Algunos de los residentes de los edificios evacuados aseguran que no firmarán la declaración jurada exigida para ingresar y retirar enseres, pues ella exime de responsabilidad al Estado en caso de producirse algún accidente.
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El terreno en la Ciudad Jardín es uno de los tres que el Estado intenta restituir en la zona para atender la crisis habitacional. Pero la gestión, que comenzó hace años, ha avanzado lento y con total discreción. Hasta ahora la Marina no ha entregado nada, muy por el contrario al Ejército, que ya cedió 12 terrenos en siete regiones del país.
La acción, rechazada por la Corte de Apelaciones, buscaba que los residentes evacuados pudieran retornar a sus hogares hasta conocer los informes técnicos que respalden el desalojo. “No se advierte la existencia de un acto ilegal”, reza el fallo, aunque la teleserie continuará, toda vez que algunos propietarios, representados por dos abogadas, presentaron un recurso de reposición.
En su denuncia, la fundación afirma, que dada la pendiente de los terrenos, los edificios evacuados por los socavones tuvieron que ser del tipo escalonado. En este sentido, solicita al contralor que "inicie sumarios administrativos en contra de todos los funcionarios municipales que han intervenido en las aprobaciones de los respectivos permisos".
Desde el Senapred sostuvieron una reunión con la empresa que realizará el monitoreo de estabilidad para realizar un ingreso seguro a los edificios afectados, cuya fecha aún es incierta. Carabineros informó de 25 denuncias ante tribunales por no respetar instrucción de la autoridad.
El general director de la institución, Ricardo Yáñez, felicitó a los uniformados: "No solo prestan ayuda a la coordinación de estas actividades, sino que también protagonistas". Los cabos Michael Pinela y Marisela Echeverría obtuvieron el primer lugar en las categorías 42K y 10K, respectivamente.
Una es contra la Dirección de Obras Municipales, por aprobar la construcción de edificios en las dunas. Otra, contra la municipalidad, el Ministerio de Obras Públicas y el Serviu, por su inacción ante el desplazamiento de una calle aledaña. La última es contra el MOP, por parte de una inmobiliaria. La empresa acusa que el primer derrumbe afecta su terreno.
El hecho ocurrió el pasado 24 de septiembre, cuando la víctima, luego de haber estado en el casino de la Ciudad Jardín, tomó contacto con ambas imputadas. La PDI confirmó que el deceso fue producto de una asfixia por estrangulación y sofocación.
Hoy se realizó una mesa técnica en Valparaíso para evaluar las medidas en torno a la emergencia.
El catálogo nacional del Sernageomin da cuenta de 10 remociones en masa en el entorno del campo dunar en los últimos 16 años. Tres de ellas se produjeron por sismos, otras tres, por precipitaciones y dos (las actuales) por la rotura de un colector de aguas lluvias. Como consecuencia, se ha observado la caída de casas construidas sobre dunas, destrucción de habitaciones, arena cubriendo los primeros pisos de un edificio y la fractura de calles, veredas y losas de estacionamientos.
Tras los bullados casos causados por socavones en el campo dunar de Reñaca Norte, se reveló otro caso similar en Cachagua. En este mismo sector una investigación de 2001 ya revelaba la fragilidad de estos ecosistemas y explicaba por qué no se debían intervenir y menos construir edificios habitacionales.
Mientras el contrato entre la aseguradora Mapfre y la comunidad del edificio Miramar Reñaca solo cubre “riesgos de la naturaleza”, Sernapesca pidió investigar la presunta "afectación a especies hidrobiológicas" producto de los deslizamientos, al tiempo que un abogado denunció al Fisco “la grave amenaza de ruina y peligro”. Asimismo, la Fundación Defendamos la Ciudad pidió a la alcaldesa Ripamonti autodenunciar al municipio para que la Fiscalía investigue los permisos de obras, todo esto en tanto los edificios se mantienen inhabitados.
El gobernador de la Región de Valparaíso señaló también que “jamás debieron haberse desarrollado proyectos inmobiliarios sobre ecosistemas que están absolutamente fragilizados”. Por otro lado, la autoridad regional enfatizó que se necesita una nueva ley de urbanismo y construcción, con foco en la protección del medio ambiente.
Pericia antropométrica fue clave para determinar responsabilidad de sujeto que fue aprehendido en el cerro Placeres de Valparaíso.
