Los convencionales que integran esa comisión lograron este lunes un acuerdo para reemplazar al fallido informe que rechazaron el pasado 18 de marzo. Javier Sajuria (Espacio Público), Sebastián Soto (U. Católica), Natalia Gonzalez (Libertad y Desarrollo), Sergio Toro (U. de Concepción), Lucas Sierra (CEP) y Julieta Suárez-Cao (U. Católica) entregan su balance respecto de la nueva propuesta.
El constituyente Hernán Larraín Matte (Evópoli) -quien participó de las tratativas- criticó la propuesta que instala un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico. En Twitter también fustigaron el acuerdo los constituyentes cercanos a la UDI Marcela Cubillos y Arturo Zúñiga.
Parto de la base que atenuar el presidencialismo es disminuir las potestades presidenciales y generar instrumentos de colaboración con el legislativo. No basta con solo trasladar potestades al Congreso. El gran problema del sistema político actual es su traba y bloqueo que llevan a que las preeminentes facultades presidenciales tengan como reacción un legislativo que interfiere la política.
Contra reloj y tras días de negociación, los convencionales entregaron un nuevo informe de 60 artículos que tendrían el apoyo necesario en el pleno para establecer un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico. Algunas de las novedades serían que el Presidente ejercería sus funciones por cuatro años y podría ser reelegido una vez; habría voto obligatorio para las elecciones populares y se establecería una Cámara de las Regiones, que reemplazaría al Senado.
El convencional Pedro Muñoz (Colectivo Socialista) entregó detalles de los acuerdos. “Hemos ido avanzando progresivamente, deliberando, poniendo nuestras diferencias sobre la mesa, pero también los puntos comunes”, indicó.
Hoy, a las 23.59 vence el plazo para que la comisión de la Convención Constitucional ingrese los artículos de su primer informe. Hasta el cierre de esta edición, las discrepancias relativas a qué figura acompañará al Presidente, si el vicepresidente o un ministro de gobierno, y cómo incluir la participación de movimientos sociales independientes en elecciones, estaban pendientes y aún no se resolvía si estarán en el acuerdo y cómo se estipularían en caso de que se incluyan.
El académico de la Universidad de Chile alerta de la importancia de las negociaciones del acuerdo que definirá cómo se distribuirá el poder político en la propuesta constitucional. Además, cree hay que reflexionar respecto a una prórroga del proceso constituyente para así mejorar la calidad en la deliberación de algunas normas.
A menos de 30 horas del límite para presentar las enmiendas para elaborar el informe de reemplazo que será votado en el pleno, colectivos de la izquierda reconocieron que requerían más tiempo para alcanzar un consenso. El nuevo plazo ahora es el lunes, a las 23.59 horas. Durante el fin de semana seguirán las negociaciones.
Una tercera reunión de los convencionales de la Comisión de Sistema Político se realizó ayer, y continuaba al cierre de esta edición, marcada por discrepancias que incluyeron la decisión del convencional Fuad Chahin (Colectivo del Apruebo) de congelar su participación en los encuentros. Aunque hay consenso en que la cámara de representación política se llame Congreso de Diputadas y Diputados, mientras que la segunda cámara se denomine Congreso de las Regiones -y tenga iniciativa legislativa-, se mantienen otros nudos relevantes en las conversaciones. Estos, principalmente se refieren al Poder Ejecutivo -si habrá figuras que acompañen al Presidente de la República- y Legislativo.
Ayer, el pleno tuvo que revisar normas emanadas de las comisiones de Forma de Estado y Sistema Político. En tanto, en la comisión de Derechos Fundamentales se rechazaron artículos que sancionaban el negacionismo y normas que establecían que el Estado debía "promover y velar" por la diversidad cultural indígena en los medios de comunicación.
De manera inédita se reunieron ayer los colectivos desde la izquierda a la derecha en una cita que se extendió por casi cinco horas para transparentar sus posturas con miras a alcanzar a un acuerdo tras el fracaso del informe de la comisión de Sistema Político. El entendimiento entre los sectores es considerado el más relevante para la elaboración de una nueva Constitución. En la jornada se evaluó, entre otras materias, que la segunda cámara que reemplazará al Senado se denomine Cámara de las Regiones o Congreso Regional en vez de territorial.
Experto en constituciones comparadas, el académico de la UC analiza el debate y las dificultades en torno a la reforma del sistema político en la Convención Constitucional. En la votación del viernes, el pleno rechazó el informe de la comisión respectiva. "Es crucial que para fortalecer el apoyo de la futura Constitución los convencionales se automoderen", dice.
Sin embargo, y como se preveía, se han ido rechanzado todos los artículos que hacen mención a una nueva distribución del Parlamento, el que, según se proponía, estaría compuesto por un Congreso Plurinacional y un Consejo Territorial, luego de que la mayoría de los convencionales llegara a un consenso de que el texto emanado de la Comisión de Sistema político posee problemas estructurales. Asimismo, han corrido igual suerte los artículos que norman la composición del Poder Ejecutivo y su proceso electoral.
Una de las indicaciones aprobadas establece que las “organizaciones políticas son entidades públicas no estatales y pueden constituirse como partidos políticos o como movimientos político-sociales”. Miembros de la comisión esperan que la votación de este informe en el pleno se realice el próximo viernes 18.
Esta semana, los convencionales del Frente Amplio manifestaron su descontento con el rumbo que han tomado las votaciones en la Comisión de Sistema Político. Esto porque, según ellos, se habría vulnerado el acuerdo al que llegaron para instalar un Consejo Territorial -con pocas atribuciones- que reemplace al Senado. Una de las indicaciones que levantó la alerta fue una redactada por la UDI y aprobada gracias a la articulación que hizo el convencional Guillermo Namor, la que permitiría que el Consejo conozca una serie de proyectos, incluidos algunos de iniciativa exclusiva del Presidente.
