Enfrenta los presuntos cargos de dos asesinatos, robo, defraudar fondos de una empresa familiar, mentir a la policía y fingir un atentado contra él mismo. Este es el caso de un conocido abogado que pasó de resaltar por sus credenciales a hacerlo por sus posibles vínculos con el crimen.
Se espera que el organismo responda a mediados de enero, y esta será la primera vez que el departamento se pronuncie sobre los límites de la inmunidad presidencial del exmandatario respecto a su responsabilidad al atentado al Capitolio estadounidense, en febrero de 2021.
El derrocado mandatario peruano deberá cumplir con la semana de detención impuesta por el juez Juan Carlos Checkley, en el marco de la investigación en su contra por el supuesto delito de rebelión tras intentar sin éxito disolver el Congreso.
“Esta semana hemos trabajado con las capitales europeas en diferentes niveles (...) Londrés, París, Berlín, Varsovia y otras ciudades. (...) Estoy seguro de que habrá un tribunal, de que habrá justicia”, reafirmó el mandatario ucraniano.
El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Alexandre de Moraes, dijo que lo ocurrido en las recientes elecciones presidenciales, no presenta ningún indicio o evidencia de fraude que justifique la reevaluación de parte de los votos registrados en las urnas, como lo pretendía la coalición política del mandatario saliente.
Es la tercera vez que el Parlamento, de mayoría opositora, buscó despojar al mandatario peruano del poder, esta vez por una presunta traición a la Patria. Otras dos iniciativas anteriores fracasaron por falta de votos cuando el Congreso unicameral de 130 congresistas promovió la salida presidencial por una supuesta incapacidad moral.
El exmandatario fue vetado por las grandes redes sociales tras el asalto al Capitolio de sus partidarios, el 6 de enero de 2021, al ser acusado de haberlo alentado a través de las plataformas digitales, especialmente Twitter y en la que contaba con 89 millones de seguidores.
La Justicia Especial de Paz (JEP) determinó que “de las 5.733 víctimas (del exterminio del grupo político Unión Patriótica) 4.616 fueron víctimas de homicidio” y el resto fueron “desaparecidas forzosamente”, según un informe entregado este viernes por la entidad. “La violencia contra los miembros de la UP fue ejecutada, principalmente, por parte de agentes de Estado y paramilitares de forma masiva, generalizada y sistemática”, agregó la JEP.
Fujimori deberá informar a la jueza la dirección del domicilio donde residirá -o de un centro médico en caso que sea internado- cuando sea excarcelado, según la resolución judicial. El exmandatrario tampoco podrá salir de Lima. La medida busca asegurar su presencia en el juicio oral en el que se le acusa de autor mediato del asesinato de seis campesinos cometido en 1992 por miembros de un escuadrón del ejército peruano, conocido como Grupo Colina.
Tribunal aprobó la llamada Declaración de Divulgación, que establece que los antecedentes aportados por la aerolínea en el documento son suficientes para requerir de sus acreedores la votación del Plan de Reorganización. El tribunal fijó la audiencia clave para los días 17 y 18 de mayo próximos.
El directorio de la compañía aprobó por la unanimidad de los directores independientes dichas modificaciones.
El TPI dio cuenta de la recepción de la denuncia el miércoles al senador Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la comisión investigadora de la gestión del mandatario durante la pandemia en Brasil. El juicio se fundamenta en que Bolsonaro intentó evitar medidas restrictivas de contención del Covid-19, defendió medicamentos sin eficacia científica comprobada -como la hidroxicloroquina- y sembró dudas sobre las vacunas anticovid.
La Fiscalía local está solicitando que se imponga una pena de siete años para el comunero mapuche David Nicolás Torres Painemilla, y tres años y un día en internación en régimen semi cerrado a dos adolescentes, autores del ataque al policía con un palo de chueca en medio de una manifestación no autorizada. Tribunal Oral de Temuco dictó veredicto condenatorio por maltrato a funcionario de Carabineros y la sentencia se conocerá el 1 de febrero.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la libertad de Esteban Moya, uno de los dos auxiliares sentenciados en la causa por abusos sexuales a menores de 11 años. Su permanencia en la cárcel fue rebajada en 22 meses, tras acogerse a la ley que entrega este beneficio para quienes son calificados con "buena conducta". Carabineros será el encargado de vigilarlo hasta 10 años después de obtenida su libertad.
Si hace dos años fue Segundo el que acusó a su hermano de manejar indebidamente los negocios, ahora es Jonás el que inició la acción judicial por el mismo delito. Denuncia que venta de participación de concesiones mineras impulsada por Segundo sólo tuvo por finalidad beneficiar a una persona en particular, causando perjuicios por $400 millones en su principal negocio: la Minera Carola.
