TPS aseguró que no sólo estas fueron aprobadas por la Empresa Portuaria Valparaíso, sino que también la misma FNE habría archivado la investigación de estas en 2019 confirmando su regularidad.
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La entidad acusó que los terminales realizan cobros injustificados a importadores y exportadores de una tarifa de seguridad en el servicio de transferencia de carga, y solicitó al TDLC ordenar el cese de esta práctica.la STI, por su parte, señaló que la Empresa Portuaria San Antonio validó la tarifa puesto que no supera la tarifa máxima establecida en su contrato de concesión.
De US$1.200 millones era la valorización que al interior de la compañía manejaban, precio que surgió de un análisis solicitado a un banco de inversión años atrás. Sin embargo, los valores ofrecidos por la red de adquirencia en este proceso encabezado por JP Morgan, llegaron a US$500 millones. Una diferencia que sería fruto de la incertidumbre regulatoria.
Empresas TDLC aprueba acuerdo entre FNE y CCU para favorecer competencia en el mercado de la cerveza
CCU asumió una serie de obligaciones con el fin de eliminar restricciones a la venta y exhibición de cerveza de sus competidores en establecimientos comerciales, y además deberá pagar cerca de US$2.4 millones en beneficio fiscal.
Tras un recurso de reposición interpuesto por la FNE, el TDLC reconsideró su decisión y decidió aprobar el acuerdo extrajudicial.
Tianqi entró a SQM en 2018, cuando la Fiscalía Nacional Económica le impuso restricciones para participar en la empresa chilena, las que terminan en octubre. Sin embargo, SQM pidió reservadamente a la FNE extenderlas, tal como lo hizo hace seis años. “Nos parecería no sólo sorprendente sino absolutamente injustificado el que se impusieran nuevas restricciones a nuestra empresa o se extendieran las existentes”, dice Tianqi. Esta semana, el CEO de Tianqi, vino nuevamente a Chile.
La acción busca que el tribunal declare que Google ha infringido las normas de libre competencia "al abusar de su posición cuasi monopólica en los mercados de búsquedas y de publicidad asociada a las búsquedas”, resume el texto. Se pide además que se imponga una multa en beneficio fiscal por cerca de US$48,5 millones. "La demanda va en línea con lo que han realizado algunos de los principales medios de comunicación online del mundo", señala el gerente general de Copesa, sumándose así a medios de EE.UU. Australia y Europa. Con todo, la firma chilena es la primera en América Latina en realizar este tipo de acción legal.
A fines de enero, la FNE había suscrito un acuerdo extrajudicial con las empresas JJD Comunicaciones y Máx Fácil, que habían reconocido que operaron un cartel por poco más de tres años para salvar sus negocios. Pero la corte lo rechazó.
La cadena de centros comerciales valoró la postura del TDLC y manifestó estar revisando cada una de las medidas para mitigar ciertos riesgos. Al igual que estar evaluando los próximos pasos que el proceso contemple.
“Invitamos a los centros comerciales a conversar con los locatarios, para consensuar una relación de negocios fundada en las conclusiones del pronunciamiento y, de esta manera, construir un mercado con relaciones simétricas y equilibradas, en el marco de una sana y libre competencia”, dijo el presidente de la asociación de Marcas del Retail, Esteban Halcategaray.
Los bancos accionistas deben decidir si se mantendrán en la compañía o saldrán completamente de la propiedad. En una u otra dirección, ello tendrá un efecto en el precio.
El recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado señalaba que la suspensión “podría tener efectos negativos en la competencia en la licitación y por tanto, no sería suficiente para resguardar el interés común involucrado”. Sin embargo, el TDLC desestimó el argumento, y mantuvo la suspensión del proceso.
El TDLC dio inicio a la consulta presentada por Andes Salud por posible vulneración a la libre competencia, a raíz de los permisos otorgados por las autoridades para que las mutuales de seguridad presten servicios fuera del ámbito del seguro laboral.
El extimonel de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Felipe Irarrázabal, hoy director del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, detalla las anécdotas que debió pasar junto a su equipo para conseguir pruebas para acusar de colusión a los tres grandes productores avícolas del país, en 2010. Entre otras cosas, hizo salir a la calle a sus investigadores a buscar un caso de colusión y allanó oficinas de una empresa y la asociación gremial para buscar evidencias. "Me encerré en la sala de evidencia de la FNE unas dos semanas para revisar personalmente las cadenas de los emails que daban cuenta del cartel”, escribió en una columna que resume el caso.
Esto, a raíz de una consulta ingresada por la concesionaria operadora del aeropuerto, Nuevo Pudahuel, que apunta a que el diseño de las bases de la licitación desincentiva la participación de oferentes.
