Etiqueta: Tráfico de influencias

Pasadas las 11:00 horas de este jueves llegó hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, un oficio en el que el fiscal nacional, Ángel Valencia, le informaba que no podrían acceder a la petición de la Comisión de Ética que él dirige. Ésta había pedido copia de expedientes sobre investigaciones penales en curso. En específico, querían copia de los chats del caso que involucra a Luis Hermosilla y al ministro Juan Antonio Poblete en que se alude a integrantes del máximo tribunal. El "portazo" del Ministerio Público se oyó hasta el último rincón del Palacio de Tribunales.

Este jueves la comisión encabezada por el presidente del máximo tribunal ofició al Ministerio Público para que se les envíe las cuestionadas conversaciones que involucrarían a los ministros Jean Pierre Matus, María Teresa Letelier, Ángela Vivanco y Mario Carroza con presuntos delitos de tráfico de influencias. Sin embargo, abogados expertos en la materia aseguran que si la Fiscalía accede, estarían infringiendo la ley.

A través de un oficio solicitaron al organismo "revisar el rumbo de las acciones y dar cabal cumplimiento al mandato de promoción y protección de los Derechos Humanos" en base a la ley vigente tras declarar inadmisible la querella por presunto tráfico de influencias.

El ex ministro de Defensa señaló que los consejeros que aprobaron la acción judicial en su contra cometieron el delito de prevaricación, por lo que buscará que se sancione su actuar.

Durante este lunes, en sesión extraordinaria de consejo, el fiscal nacional Ángel Valencia puso en conocimiento de la instancia la admisibilidad de una querella en que se pide indagar como imputado al jefe regional de Aysén. ¿El motivo?, sus chats con Luis Hermosilla, abogado que está siendo indagado por presunto cohecho, y en particular un pantallazo que envió al penalista cuando estaba en la carrera por la Fiscalía Nacional. En la imagen se lee una conversación con la pareja de una ministra de la Corte Suprema quien le ofrecía pagar un doctorado y un cargo en la Fiscalía a cambio de que apoyara a otro candidato al máximo cargo del Ministerio Público. El aludido no estuvo presencial en la incómoda cita.

El máximo persecutor recibió los antecedentes solicitados al fiscal regional de Aysén el sábado 21 de junio y ahora espera pronunciamiento de unidad especializada.

La determinación se adoptó durante el pleno en que participaron 11 de los ministros titulares y a pesar de que en discusiones anteriores se había alcanzado consenso respecto a que la mencionada instancia estaba desactualizada.

Nueva vocería, instauración de un Código de Ética y mesa de trabajo para consensuar propuesta para modificar el sistema de nombramientos fueron parte de las definiciones que se adoptaron en el esperado pleno extraordinario del máximo tribunal.

El abogado de Schafik Nazal, exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), quien se encuentra en prisión preventiva por la causa de la "Operación Topógrafo", pide que se discuta la remoción del INDH como querellante en la nueva arista o bien la representación, como defensa de una de las víctimas, del consejero Francisco Ugás.

El documento había sido exigido por diferentes sectores, dado, principalmente, porque consejeros y parlamentarios de Chile Vamos habían sostenido que tras la querella estaba la mano de un sector del Ministerio Público, desde donde supuestamente se había "apurado" la acción. Tras su publicación, Mario Desbordes confirmó la presentación de una querella por prevaricación contra los consejeros.

A juicio de representantes de la oposición, Francisco Ugás no debió haber participado de la discusión, por lo que algunos consejeros plantearán que la situación sea revisada en el Consejo. El abogado, en tanto, descarta tener motivos para no haber propiciado la querella.

La jornada del viernes de junio los consejeros del organismo encabezado por Consuelo Contreras recibieron en sus casillas un mail del secretario del Consejo donde se advertía: "Les remito propuesta de querella, con carácter de urgente, al tratarse el denominado caso 'Operación Topógrafo' de un juicio estratégico".

La determinación surge a raíz de antecedentes que dieron cuenta de presuntas gestiones irregulares para promover el nombramiento de la ministra María Teresa Letelier.

El mandatario español exigió “respeto” por parte del jefe de Estado argentino y afirmó que, de no haber una rectificación, tomará medidas y habrá una “respuesta acorde a la dignidad que representa la democracia española”. Desde el gobierno bonaerense relativizan los comentarios del presidente liberal, y desde el conservador PP, equiparan las dialécticas de ambos Ejecutivos.

El abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, también fue arrestado. La orden judicial de allanamiento a un total de 22 investigados se realizó por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.