Los “constructores” de los pueblos

Apenas unos meses antes de que se iniciara el proyecto Cumbres de San Lorenzo, a unos pocos kilómetros de distancia, en la misma parcelación agrícola de El Tigre, en Longotoma, surgió otro loteo de similares características y en los que se aprecia el mismo modus operandi. Esta vez quien aparece vinculado es Óscar Daniel Boris Ardiles Opazo, un joven abogado que hace algunos años, en 2008, intentó sin éxito convertirse en concejal de La Ligua de la mano del Partido Socialista.

Sobrino de la exconcejala comunista Ana Ardiles Saavedra -exbrazo derecho del alcalde Rodrigo Sánchez Villalobos, quien administró La Ligua desde 2008 hasta mediados de 2021-, Óscar Ardiles no había tenido hasta entonces una actividad política destacada en la zona.

El 8 de septiembre de 2020 firmó en Santiago, en la Notaría de Humberto Quezada, las escrituras por la compra de dos parcelas de 1,7 y 1,3 hectáreas, respectivamente, en el sector de El Tigre, Longotoma. Las adquirió en cerca de siete millones de pesos cada una.

Apenas una semana después, el 17 de septiembre 2020, Ardiles Opazo, vendió las dos parcelas en 18.000.0000 de pesos cada una a una sociedad por acciones: “Lomas de Longotoma SpA”. Según las escrituras, el administrador y representante legal de esa sociedad por acciones es Cristóbal Canales Núñez.

En menos de un año, según las inscripciones anotadas en el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades, se realizaron más de 50 operaciones de ventas de acciones de “Lomas de Longotoma SpA”, un claro indicio de la existencia de un loteo irregular.

En PortalTerreno.cl, incluso, aún es posible encontrar avisos de terrenos de 500 metros cuadrados en “Lomas de Longotoma Etapa II, a $3.500.000. “Éxito de ventas”, indica el aviso, donde se aprecia que los terrenos ya no están disponibles, pues fueron vendidos.

En Huaquén, Óscar Ardiles es muy conocido. Su nombre está ligado de una u otra forma a varias operaciones de compraventa de parcelas inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de La Ligua a nombre de sociedades por acciones, entre julio y octubre de 2019. Todas se llaman Los Bosques de Huaquén SpA, sólo va cambiando el número que las identifica, según el dígito de la antigua parcela -36, 39, 47, 48 y 80-.

Consultado para este reportaje, Ardiles admite ser uno de los abogados que han redactado escrituras de compraventas de propiedades y de cesiones de derechos para diferentes grupos en La Ligua, especialmente las sociedades Sol del Valle Spa, las que le eran encargadas por Silvia Meza Millar, y para los hermanos Lorenzo y Claudio Salazar Saavedra.

“Los documentos que me han encargado los he hecho dentro del marco legal. El fin con que se utiliza un documento no es algo que pueda controlar quien lo redacta. Las escrituras dicen que se respeta el uso del suelo, que están conscientes de las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcción, en fin, si a mí me encargan un trabajo y, en definitiva, el fin de ese documento se usa de otra forma, no es mi responsabilidad. Ahí hay una especie de limbo, pero si a mí me piden como abogado una escritura de cesión de derecho, por qué no voy a hacerla”.

Óscar Ardiles

Pero hay más que eso. Órcar Ardiles Opazo es quien controla el agua potable en la zona de Los Bosques de Huaquén.

En noviembre de 2018, Ardiles transfirió a cambio de 35 millones de pesos todos los derechos que tenía respecto de la parcela 24, en el sector de Los Vencedores de Huaquén, un terreno estratégico de la antigua hacienda ganadera, pues allí siempre ha estado la única aguada donde los animales podían ir a beber. El comprador de esos derechos fue una sociedad por acciones creada poco antes: Servicios Sanitarios Aguas de Huaquén SpA, cuyo administrador, gerente general y representante legal, hasta hoy, es el mismo Óscar Ardiles.

En enero de 2019, Ardiles, en representación de Servicios Sanitarios Aguas de Huaquén SpA, inscribió en el Conservador de Bienes Raíces de La Ligua los derechos de aprovechamiento consuntivo de agua subterránea de uso continuo por 0,5 litros por segundo. Derechos que había adquirido tres años antes, por apenas la suma de tres millones de pesos.

Desde entonces, el Programa de Agua Rural (APR) en manos de esta sociedad por acciones cobra cerca de un millón de pesos a cada vecino por los empalmes que les permitan conseguir agua. La alternativa para los recién llegados vecinos del loteo es adquirir el agua a los camiones aljibes de los hermanos Saavedra Salazar, que la venden en 10.000 pesos los mil litros.

“Él (un amigo) se dio cuenta de que los caminos de acceso a Huaquén eran todos privados y que tras la subdivisión inicial no se habían gravado servidumbres. Así como nació el negocio de la luz con los loteos, a esta persona se le ocurrió que podía haber un buen negocio en el tema del agua”.

Óscar Ardiles

Para ello se hicieron de las servidumbres de los caminos interiores para poder trazar un proyecto de suministro de agua potable a los pobladores. “El proyecto requiere una inversión enorme, por eso la idea siempre fue que este proyecto fuera cofinanciado, en cierta manera, es decir, que la gente que se quisiera sumar en su momento, pagara un porcentaje del costo del empalme.

“Pero el proyecto quedó en stand by. El año pasado tratamos de relanzarlo, pero quedó paralizado. Venían las elecciones de alcalde y se produjo una situación incómoda para nosotros, porque se nos acusó de ser palos blancos de uno u otro candidato a la alcaldía, unos decían que trabajábamos para el candidato Rubén Díaz, otros para el exalcalde Rodrigo Sánchez, cosa que nunca fue así. Por otro lado, algunos pobladores acusaban que se trataba de una estafa, otros estaban de acuerdo en que era una buena solución. Así que paramos el proyecto de agua potable”, reconoce el abogado Óscar Ardiles.

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La pareja formada por Patricio Antolín Rojas Oyarce y Elizabeth Noemí Hernández Soto está presente en cada rincón de la provincia de Petorca. Pero no viven en la zona. Son de la Región Metropolitana, donde tiene su residencia y la de la casa matriz de las inmobiliarias que han creado: Rocagiant Ltda., Oregón Ltda. y Lipangue SpA, con las que han comprado grandes extensiones de terrenos agrícolas en las comunas de Papudo y La Ligua, las que han subdividido y siguen haciéndolo hasta hoy a través del sistema de cesiones de derechos. Por eso, en La Ligua les llaman los afuerinos o los “iniciadores”.

Loteadores de terrenos como Claudio Salazar Saavedra y otros, que prefirieron hablar en reserva de su identidad, apuntan a Rojas Oyarce y Hernández Soto al hablar de quiénes aprendieron el negocio.

Fue en febrero de 2012 cuando aparecieron en Papudo, de la mano de su sociedad Inmobiliaria Oregón. Compraron 21,05 héctáreas de terrenos agrícolas a los campesinos de la zona de Divisadero, El Tomé y Los Sauces, donde hoy se emplazan los “condominios” Campo Mar, Aire Mar I y II, entre otros.

En 2014, cuando las poblaciones ya se habían expandido, la Municipalidad de Papudo y la Intendencia de Valparaíso presentaron una querella en contra de la pareja como autores del delito de infracción al Artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, precisamente el que sanciona los loteos irregulares. Algunas personas que habían comprado en $5.000.000 “terrenos” a la empresa Oregón Ltda. se plegaron a la investigación abierta por la Fiscalía de La Ligua, imputando el delito de estafa.

Rojas Oyarce y Hernández Soto contrataron como abogada defensora a la exfiscal Marisa Navarrete, especialista en delitos económicos.

Fue una oportunidad perdida de poner freno a los loteos brujos en la zona.

Pese a que era evidente la construcción de miles de viviendas en lugares no permitidos, la defensa de Pedro Rojas Oyarce y de Soto Hernández planteó que sus defendidos sólo vendían cesiones de derechos en terrenos agrícolas, algo que es legal. Y que nunca habían proyectado ni realizado obras de urbanización. “Se han construido más viviendas de las que permite el Plan Regulador, pero ¿de quién es la responsabilidad de esas construcciones sin permiso? ¿Del que construye? ¿Del que vende el terreno? ¿O de las autoridades que tiene la facultad de fiscalizar y de evitar tales construcciones?, señaló la defensa de los dueños de la empresa Oregón durante el juicio oral que se desarrolló en el Tribunal de Quillota.

Si había un responsable, eran las personas que compraban en esos lugares y habían construido sus viviendas, esgrimió la defensa.

La fiscalía tampoco pudo acreditar el presunto delito de fraude. Las escrituras de cesión de derechos señalan claramente que el terreno no tiene uso habitacional.

En 2017, el tribunal oral de Quillota absolvió a los imputados por estimar que la cesión de derechos era legal. Para entonces, Pedro Oyarce y Hernández Soto estaban lejos de ser los únicos que se dedicaban a este negocio en la zona.

Como ya no quedaban terrenos junto a la carretera en Papudo, se extendieron a Huaquén.

A partir de entonces, los dueños de Rocagiant Ltda., Pedro Antolín Rojas Oyarce y Elizabeth Hernández Soto, iniciaron un vertiginoso traspaso de los lotes ya subdivididos a personas de su confianza. A su nombre sólo inscribieron los lotes 47-A-11 y 47-A-22. Hay otro lote, el número 9, cuya transferencia aún está pendiente en el Conservador de Bienes Raíces. Allí, Elisabeth Hernández, en representación de la Constructora e Inmobiliaria Rocagiant Ltda., le está vendiendo el paño a la sociedad Lipangue, la que es representada, a su vez, por Pedro Rojas Oyarce.

El traspaso de los terrenos tendría un objetivo claro. Desde hace años, el conservador de Bienes Raíces de La Ligua, Claudio Rivera, tiene en la mira a estos y otros loteadores y sistemáticamente ha rehusado la inscripción de terrenos cuando detecta que están subdividiendo irregularmente por la vía de cesión de derechos. En 2017, incluso, el conservador recibió una andanada de reclamaciones. Más de un centenar en su contra por negarse a inscribir lo que a toda vista eran loteos brujos. Los propietarios de derechos, alentados por los mismos loteadores, llevaron los casos al Juzgado de Policía Local de La Ligua, el que falló en contra del conservador.

La pelea llegó a la Corte Suprema. Un fallo del máximo tribunal de la República en 2018 le dio la razón al Conservador de Bienes Raíces.

Desde entonces, algunos loteadores dejaron de vender derechos y comenzaron a traspasar los terrenos a nombre de sociedades por acciones, ocultando aún más las huellas de estas operaciones, de las cuales ya no quedan evidencias en el Registro de Comercio.

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A sus 36 años de edad, Karen Margot Vilches Olguín tiene el porvenir económico asegurado. En Huaquén, donde la conocen como “La Rucia”, se le ve a menudo conduciendo una camioneta Ford Ranger 4x4 blanca, recorriendo los múltiples terrenos de su propiedad.

El 7 de octubre de 2019, en la Notaría de La Ligua, Vilches junto a su padre, Juan de la Cruz Vilches Olmos -un campesino de la zona-, constituyeron la sociedad “Vilches Propiedades Limitada”, dedicada al corretaje de propiedades. Como capital accionario, puso su camioneta, la que ella tasó en 10 millones de pesos al momento de suscribir la sociedad, aunque su valor comercial puede fácilmente llegar al doble de eso.

Para entonces, Karen ya estaba dedicada a la venta de terrenos por la vía de cesión de derechos. Tal como había visto que hacía la Inmobiliaria Oregón, de propiedad de Pedro Antolín Rojas Oyarce.

Fue su padre, Juan de la Cruz Vilches, quien en 2019 accedió a vender el terreno de 3,4 hectáreas que la familia se había adjudicado el año 91, tras la disolución de la hacienda Huaquén, en la parcela 61 de Los Hornos de Huaquén. A través de cesiones de derechos, Karen Vilches, pudo subdividir la parcela de su padre en terrenos de 500 metros cuadrados. Por toda la operación, aseguran otros loteadores de la zona, obtuvo más de 300 millones de pesos, el doble de lo que podría haber obtenido si vendía en un solo paño.

El 17 de enero de 2020 compró en $85.000.000 un terreno de una 1,4 hectárea, en el Lote Ocho del sector de El Tomé, Divisadero, y que colinda con los loteos irregulares ya existentes junto a la Ruta E-30-F.

El predio quedó inscrito a nombre de “Vilches Propiedades Ltda.” en el Conservador de Bienes Raíces de La Ligua el 3 de febrero de 2020. Pocos días después comenzó la venta de los lotes a través de cesión de derechos, es decir, pequeños porcentajes de “la comunidad” que se estaba creando.

El mismo camino siguió Vilches Propiedades en la parcela 49-A, en el sector de Los Vencedores de Huaquén. Un terreno de 2,64 hectáreas que Karen Vilches compró el 9 de julio de 2021 en 110 millones de pesos. Lo inscribió en el Conservador de Bienes Raíces de La Ligua a nombre de Vilches Propiedades el 10 de agosto de 2021.

Cada miércoles y jueves, en la 41 Notaría de Santiago de Félix Jara Cadot, se reunían los compradores, en grupos. En la entrada, los funcionarios de la notaría les preguntaban el nombre del abogado a cargo de las escrituras, para así distinguir el terreno al que se referían. A veces había más de uno en venta.

Por correo electrónico les enviaban desde La Ligua las escrituras ya redactadas por el abogado Patricio Alejandro Staforelli Órdenes, y cuyos términos y condiciones les eran explicadas a los compradores en una oficina que les facilitaba la notaría de Félix Cadot por el “procurador” de Vilches Propiedades, Gonzalo Diego Rojas Escudero.

Las escrituras señalan que Vilches “no se dedica a la venta habitual de bienes inmuebles” y que “las partes dejan expresa constancia de conocer las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y declaran, bajo juramento, acatarlas en su totalidad”.

Además, establecen que “las partes se obligan a respetar la prohibición de cambiar el destino de los predios” y que “tratándose de un predio ubicado fuera de los límites urbanos establecidos en el plan regulador respectivo, no está permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones”.

En las cláusulas se establece que “la presente cesión de derechos no constituye subdivisión ni urbanización del predio singularizado en el contrato”.

Pero nada de eso ocurre en la realidad. Lo que se dice en las escrituras busca resguardarse de denuncias y eventuales querellas.

Entre los loteadores de La Ligua, varios señalan que Patricio Staforelli y Gonzalo Diego Rojas Escudero se encargan también de redactarle las escrituras a Sol del Valle SpA, otro de los grupos que operan en la zona y que, de hecho, tiene varios terrenos en venta, contiguos a los de Karen Vilches.

“Reconozco que he hecho cesiones de derechos. No tiene nada de ilegal la venta de derechos, sino lo que haga después la gente con el terreno que compra. Yo estoy vendiendo porcentajes y a la gente se le explica todos los detalles que implica una venta por cesión de derechos, que tiene prohibición de construcción y que no tiene inscripción en el Conservador de Bienes Raíces”, dice Karen Vilches.

“No sé que problemas le pueda traer esto a La Ligua, más que su crecimiento, porque la verdad es que La Ligua era muy precaria y muy chiquita en muchas cosas y ahora la gente que llega descarga su dinero acá, hace compras, ha hecho crecer a La Ligua. La municipalidad nunca se había hecho cargo de estos pueblos y ahora ha tenido que hacerse cargo”.

Karen Vilches

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A un kilómetro y medio desde la Ruta 5 Norte, en dirección a Huaquén, en un terreno privilegiado, en el plano, junto al camino y justo donde se inicia el masivo loteo ilegal de más de cuatro mil viviendas de Los Bosques de Huaquén, se encuentra la ferretería “El Papi”. Una de las dos que hay en el lugar y que surte de materiales de construcción, estaques de agua y fosas sépticas a los miles de nuevos pobladores que han llegado a la zona con la esperanza de levantar una segunda vivienda cerca del mar.

Su dueño es Cristián Meza Millar, socio y representante legal de la Sociedad de Inversiones Inmobiliarias Sol del Valle SpA, empresa que entre 2016 y 2020 inscribió a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces de La Ligua 16 predios rústicos repartidos entre el sector de Los Tigres, Quinquelles, Los Vencedores de Huaquén y Longotoma, la mayoría de los cuales hoy están loteados.

Cristián Meza no quiso entregar detalles sobre su participación en el negocio de compraventa de terrenos que ha proliferado en los últimos años en La Ligua.

Sólo explicó que en 2016 venía regresando a Chile desde California, Estados Unidos, donde había trabajado en una oficina de atención al cliente, cuando conoció a los hermanos Claudio y Lorenzo Saavedra Salazar. Ellos, asegura, fueron quienes lo habrían invitado a trabajar. Y que hoy sólo está dedicado a la ferretería, la misma que cuenta con patente municipal, otorgada por la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de La Ligua, bajo la administración anterior, pese a estar emplazada en un loteo irregular.

Sus primeros socios fueron los hermanos Cristián y Silvia Meza Millar (cada uno con el 20% de las acciones), Juan Francisco Barraza Vega (también con el 20%), quien también vivía en La Pincoya, y Margarita Herrera Olmos, como dueña del 40% de la sociedad

Margarita Herrera Olmos está vinculada, a su vez, a otra de las grandes loteadores de La Ligua: Magno Gestión Inmobiliaria SpA.

En Magno Gestión SpA, sin embargo, aseguran que ellos sólo se encargaron de realizar la gestión de ventas de las propiedades de Valle del Sol en los primeros meses y que a poco andar separaron aguas.

Efectivamente, el 17 de marzo de 2017, casi un año después de la constitución, Valle del Sol cambió sus estatutos y malla societaria. A partir de ese momento, los únicos socios que quedan registrados son Silvia Andrea Meza Millar y Juan Francisco Barraza Vega.

A poca distancia de “El Papi”, en otra de las parcelas en la zona baja de Los Bosques de Huaquén, la número 96, de siete mil metros cuadrados, está emplazada la ferretería “El Regalón”. Más grande, no sólo vende materiales de construcción, también tienen maquinaria pesada dedicada a abrir caminos y nivelar terrenos para los nuevos habitantes que llegan a los loteos. Su dueño es Claudio Salazar Saavedra, hermano de Lorenzo, quien asegura que, a diferencia de su hermano, él ya no sigue en la venta de terrenos, porque éstos han subido mucho de precio y no tiene dinero para invertir.

De 51 años de edad, agricultor, con estudios hasta octavo básico, Claudio reconoce que les vendió años atrás terrenos a los hermanos Meza, así fue como los conoció. Y nació Sol del Valle.

Con Sol del Valle alcanzó a vender seis parcelas en Los Bosques de Huaquén. Unas pocas de tres hectáreas, las más pequeñas de siete mil y cinco mil metros cuadrados, las que eran subdivididas en lotes de 500 metros cuadrados mediante la cesión de derechos. “Yo no soy muy letrado. Iba a La Ligua y los abogados me decían si está legalmente, si tú estás vendiendo derechos, no tiene ningún problema, porque lo que vendí yo se inscribió en el Conservador, porque después como a los dos años pararon el tema. Y bueno, yo ahí me retiré también”, asegura.

“Yo era más encargado de arreglar los caminos, de limpiar, cerrar, hacer cercos, esa era mi pega. Bueno, hasta el día de hoy la hago, si gente que viene yo hago los cercos y todo”, recalca. De las escrituras y los traspasos de terrenos se encargaban los Meza Millar, dice Claudio Saavedra. “Ellos eran los representantes legales de la sociedad, ellos hacían todo los que es trámites”, asegura.

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En el frontis del inmueble ubicado en la Av. Ortiz de Rosas 741, La Ligua, ya no hay ningún letrero que haga referencia a la empresa Magno Gestión Inmobiliaria SpA. En su lugar, aparece un enorme aviso que ocupa prácticamente todo el ventanal: Valle Petorca: Asesoría Legal y Soluciones Inmobiliarias.

Pero en La Ligua se sabe que esta sigue siendo la sede de Magno Gestión, una de las empresas que durante los últimos años vendió cesiones de derechos sobre terrenos agrícolas en la provincia de Petorca, posibilitando la creación de enormes poblaciones.

Al menos cuatro predios inscribió a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces la empresa Magno Gestión Inmobiliaria sólo en Huaquén. A eso se suma una parcela en los cerros de Papudo, una hijuela en Coquimbo y otra en La Unión, Décima Región.

Pero no son las únicas propiedades. También tiene otras tres parcelas inscritas a nombre de quienes están detrás de Magno: Macarena Herrena Olmos y su esposo Luis Rodrigo Flores Rojas. Una empresa familiar en la que también participan los hermanos menores de Macarena, Camilia y Edison Herrera Olmos, y que ya da trabajo a más de 40 personas y utilidades de 200 millones de pesos mensuales, según afirman extrabajadores de Magno.

En 2011, apenas, Macarena Herrera Olmos se desempeñaba en La Ligua como secretaria en el estudio profesional que tenía en la ciudad el abogado Juan Agustín Buzeta Novoa, por entonces jefe jurídico de la Municipalidad de Zapallar.

Ese año, Buzeta se llevó a Macarena Herrera como secretaria y administrativa a la dirección jurídica del Municipio de Zapallar, con un sueldo de $ 220.220 mensuales.

En Zapallar, Herrera Olmos se desempeñó hasta mediados de 2012, cuando fue desvinculada, poco después de que denunciara a su jefe por corrupción. Ante fiscalía, cuando se investigó el caso, ella admitió que Buzeta le ofreció subirle el sueldo a más del doble, a cambio de que le pasara a él 200 mil.

Por intermedio de Camila Herrera Olmos, gerenta de ventas de Magno Gestion Inmobiliaria SpA y hermana menor de Macarena Herrera, se consultó la versión de la sociedad respecto de los antecedentes que se mencionan en este reportaje. Se comprometieron a enviar una declaración por escrito, lo que hasta el cierre de este artículo no había sucedido.