"Continuaremos con el trabajo que hemos trazado desde 2022, consolidando las inversiones en la región, y avanzando en distintos mecanismos que nos permitan resolver temas complejos que históricamente no hemos podido solucionar", señaló Víctor Ramos.
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En la comuna de Galvarino, representantes de "Buca Rincón" denunciaron que hace dos años, integrantes de la agrupación "Trif-Trifco” se tomaron sus terrenos y además les piden un porcentaje de su cosecha. Carabineros fue requerido para custodiar los traslados de los dueños del predio.
Monsalve destacó que para 2023 el Presidente Boric se comprometió a alcanzar 7.000 millones con el objetivo de atender a las víctimas de ese año.
La autoridad regional asegura que sigue siendo necesario el despliegue de militares y defiende el uso del estado de excepción en la zona. "Usaremos esta medida hasta que sea necesario y no tengamos alguna otra alternativa", advierte.
La iniciativa quedó plasmada en la glosa del Programa de Derechos Humanos donde el Ejecutivo se ve obligado a informar al Congreso, antes del 31 de marzo de 2023, “el cronograma de implementación y aspectos técnicos generales para reparar a las víctimas de la violencia rural y el terrorismo en las regiones del sur de Chile".
Helmuth Grollmus (85) y su hijo Christian (55) presentaron una querella por el ataque del que fueron víctimas en Contulmo en agosto pasado, el cual fue calificado como un acto "de carácter terrorista" por el Presidente Boric. Mismo camino inició Carlos Grollmus (79), quien sacó la peor parte de esa fatídica noche: la amputación de una de sus piernas. Las víctimas invocaron los delitos de incendio, homicidio frustrado, porte ilegal de armas y maltrato animal.
El menor del clan ha tenido un rol lejano a la primera línea de acción de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), aunque con el tiempo ha ido apareciendo cada vez más en las operaciones de sabotaje del grupo radical mapuche. En su prontuario cuenta con dos detenciones previas y un sospechoso enfrentamiento con Carabineros, revelado por su propio padre en una de las escuchas telefónicas que la PDI pinchó en la investigación que siguen contra Héctor Llaitul.
Entidad dio a conocer informe, con datos recabados de publicaciones en la prensa, que sostiene que violencia aumentó en 41% si se comparan los 132 días que lleva vigente la medida con las cifras cuando fue decretado durante el gobierno de Sebastián Piñera.
“Vinimos a entregar una carta al Presidente de la República para solicitarle que no nos abandonen, que el gobierno nos escuche, que necesitamos justicia y reparación por todo el terrorismo que se sigue viviendo", expresó la hija de Joel Ovalle, agricultor asesinado en enero.
Desconocidos irrumpieron en el fundo Porvenir. "Esperamos recabar de forma rápida y responsable la mayor cantidad de antecedentes para evaluar las acciones legales y las medidas inmediatas", señaló la delegada presidencial regional, Paola Peña Marín.
Preocupación existe en esta asociación por el incremento de ataques de este tipo en la zona, que pasaron de 67 eventos de este tipo a 71 en los últimos días. Además, registraron un alza de un 120% en actos de violencia rural en la Región de Los Ríos, en medio de la discusión sobre la eventual cuarta extensión de la presencia de militares en la Macrozona Sur.
La Fiscalía señaló que "habría antecedentes de participación de terceros" en la quema -el lunes- de una grúa para maquinaria pesada en Santa Cruz. Hace una semana se registró un robo e incendio a empresa forestal en Paredones. El gobernador regional, Pablo Silva, se mostró "más bien cauto en esperar el desarrollo de la investigación antes de emitir una opinión con respecto a la causa de los hechos en los dos casos, que se parecen porque hay quema de maquinaria, pero no sé si están vinculados o no”.
Durante este año, en Biobío, La Araucanía y Los Ríos se han registrado 14 atentados contra las unidades policiales. El año pasado, en total, fueron 13 -misma cifra que en 2020-, mientras que en 2019 estos eventos no superaron los siete. La situación preocupa en la institución, donde lo atribuyen directamente a “organizaciones violentistas y radicalizadas”.
Hasta el momento ninguna organización se ha adjudicado los ataques. El alcalde, Gastón Mella, dijo que se "vivió una noche de terror". También demandó apoyo de las autoridades de Educación para que los alumnos que estudiaban en la escuela-internado pueda continuar el semestre.
El Ministerio del Interior concretó la ampliación de la querella por Ley de Seguridad del Estado en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en la que, además, advirtió que sus declaraciones podrían tener algún tipo de vínculo con una serie de atentados entre el Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Sobre la figura del ex FPMR, el Ejecutivo en el documento sostiene que siempre “ha validado públicamente la vía armada como un mecanismo legítimo para reivindicar demandas sociales".
