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Nuevamente al limite del plazo, la comisión que definirá la estructura del Legislativo y el Ejecutivo en la propuesta de nueva Constitución presentó un conjunto de indicaciones. Esta vez, sin embargo, cuatro colectivos optaron por no adherir. De esta manera, los firmantes tendrán que hacer un esfuerzo adicional para conseguir los dos tercios en el pleno. La propuesta alcanzada resolvió uno de los principales nudos que tensionó a la comisión durante los últimos días, al zanjar que la Cámara de las Regiones que reemplazaría al Senado tendría la facultad de revisar tres derechos sociales.

Si bien la constituyente representante del pueblo Mapuche está optimista con que se logrará un consenso durante esta jornada, advierte que, de no conseguirlo, se podría favorecer el ascenso del Rechazo en las encuestas. Aunque asegura que serán todos responsables de lo que pase hoy día, dice que el PC “no quiere abrirse a dar más atribuciones en la Cámara de las Regiones”.

En conjunto con Independientes No Neutrales y Escaños Reservados, plantean que nueva institucionalidad aprobada por el pleno tenga competencias en acusaciones constitucionales impulsadas por diputados y diputadas, en normativas que limiten o regulen derechos fundamentales, entre otras nuevas facultades. Hasta el cierre de esta edición, esos colectivos negociaban con sectores como el PC y el Frente Amplio para destrabar acuerdo.

Integrantes de esa comisión se reunieron este miércoles, cerca de las 10.00, con el objetivo de reiniciar los diálogos para acordar las indicaciones de las materias que fueron rechazadas la semana pasada en el pleno, entre ellas, las relativas a las atribuciones de la Cámara de las Regiones y del Congreso de Diputadas y Diputados. En la oportunidad se solicitó aplazar el ingreso de las enmiendas y, durante la tarde, se informó que el nuevo plazo será el próximo lunes hasta las 23.59.

Las relaciones entre los socialistas y los convencionales del PC y el FA están tensas tras la votación del último pleno de Sistema Político que aprobó la estructura de la Cámara de las Regiones que reemplazaría al Senado, pero sin sus atribuciones. Ayer el convencional Marcos Barraza (Chile Digno) acusó falta de prolijidad a la coordinación de la comisión de Sistema Político que encabezan Ricardo Montero (Colectivo Socialista) y Rosa Catrileo (Pueblo Mapuche). En una semana en que están obligados a volver a negociar las indicaciones para el primer informe, algunos convencionales apuestan a calmar los ánimos.

Ayer, durante el pleno de la Convención, se aprobó el artículo que establece la creación de la Cámara de las Regiones, la cual, en caso de aprobarse el plebiscito de salida, reemplazará a la actual Cámara Alta. Los colectivos del Frente Amplio, Coordinadora Plurinacional, Chile Digno y Pueblo Constituyentes son los principales defensores de la propuesta que pasó al borrador del proyecto de nueva Constitución. En el debate plantearon varias razones para terminar con la institución que tiene más de 200 años de historia. Entre ellas plantearon que se trata de una cámara de "privilegios".

Este martes comenzó la discusión del informe de reemplazo de la Comisión de Sistema Político. El debate estuvo marcado por el enfrentamiento entre la constituyente mapuche y sus pares gremialistas Arturo Zúñiga y Marcela Cubillos.

El abogado y doctor en Derecho integra la Secretaría de Participación Popular de la Convención. Desde allí observa el trabajo constituyente y dice que le preocupan las exclusiones y los sesgos que se están produciendo. Pero confía en que hay tiempo para corregir.

El expresidente socialista ha llamado directamente a algunos constituyentes del Colectivo del Apruebo y del Colectivo Socialista. Su preocupación por estos días, dicen en la Convención, apunta a cómo quedó el acuerdo en la comisión de Sistema Político y la idea de eliminar el Senado. Los exmandatarios Eduardo Frei y Sebastián Piñera, por su parte, también han hecho saber a sus entornos sus reparos por el devenir del proceso constituyente.

A medida que pasan los días tras la publicación del acuerdo al que se llegó entre los colectivos de izquierda de la comisión de Sistema Político, entre algunos de sus adherentes han comenzado a surgir dudas y se ha instalado la posibilidad de rechazar algunos de los artículos, cuando se voten en particular. “Si hay cuestiones que deben corregirse, espero que tengamos capacidad de hacerlo”, comenta el socialista Maximiliano Hurtado, pese que insiste en que la espíritu de su sector es honrar el entendimiento alcanzado la semana pasada que establece un bicameralismo asimétrico y un presidencialismo atenuado.

La decana de la Facultad de Derecho de la U. Adolfo Ibáñez analiza el trabajo de la Convención Constitucional. Advierte que hay un sentimiento antipartidos políticos entre los convencionales, pero ella defiende la democracia de partidos fuertes. Y se pregunta por un aspecto poco discutido: la forma que tendrá la transición constitucional.

Cada regla es un engranaje de un motor que debe actuar sincrónicamente con otras reglas en un fino equilibrio de pesos y contrapesos. Es lo que permite que los gobiernos puedan desplegar sus programas. Sin pasar máquina, pero tampoco presas del bloqueo.

Si bien todos cedieron para lograr un acuerdo transversal, ciertos colectivos se impusieron más que otros. Hay consenso en que, por ejemplo, el FA logró sacar cuentas alegres. La atención de los convencionales ahora está puesta en la presión que podría ejercer el PS en el Colectivo Socialista para intentar vulnerar la propuesta.

Los representantes del Socialismo Democrático esperaban que el gobierno tuviera un rol activo frente a las negociaciones de la Convención que esta semana, a través de la comisión de sistema político, le puso caducidad a la Cámara Alta como se conoce hasta hoy. El domingo, la bancada de senadores socialistas sostuvo una reunión a través de Zoom con los convencionales del colectivo PS, cita que según describen los presentes fue "tensa".

Los convencionales que integran esa comisión lograron este lunes un acuerdo para reemplazar al fallido informe que rechazaron el pasado 18 de marzo. Javier Sajuria (Espacio Público), Sebastián Soto (U. Católica), Natalia Gonzalez (Libertad y Desarrollo), Sergio Toro (U. de Concepción), Lucas Sierra (CEP) y Julieta Suárez-Cao (U. Católica) entregan su balance respecto de la nueva propuesta.