El Ejecutivo descartó presentar un veto único de carácter sustitutivo y optó por realizar observaciones separadas, incluyendo algunas "aditivas, otras son supresivas, otras son sustitutivas”, según informó la ministra del Interior, Carolina Tohá.
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A horas de que venza el plazo que tiene el Ejecutivo para ingresar el documento, el presidente del Senado señaló también que si se va "desnaturalizar (la ley) y dejar parecido a como era antes el tema de usurpación, vamos a tener un problema severo".
La autoridad de gobierno se refirió a las observaciones que enviará este viernes el Presidente Gabriel Boric, asegurando que además de diferenciar la gravedad de las apropiaciones ilegales, “nuestro veto tiene como foco poder eliminar por cierto lo que es la legítima defensa privilegiada”.
En los casos en que las usurpaciones incurran en violencia o engaños, en el gobierno y en el oficialismo mayoritariamente están de acuerdo de que existan penas de cárcel. Sin embargo, para asegurar el respaldo de las bancadas de izquierda, el Ejecutivo propondrá una redacción para que la norma señale que puede haber penas desde una multa hasta presidio, lo que deja en manos del juez decidir la sanción, caso a caso.
Según quienes han participado de las tratativas, el principal nudo es el catálogo de penas. Actualmente el Código Penal sólo contempla multas para quienes ejecuten tomas de inmuebles, aspecto que el proyecto pretende cambiar. La senadora Claudia Pascual (PC) agregó que esperan que “esta legislación no termine criminalizando a dirigentes sociales y con todos ellos presos”.
“La usurpación es un delito que ya está tipificado en el Código Penal", remarcó el jefe de bancada de los diputados comunistas, Luis Cuello, quien se declaró contrario al alza de penas de cárcel y a la legítima defensa privilegiada. La Moneda tiene plazo hasta el próximo viernes 29 para enviar sus observaciones para corregir la iniciativa.
La Moneda tiene plazo hasta el próximo viernes 29 para enviar un veto que cambie la iniciativa. Sin embargo, la intención del Ejecutivo de reemplazar todo el texto aprobado en el Congreso, generó una ola de críticas desde la DC hasta la derecha. Ante el riesgo de que se cayera la ley, el gobierno y la oposición instalaron una mesa técnica para concordar posibles enmiendas dentro de los próximos siete días.
El titular de la Segpres afirmó que las observaciones serán presentadas en el “plazo correspondiente” -vence el 29 de septiembre- y adelantó que durante la jornada de este jueves sostendrán reuniones con representantes de la oposición.
La propuesta que ingresará el Ejecutivo reemplazará todo el texto que aprobaron el Senado y la Cámara. Ello obliga a los parlamentarios a votar las observaciones del Presidente como si fueran un paquete cerrado. Si es rechazado el veto, existe un alto riesgo de que se caiga toda la ley.
La titular de Interior justificó el camino que adoptará el Ejecutivo con la intención de modificar la norma aprobada en el Congreso. Por otro lado, aseguró que no renuncia a la posibilidad de una "declaración transversal" por la defensa de la democracia y derechos humanos, a días de los 50 años del Golpe de Estado.
Tras la aprobación de la Ley de Usurpaciones, la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que el gobierno vetará solo la norma que "permite que las personas, por mano propia, con bandas armadas y de manera indefinida en el tiempo, puedan ir por sus propias manos a reivindicar sus derechos".
En ningún dispositivo entregado por la empresa se podrá ingresar a ChatGPT o herramientas similares, y los empleados que incumplan, podrían ser despedidos.
Aunque los ministros culparon a la derecha, en la derrota también incidió la ausencia, el rechazo o la abstención de 16 diputados oficialistas. Ahora La Moneda está obligada a renovar el estado de excepción para el sur -medida resistida por el PC y el Frente Amplio- o presentar una nueva reforma para iniciar su tramitación desde cero.
Los cambios impulsados por el Ejecutivo no fueron respaldados por los legisladores de la Cámara Baja, quienes rechazaron el veto por 61 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones. Los desmarques provinieron por parte de legisladores de la derecha, así como también del propio oficialismo.
La resolución, que fue redactada por Irlanda y Noruega, ha recibido 13 votos a favor. Por su parte, Rusia votó en contra, mientras que China se abstuvo.
