y empezará a votar en los próximos días sobre estos temas. Además, cuando también se empezará a revisar la permanencia del Tribunal Constitucional, la encuesta consultó sobre la necesidad de tener una institución que asegure que las leyes aprobadas se ajusten a la Constitución: un 76% se manifestó a que exista.
En esta edición del ciclo Debates de ReConstitución, tres integrantes de la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional explicaron las propuestas que ya ingresaron para cambiar tanto el régimen político, la estructura del Congreso y el sistema electoral, entre otros puntos.
Hasta ahora, se han ingresado tres iniciativas sobre sistema político y se está a la espera de dos más. En medio de la semana territorial, y con el tiempo en contra, convencionales, académicos y expertos de centros de estudios han trasnochado para consolidar una propuesta a tiempo. La mayoría de éstas establecen mantener el presidencialismo, aunque con severas reformas y el bicameralismo, diferenciando las funciones entre las cámaras. Además, la mayoría busca cambiar el periodo presidencial a cuatro años con reelección.
El abogado e investigador del CEP es uno de los editores, junto a Lucas Sierra, del libro "Diez miradas sobre el sistema de gobierno: Diagnóstico y propuestas para la nueva Constitución" que reunió a los principales centros de estudio del país para conversar y debatir sobre el sistema político. Aquí, da luces sobre los acuerdos y desacuerdos de uno de los temas más relevantes que se discutirá este año en la Convención Constitucional.
Creemos que el funcionamiento de la Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO) de Estados Unidos puede servir como un referente técnico debido a su gran precisión y prestigio en la realización de análisis de impacto presupuestario y económico de iniciativas legales. Una agencia similar en el Congreso daría a los legisladores una base técnica para la toma de decisiones, elevando los costos reputacionales de actuar irresponsablemente.
