Es la tercera vez que el Parlamento, de mayoría opositora, buscó despojar al mandatario peruano del poder, esta vez por una presunta traición a la Patria. Otras dos iniciativas anteriores fracasaron por falta de votos cuando el Congreso unicameral de 130 congresistas promovió la salida presidencial por una supuesta incapacidad moral.
El exmandatario fue vetado por las grandes redes sociales tras el asalto al Capitolio de sus partidarios, el 6 de enero de 2021, al ser acusado de haberlo alentado a través de las plataformas digitales, especialmente Twitter y en la que contaba con 89 millones de seguidores.
La Justicia Especial de Paz (JEP) determinó que “de las 5.733 víctimas (del exterminio del grupo político Unión Patriótica) 4.616 fueron víctimas de homicidio” y el resto fueron “desaparecidas forzosamente”, según un informe entregado este viernes por la entidad. “La violencia contra los miembros de la UP fue ejecutada, principalmente, por parte de agentes de Estado y paramilitares de forma masiva, generalizada y sistemática”, agregó la JEP.
Fujimori deberá informar a la jueza la dirección del domicilio donde residirá -o de un centro médico en caso que sea internado- cuando sea excarcelado, según la resolución judicial. El exmandatrario tampoco podrá salir de Lima. La medida busca asegurar su presencia en el juicio oral en el que se le acusa de autor mediato del asesinato de seis campesinos cometido en 1992 por miembros de un escuadrón del ejército peruano, conocido como Grupo Colina.
Tribunal aprobó la llamada Declaración de Divulgación, que establece que los antecedentes aportados por la aerolínea en el documento son suficientes para requerir de sus acreedores la votación del Plan de Reorganización. El tribunal fijó la audiencia clave para los días 17 y 18 de mayo próximos.
El directorio de la compañía aprobó por la unanimidad de los directores independientes dichas modificaciones.
El TPI dio cuenta de la recepción de la denuncia el miércoles al senador Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la comisión investigadora de la gestión del mandatario durante la pandemia en Brasil. El juicio se fundamenta en que Bolsonaro intentó evitar medidas restrictivas de contención del Covid-19, defendió medicamentos sin eficacia científica comprobada -como la hidroxicloroquina- y sembró dudas sobre las vacunas anticovid.
La Fiscalía local está solicitando que se imponga una pena de siete años para el comunero mapuche David Nicolás Torres Painemilla, y tres años y un día en internación en régimen semi cerrado a dos adolescentes, autores del ataque al policía con un palo de chueca en medio de una manifestación no autorizada. Tribunal Oral de Temuco dictó veredicto condenatorio por maltrato a funcionario de Carabineros y la sentencia se conocerá el 1 de febrero.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la libertad de Esteban Moya, uno de los dos auxiliares sentenciados en la causa por abusos sexuales a menores de 11 años. Su permanencia en la cárcel fue rebajada en 22 meses, tras acogerse a la ley que entrega este beneficio para quienes son calificados con "buena conducta". Carabineros será el encargado de vigilarlo hasta 10 años después de obtenida su libertad.
Si hace dos años fue Segundo el que acusó a su hermano de manejar indebidamente los negocios, ahora es Jonás el que inició la acción judicial por el mismo delito. Denuncia que venta de participación de concesiones mineras impulsada por Segundo sólo tuvo por finalidad beneficiar a una persona en particular, causando perjuicios por $400 millones en su principal negocio: la Minera Carola.
Tribunal federal del distrito de Saint Paul, en Minesota, informó que Derek Chauvin comparecerá este miércoles para presentar una declaración de culpabilidad. La muerte de Floyd, el 25 de mayo de 2020, provocó protestas por todo el país contra la brutalidad policial y la injusticia racial en las que el lema fue "I can’t breathe" (No puedo respirar), frase que repitió la víctima a los agentes policiales cuando estaba en el suelo.
"Autorizamos la entrega de las fichas clínicas según lo pidió en audiencia la Fiscalía Centro Norte y el Tribunal ordenó el levantamiento del secreto bancario, a pesar de que a nuestro juicio no se cumplían con los requisitos legales", dijo el abogado de Rojas Vade, Tomas Ramírez.
La máxima corte ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) “la inmediata suspensión de los procedimientos vinculados a la totalización (conteo), adjudicación y proclamación del CNE respecto de los candidatos al cargo de gobernador o gobernadora del estado Barinas hasta tanto se decida el fondo del asunto”. El documento del tribunal, acusado por la oposición de favorecer al gobierno con sus decisiones, refiere que sobre el candidato opositor, Freddy Superlano -quien compitió con Argenis Chávez, actual gobernador y hermano mayor del expresidente Hugo Chávez-, pesan “procedimientos y averiguaciones administrativas y penales” y que “se encuentra inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público”.
“Que con objeto de continuar esta investigación y poder corroborar lo declarado por el propio imputado en cuanto a que no tiene cáncer, pero sí otras enfermedades, se requiere poder revisar las fichas clínicas respectivas", expuso el fiscal Patricio Cooper ante la justicia, luego de que el propio miembro de la Convención Constitucional rechazara entregar esta información al Ministerio Público que lo indaga por una declaración patrimonial falsa.
El Consejo Supremo Electoral tomó la decisión luego que el también derechista partido Liberal Constitucionalista (PLC), segunda fuerza parlamentaria y que ha sido señalado de colaborar con el gobierno sandinista, pidió horas antes al CSE anular al partido Ciudadanos por la Libertad alegando actuaciones reñidas con la ley. Según el texto presentado por el PLC, la colectividad impugnada tiene como presidenta nacional y representante legal a Carmella Rogers Amburn, conocida en el ámbito político como Kitty Monterrey, quien “tiene doble nacionalidad (estadounidense y nicaragüense), en notoria violación a la ley”.
