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Contexto
En 2018 se inició una investigación por supuesta corrupción contra tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, uno de ellos se suicidó.
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Lo nuevo
Investigación y Datos LT accedió a la carpeta de investigación del caso. En las próximas semanas se hará la preparación del juicio oral contra uno.
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¿Por qué es importante?
Este es uno de los juicios más relevantes desde el inicio de la reforma procesal penal por la alta jerarquía que ostentaron los imputados.
Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez perdieron en 2019 su calidad de jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua cuando la Corte Suprema ratificó su remoción tras una serie de denuncias que los involucraban en actos de corrupción. El tercer juez involucrado en el caso, Marcelo Albornoz, se había suicidado en julio del mismo año. Desde entonces, los exmagistrados esperan su turno para protagonizar sus propios juicios desde un nuevo rol: el de imputados.
El primero de ellos será Emilio Elgueta, formalizado por los delitos de prevaricación, incremento patrimonial injustificado, nombramientos ilegales y cohecho. La preparación para el juicio oral comenzará en noviembre. El Ministerio Público ha solicitado más de diez años de pena, las que incluso podría cumplir con prisión efectiva.
Por la jerarquía de los acusados y el simbolismo que reviste para el Poder Judicial, este es considerado uno de los casos más importantes desde el inicio de la reforma procesal penal. Se espera que durante el juicio –el que podría realizarse a inicios del 2022– participen como testigos ministros de la Corte Suprema, jueces y funcionarios judiciales.
La carpeta investigativa sobre Elgueta y Vásquez, a la que el equipo de Investigación y Datos de La Tercera tuvo acceso, contiene –en miles de páginas, agrupadas en 53 tomos– testimonios, conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos y una serie de informes financieros.
Dentro de los testigos que hemos ofrecido, y que entendemos van a pasar el filtro de la audiencia de preparación de juicio oral, está la exministra Rosa María Maggi, tenemos citados a casi la totalidad de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, fiscales judiciales, y un gran número de jueces y funcionarios de la VI Región, y quienes han declarado sin ningún tipo de inconvenientes dentro de la investigación
Christian Toledo, fiscal Metropolitano Sur
“En principio, cuando todavía no eran expulsados los dos jueces, algunos manifestaban temor porque estas dos personas eran sus superiores jerárquicos, pero en general hemos tenido colaboración de todos los funcionarios”, añade Toledo, uno de los persecutores de la Fiscalía Metropolitana Sur que ha estado a cargo de la indagatoria.
La investigación, que fue separada, tiene una serie de elementos que arman un entramado bien complejo. Una de las aristas, por la cual incluso el Consejo de Defensa del Estado se querelló, apunta al tráfico de influencias para el nombramiento de distintas autoridades.
Entre las comunicaciones recabadas por la fiscalía y que forman parte de la carpeta de investigación, varios de los investigados mencionan frecuentemente al senador Juan Pablo Letelier (PS), aunque no existen elementos que vinculen al parlamentario en los delitos en cuestión.
Los jueces al banquillo
Todo partió en 2018 con una denuncia anónima que llegó al entonces fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias. Ahí se acusaba a los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua de haber incurrido en una serie de actos ilícitos. El persecutor inició entonces una investigación y al poco tiempo la Corte Suprema decidió también comenzar una indagatoria administrativa paralela.
Entre las situaciones que se imputaba a los jueces estaba haber interferido en la tramitación de acciones judiciales por amistad con intervinientes; haberse comunicado con abogados y partes litigantes en medio de procesos; haber exigido designaciones en puestos y haber aprobado nombramientos infringiendo las normas (como el caso de varias suplencias en el poder judicial que se le entregaron a la hija de Vásquez).
Incluso, en el caso de Elgueta se acusaba de haber exigido al propio fiscal Arias la designación de su excónyuge y pareja en cargos de la Fiscalía, manifestando su posterior molestia por no haberse materializado dicha situación.
No pasó mucho tiempo para que se presentara una primera formalización contra Emilio Elgueta.
Además, en el marco se la investigación administrativa por tráfico de influencias, a cargo de la jueza Rosa María Maggi, se pidiera la suspensión de los magistrados, lo que finalmente se materializó.
Para dar cuenta del tráfico de influencias de Elgueta dentro de las pruebas que se adjuntan en la carpeta investiga, hay una serie de conversaciones vía Whatsapp del exministro con distintos personeros judiciales.
Llama la atención por ejemplo un diálogo con un número asociado a Álvaro Saavedra, antes que este último asumiera como ministro interino de la Corte de Apelaciones de Rancagua con el propio Elgueta. A continuación la transcripción de ese diálogo:
Según los pantallazos al celular de Elgueta, más adelante se da el siguiente diálogo:
La caída
Ya para abril de 2019 se marcaba otro hito. Tras varias quejas de los propios imputados y otras situaciones, el fiscal nacional Jorge Abbott decidió sacar del caso al fiscal Arias y trasladar la investigación hasta la Fiscalía Metropolitana Sur. Solo unos días después del Consejo de Defensa del Estado decidió también querellarse contra los imputados.
En la dimensión administrativa se decretó la apertura de un cuaderno de remoción contra Elgueta, Vásquez y Albornoz, por tráfico de influencias y en el caso de los dos últimos por faltas a la probidad. Un día después de esta decisión Albornoz fue hallado muerto, con un disparo en la cabeza ejecutado por él, al interior de su hogar. Tras esta situación la Corte Suprema dictó su sobreseimiento definitivo mientras que los otros dos jueces finalmente fueron suspendidos.
En la otra arista, en julio de 2019 la fiscalía reformalizó a Elgueta sumando delitos a su causa. Un mes más tarde el Ministerio Público decidió formalizar por delitos de falta de probidad a Marcelo Vásquez a quien se le imputa el tráfico de influencias por su incidencia en nombramientos irregulares respecto a su hija Karla Vásquez y otra funcionaria.
A eso se sumaba otro ilícito: incremento patrimonial injustificado.
Respecto a la incidencia de Vásquez en el nombramiento de su hija en la carpeta investigaba aparecen varias pruebas en esa línea. Por ejemplo, conversaciones del exministro con Juan Riquelme Lorca, entonces empleado público del Juzgado de Letras y Garantía de Peumo.
En ellas le solicita que tramitara personalmente o a través de otros funcionarios, el nombramiento de su hija Karla en cargos como Consejero Técnico Suplente del Juzgado de Letras y Garantía de Peumo y del Juzgado de Letras y Garantía de Litueche, a cambio de que Riquelme fuera nombrado Administrador en calidad de Titular del Juzgado de Letras y Garantía de Peumo.
“Si existe algún cargo téngalo por seguro que se lo comunicaré en forma inmediata”, señala Riquelme en un mail dirigido a Vásquez. Este último en otro correo electrónico le señala:
Recuerda que si tienes alguna posibilidad de reemplazo u otra parecida está en primer lugar mi hermosa e inteligente hija Karlita.
Marcelo Vásquez, en un mail dirigido a Juan Riquelme
En agosto de 2019 la Corte Suprema decidió finalmente remover a los jueces. Y en mayo de 2021 la Fiscalía Metropolitana Sur pidió pide siete años de cárcel para Emilio Elgueta por prevaricación y tres años por cohecho agravado.
Las huellas de Letelier
Uno de los elementos que llama la atención dentro de la carpeta investigativa sobre los exjueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua es la veces que aparece mencionado, bajo distintas circunstancias, el actual senador socialista por esa región, Juan Pablo Letelier.
Si bien cuando explotó el caso el senador fue cuestionado por presuntas injerencias para defender a los tres magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua ante el fiscal nacional Jorge Abbott, el mismo parlamentario se encargó de desmentir cualquier acción en esa línea. “Quiero aclarar que no es cierto que haya hecho gestiones ante fiscal nacional para ‘defender’ a jueces de Rancagua hoy cuestionados, solo manifesté mi preocupación por el desorden que había”, señaló en ese entonces el legislador.
Dentro de la carpeta investigativa en varias conversaciones de Whatsapp también se hace referencia al encuentro que sostuvo Letelier en 2016 con los entonces jueces Elgueta y Vásquez y otras figuras judiciales (como el juez de Garantía de Rancagua Gianni Libreti, quien realizó una transferencia de un millón de pesos a Elgueta tras jurar como titular del tribunal) y cuya fotografía se hizo pública en 2019.
Entonces el senador sostuvo que “pretender involucrarme en las malas prácticas de los ministros hoy acusados es miserable”, y aseguró que la imagen corresponde a un almuerzo “en un lugar público y a la vista de todo el mundo”. Añadió que “me reúno habitualmente con todo tipo de autoridades para recoger sus impresiones sobre diversas materias”.
Una de los elementos que aparece en la investigación, por ejemplo, es un diálogo vía Whatsapp de Elgueta con Juan Pablo Letelier en que el primero sostiene que tuvo una conversación con “Edgardo López” quien le hizo saber de buenas referencias de “Fernández Stevenson” solicitándole algún tipo de ayuda para este.
A continuación la transcripción de dicha conversación de noviembre de 2016:
La anterior conversación fue compartida por Elgueta al propio Vásquez.
En tanto, el senador socialista también aparece mencionado en una conversación, con fecha 28 de noviembre de 2016 – de la que da cuenta la carpeta investigativa- entre Elgueta con el entonces secretario de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Hernán González.
En el texto Elgueta le dice que deben hablar con el “Lete ya que Edgardo le habría dicho que el hombre era un siete (presuntivamente y tras un análisis conjunto de los mensajes extraídos se referiría a hablar con el Senador Letelier sobre Fernández Stevenson). Asimismo, le señala que tienen que ver el tema de la notaría señalando que el ‘viejo de Sta. Cruz jubiló y no es bueno que Toledo y Alberto se hagan daño’ entreviéndose una eventual coordinación sobre aquel cargo”.
En otra conversación vía Whatsapp entre el antes mencionado Álvaro Saavedra, quien entonces buscaba ser nombrado ministro interino de la Corte Suprema de Rancagua le señala a Emilio Elgueta que el senador Juan Pablo Letelier lo había llamado. Acá un extracto de ese diálogo:
Sin embargo, para la preparación del juicio oral contra Elgueta, el Ministerio Público, no requirió del testimonio del legislador. “En este caso particular no está citado en este juicio, sin perjuicio que hay otra investigación en que no sabemos todavía si va a tener o no calidad de testigo en esa causa, pero en esta no está ofrecido como testigo el senador Letelier”, explicó Toledo.
Consultado por Investigación y Datos de La Tercera, el legislador no quiso profundizar en detalles sobre sus apariciones en la carpeta investigativa y solo se limitó a señalar que solo contestaba por cortesía y nunca hizo acciones en relación a esas conversaciones.
Muchas veces gente de la administración pública y de ciertos poderes a uno le consultan y le preguntan cosas y uno muchas veces uno da respuestas de cortesía, pero sabiendo que no es de su competencia y no se involucra.
Juan Pablo Letelier, senador PS
El senador Letelier no es el único político que aparece entre la carpeta investigativa del Ministerio Público.
Llama la atención también en la carpeta de investigación un diálogo vía Whatsapp extraído del celular de Emilio Elgueta con un número asociado al entonces diputado de Rancagua, Ricardo Rincón:
Se espera que el juicio por la cantidad de pruebas, testigos y pericias pueda extenderse incluso hasta por seis meses.
Consultado respecto al juicio contra Elgueta y Vásquez, el exfiscal nacional, Sabas Chahuán, destacó la relevancia del juicio contra los exmiembros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Es una señal importante de que la ley procesal penal se está aplicando sin distinguir a quien le toca, respetando la presunción de inocencia porque no conozco el caso en detalle, pero es importante que la Fiscalía pueda llevar a juicio a cualquier persona sea uniformado, clérigo, sea cualquier ciudadano, sea rico, sea pobre o sea fiscal judicial, juez, fiscal del Ministerio Público o el funcionario que sea. En ese sentido, me parece que es una señal importante de democratización del acceso de la justicia.
Sabas Chahuán, exfiscal nacional