No solo Guillermo Pickering mostró diferencias con la autoridad, también el ex subsecretario del sector, Pablo Bello, quien dijo que "no apuesto por Chile para liderar el 5G".
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Además un estudio de la Subtel mostró que el 85% de los accesos a internet se realiza a través de un móvil, alcanzado 6 veces más accesos que las redes fijas.
Esto, luego que la autoridad revirtiera parcialmente el congelamiento de la banda 3,5 GHz. Aún así, recalcan que no reconocen que la medida haya sido legal.
Este jueves presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia su consulta para reordenar el uso del espectro. Las propuestas consideran mejores condiciones para el desarrollo de las OMV.
La autoridad presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia una propuesta con nuevos límites para el uso de las bandas, que dejó conformes a los grandes actores. Sin embargo, Conadecus y WOM se opondrán. Subtel, además, decidió descongelar parcialmente la banda 3.500 MHz.
Esto, en el marco de la consulta pública que realizó la subsecretaría de Telecomunicaciones en agosto. Las empresas plantean necesidad de bloques para generar mayor competencia.
A mediados de octubre el presidente Sebastián Piñera dará a conocer la matriz digital. En esta se revelará inversión en infraestructura digital.
La resolución del recurso de protección, presentado por las operadoras móviles tras el congelamiento de la banda 3,5 GHz, estaría lista en unas dos semanas.
El 1 de agosto, organismo pidió a las empresas un informe con cifras de portabilidad. Si bien tenían 10 días hábiles para responder, recién el lunes se completó este trámite.
La profesional se desempeñó como jefa de la división de Política Regulatoria y Estudios en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, específicamente entre los años 2011 y 2014.
Ambas empresas presentaron un recurso de protección en contra de la autoridad por el congelamiento de dicha banda.
Movistar fue el que formuló el promedio más alto con $8,34 por minuto.
La subsecretaria Pamela Gidi, dijo que el viernes es el último día que las empresas pueden presentar propuestas tras el fallo de la Corte Suprema.
Con la consulta se busca recoger los puntos de vista de los ciudadanos, las empresas, la academia, organizaciones de consumidores, ONG, el sector público y la sociedad en general.
