El enviado de la ONU para la paz en Medio Oriente, Tor Wennesland, dijo al Consejo que existe un riesgo “muy real y extremadamente peligroso” de que el conflicto se extienda.
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Si bien la fórmula intermedia de La Moneda para las tomas "no violentas" no agrada a la oposición, en caso de que se rechace esa propuesta gubernamental regiría lo que dice actualmente el Código Penal: una multa.
La parlamentaria, además, respaldó los dichos de la ministra Carolina Tohá, quien señaló en el Congreso que el proyecto de ley de usurpaciones “puede aplicar cárcel a personas que están en campamentos”.
En una tensa sesión, la ministra del Interior llamó a los parlamentarios a lograr un acuerdo para sacar adelante "este veto para que quede una buena ley, eso no quiere decir que va a quedar una ley que nos guste a todos, pero hay algo peor que eso: una ley inorgánica e incongruente".
Si bien la iniciativa fue enviada por el propio Ejecutivo, durante el trámite legislativo la oposición endureció la norma y calificó el porte injustificado de acelerantes como delito. Pese a que el gobierno quería forzar una nueva negociación, la Cámara despachó a ley el texto, lo que obliga al Presidente a promulgarlo. La aplastante derrota se sumó a los cambios que sufrió el gobierno en la normativa de usurpaciones.
Si bien la iniciativa fue enviada por el propio Ejecutivo en mayo de este año, durante el trámite legislativo sufrió modificaciones que calificaban como delito el porte injustificado de combustible en manifestaciones, en un contexto en que el gobierno buscaba modificar el Código Penal para sancionar solo como falta aquella conducta y no como ilícito. Durante la tramitación, el Ejecutivo había hecho reserva de constitucionalidad.
La lectura que existe en el Ejecutivo es que el principal problema para sacar adelante el veto no es legislativo, sino el riesgo de que la oposición se anote un triunfo comunicacional, debido al apoyo mayoritario que muestran las encuestas a una iniciativa contra las tomas de propiedades, hoy penalizadas solo con multas. En medio de esto, el gobierno anunció este martes discusión inmediata para las observaciones a la iniciativa.
A pesar de la resistencia de la derecha, el gobierno sólo necesita 18 senadores (si es que hay asistencia completa), justo la cantidad que suman las bancadas oficialistas, para eliminar los aspectos que más le disgustaban de la ley despachada por el Congreso. Sin embargo, la discusión de las observaciones a la iniciativa se complica con las penas para las tomas no violentas. En este último nudo, hay reparos de la oposición y del PC.
"Cuando una persona tiene un terreno y alguien lo usurpa, eso es un acto violento. Todas las usurpaciones tienen que tener pena de cárcel, aunque no se use la fuerza. Cuando tomo una cosa que no es mía, eso es un delito. Las cosas hay que calificarlas como corresponde", señaló el presidente de la Cámara de Diputados.
El militante de Evópoli y parlamentario por la Región de La Araucanía advirtió que “el ánimo después de la decisión de ellos no es el mismo", con respecto a la agenda de seguridad que se discute en esa instancia legislativa. En la mañana desde el gobierno las ministras Carolina Tohá y Camila Vallejo salieron a defender la decisión del Ejecutivo.
"Se estaba desvirtuando esto y estaba abriendo paso a generar una especie de ley de la selva, la ley del más fuerte para enfrentar este tipo de delitos", advirtió la vocera de gobierno.
Desde el gobierno, ingresaron una de las iniciativas para frenar la legítima defensa privilegiada, que permitía que los civiles puedan recuperar sus inmuebles sin la intervención de Carabineros, lo que ha sido duramente criticado por el oficialismo.
Además, la ministra del Interior, manifestó que “como Ejecutivo no es que nos guste presentar vetos, son siempre polémicos y se usan en casos excepcionales”.
Dentro de su misiva, los legisladores acusan que la medida del Ejecutivo “socava” la agenda de seguridad y “contraviene la voluntad de una mayoría de los chilenos”. Desde Republicanos y el PDG también cuestionaron el veto al proyecto.
El Ejecutivo ingresó las correcciones a la iniciativa con el objetivo de eliminar la legítima defensa privilegiada, que permitía -a su juicio- una “justicia por mano propia”. Hasta el final, el nudo fue la pena de cárcel para las tomas no violentas.
