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Golpeados por la noticia de que Chile no será sede en el evento deportivo, duras críticas de la oposición a la ministra Carolina Tohá por la agenda de seguridad y los cuestionamientos a la titular de la Segegob, Camila Vallejo, fueron algunos de los flancos que tuvo que intentar contener La Moneda.
"La regla como quedó exime en el caso de los campamentos no la pena, sino que la detención, entonces esas personas cometen igualmente el delito. No pueden ser detenidas, pero igualmente pueden ser condenadas penalmente", argumentó el titular de Justicia.
En una tensa sesión en el Senado, la ministra del Interior criticó que la iniciativa tal y como fue despachada por el Congreso "puede aplicar cárcel a personas que están en campamentos” y que las disposiciones transitorias aplicadas por los legisladores para evitar ese escenario solo tendrían efectos policiales, mas no judiciales.
En una tensa sesión, la ministra del Interior llamó a los parlamentarios a lograr un acuerdo para sacar adelante "este veto para que quede una buena ley, eso no quiere decir que va a quedar una ley que nos guste a todos, pero hay algo peor que eso: una ley inorgánica e incongruente".
En lo que va del año, según cifras del Ministerio Público, se han registrado 1.593 casos a nivel nacional de usurpaciones violentas y no violentas. Lo anterior es parte de la discusión luego de que el gobierno decidiera vetar la iniciativa aprobada por el Congreso y con la cual se busca penar con cárcel este tipo de delitos.
A juicio del diputado, "la fórmula del gobierno mejora el proyecto de usurpaciones, pero de todos modos me merece duda la aplicación de la pena de cárcel para quienes realicen tomas no violentas".
Senadores opositores salieron en bloque a criticar la postura del Ejecutivo tras intervención de ministra Tohá durante discusión de prórroga de Estado de Excepción en Macrozona Sur, donde la secretaria de Estado volvió a salir a aclarar que el uso del concepto de usurpaciones pacíficas fue "erróneo".
Si bien la iniciativa fue enviada por el propio Ejecutivo en mayo de este año, durante el trámite legislativo sufrió modificaciones que calificaban como delito el porte injustificado de combustible en manifestaciones, en un contexto en que el gobierno buscaba modificar el Código Penal para sancionar solo como falta aquella conducta y no como ilícito. Durante la tramitación, el Ejecutivo había hecho reserva de constitucionalidad.
La lectura que existe en el Ejecutivo es que el principal problema para sacar adelante el veto no es legislativo, sino el riesgo de que la oposición se anote un triunfo comunicacional, debido al apoyo mayoritario que muestran las encuestas a una iniciativa contra las tomas de propiedades, hoy penalizadas solo con multas. En medio de esto, el gobierno anunció este martes discusión inmediata para las observaciones a la iniciativa.
La ministra del Interior había utilizado el término “usurpación pacífica” para definir los casos en los que no se presente violencia o intimidación a las personas. Todo ello, en el marco de la discusión por el veto del gobierno al proyecto de Ley de Usurpaciones. Esta mañana, sin embargo, recalcó que el "término correcto" al que aludía es usurpación "no violenta".
Ahora será la Cámara Alta la que deberá pronunciarse sobre las 14 observaciones enviadas por el Ejecutivo, que deberán ser aprobadas o rechazadas por mayoría simple. En este último caso, los legisladores podrán reponer el texto original por 2/3 de los senadores en ejercicio.
A pesar de la resistencia de la derecha, el gobierno sólo necesita 18 senadores (si es que hay asistencia completa), justo la cantidad que suman las bancadas oficialistas, para eliminar los aspectos que más le disgustaban de la ley despachada por el Congreso. Sin embargo, la discusión de las observaciones a la iniciativa se complica con las penas para las tomas no violentas. En este último nudo, hay reparos de la oposición y del PC.
"Cuando una persona tiene un terreno y alguien lo usurpa, eso es un acto violento. Todas las usurpaciones tienen que tener pena de cárcel, aunque no se use la fuerza. Cuando tomo una cosa que no es mía, eso es un delito. Las cosas hay que calificarlas como corresponde", señaló el presidente de la Cámara de Diputados.
Dentro de su misiva, los legisladores acusan que la medida del Ejecutivo “socava” la agenda de seguridad y “contraviene la voluntad de una mayoría de los chilenos”. Desde Republicanos y el PDG también cuestionaron el veto al proyecto.
