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En un contexto de violencia y desconfianza al interior y hacia los establecimientos educacionales, la formación en la enseñanza básica y media se hace cada vez más compleja. ¿De qué manera se puede organizar una comunidad educativa para poder hacer frente a este problema? Parte de la respuesta pasa por volver a comprender la razón de ser de la educación, un desafío que es abordado en esta nota por Klaus Droste, Dr. en Humanidades y decano de la Facultad de Psicología y Humanidades de la U. San Sebastián.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se reunió este martes con directores de establecimientos educacionales de la Región Metropolitana para analizar los resultados de la encuesta “Prácticas de gestión y situaciones problemáticas de la convivencia escolar”.

Si hace apenas diez días el Liceo de Aplicación se robaba las miradas por un alumno quemado, este lunes fue el turno del recinto ubicado en Avenida España, luego de que a una estudiante le hicieran una encerrona en un baño y la envolvieran con una manta antes de provocarle la herida.

La decisión adoptada por las autoridades de Calama este miércoles se está transformando en una constante ante hechos de similar magnitud. Solo este año al menos cinco regiones ya han sido testigo de desenlaces parecidos.

La cartera junto con Interior, la Superintendencia de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social trabajaron en un extenso documento que, tal como la Operación Deyse lo hace con los desastres naturales, fija parámetros de acción para las comunidades educativas ante hechos constitutivos de delito dentro o fuera de sus establecimientos.

Según cifras de la Superintendencia de Educación, en dos semanas desde el inicio del año escolar las denuncias llegaron a 230, mientras que en 2018 fueron 127.

La alcaldesa Irací Hassler y la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvieron una cita en la que, según el municipio, La Moneda prometió trabajar en un plan para enfrentar la violencia escolar y presentárselos "antes de marzo", lo que, a un día de que se acabe febrero, aún no ocurre. Mientras, la policía reforzará puntos críticos.

Tomas, paros, protestas y violencia. El tradicional liceo santiaguino ha vivido un complejo 2022, en el que a pesar de los esfuerzos, no se ha logrado dar con una salida que lo devuelva a los lugares de excelencia que tuvo en el pasado.

Los registros de la Superintendencia de Educación revelan que el promedio de acusaciones de ese tipo recibidas hasta el 7 de junio entre 2018 y 2019 -años previos a la pandemia- fue de 1.179, mientras que a la misma fecha de este año la cifra llegó a 1.890 reportes de este tipo.

Un grupo de al menos cinco estudiantes se abalanzó contra otro joven, propinándole heridas cortopunzantes y patadas, situación que quedó registrada en videos que fueron viralizados en redes sociales. Dos jóvenes resultaron detenidos, los que fueron dejaron en libertad posteriormente.

Lo ocurrido en el Liceo Industrial Benjamín Franklin pareciera no ser un hecho aislado. Y más allá de que en algunos casos fue en tono de broma, otros colegios suspendieron clases, PDI y fiscalía investigan, y ya hay un formalizado en Valdivia.

La cartera convocó a 13 expertos para hacer frente a los episodios críticos que se han dado con el retorno a clases presenciales.

La experta en educación socioemocional, Lorea Martínez, aborda en entrevista con La Tercera el agresivo retorno presencial a clases que se ha registrado en el país. En su análisis dice además que los factores podrían apuntar a los encierros de la pandemia, pero también a factores que se arrastraban desde antes, como el estallido social que vivió Chile. La académica recomienda priorizar la salud mental de los estudiantes y que ese tema se trabaje de forma permanente como parte del programa educativo de los colegios.

El titular del Mineduc encabezó en la Defensoría de la Niñez, liderada por Patricia Muñoz, un encuentro con los subsecretarios de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, de la Niñez, Rocío Faúndez; de Justicia, Jaime Gajardo; y de Redes Asistenciales, Fernando Araos y la Asociación Chilena de Municipalidades (AMUCH). Al término de la cita también señaló que han ingresado a la Superintendencia de Educación aproximadamente 1.500 denuncias, de las cuales el “30% tiene que ver con situaciones de violencia”.