La Brigada Antinarcóticos de la PDI llevaba meses escuchando a unos reclusos de Santiago 1 que seguían dirigiendo acciones de tráfico de drogas desde la cárcel. La Fiscalía Sur, junto a la policía, venían desde hace semanas delineando un plan para detener a toda la organización cuando escucharon, la noche del miércoles, un plan de fuga que estaban urdiendo presos del módulo 32.

- Aló, ¿cómo estái?

- Bien, tío ¿y usted?

- Aquí estamos, andamos en la jugá hermano, andan unos locos aquí afuera, tienen unos camiones, ahora van a traer un C4, capaz que lo hagan explotar aquí afuera hermano mío.

- ¿Pero qué parte? ¿El lado del segundo pasillo?

- Sí poh, el segundo pasillo, justo al final, donde está el 17, atrás de esa hueá hermano, ahí un poquito más allá hueón.

- ¿Y mi papá no te ha hablado loco a voh? ¿Pero ahora andan en el patio sí?

- Ahora poh hermano, un rato más poh, como al de una y media lo vamo a detonar, a esa hora tiene que ser la detonación hermano. Andan los locos aquí afuera, pero ¿sabí lo que pasa? ¿Sabí lo que pasa? Que aquí afuera, que es donde nos va a explotar la hueá, está el guanaco y está el zorrillo. ¿Cachái o no? Pero quizás por qué hueá estarán, no es por esta hueá de aquí. Hay que hacer una fogata en otro lado. Sí poh hermano, hueón, pero falta gente, ayuda poh, voh sabí que yo te tengo a voh poh longi culiao.

(…)

- Un rato más hermano, si no hay colegio, no hay ninguna hueá, está todo cerrado, estamos aquí con el loquito, estate vío al WhatsApp.

- A la una voy a ir pa allá a darme una vuelta.

- Ya, estate vío al WhatsApp, si a la una y media va a quedar la zorra, hermano.

- Ya, tranquilo no más. Estate vío al WhatsApp.

-Ya, tío, te quiero.

La Fiscalía Sur y la PDI de inmediato pusieron la información a disposición de Inteligencia de Gendarmería, que, a su vez, dispuso el reforzamiento de personal antimotines en el penal y la coordinación con el general de Zona de Carabineros Enrique Monrás y bomberos.

Desde hace semanas que la entidad penitenciaria está en alerta. La amenaza de contagio del Covid-19 en algunas de las cárceles chilenas y que ello genere pánico y motines es un escenario con el cual las autoridades trabajan desde que la OMS declaró al coronavirus como pandemia. La fuga planificada al interior del penal, en que habitan imputados que aún no han sido condenados, tendría, según se investiga, la emergencia como escenario ideal.

Un recluso desde Santiago 1 asegura a La Tercera que poco antes de que los módulos 32, 33, 34, 35 y 36 intentaran fugarse, comenzó al interior de la cárcel un rumor. La noticia echada a correr de boca en boca -supuestamente por los organizadores del escape- decía que había ocho internos con Covid-19, luego de que a la ex Penitenciaría llegara un deportado desde Francia contagiado con el coronavirus. El pánico se apoderó entonces de las calles de ese recinto y los presos comenzaron a exigir las encomiendas en las que -asegura- está prohibido el ingreso de alcohol gel. “Cuando empezaron los otros pasillos a gritar y se generó el caos por el miedo a que como presos a nadie le importe si nos infectamos y nos dejen morir aquí, fue cuando los del módulo 32 comenzaron su plan de fuga, pero ya desde temprano se veía que los antimotines estaban en el techo. Acá hay mucha sicosis colectiva”, dice el interno que cumple prisión preventiva por microtráfico.

Un par de horas después de que Gendarmería frustrara el intento de fuga, otro rumor generó una situación compleja en la Cárcel San Miguel, donde residen mujeres que están privadas de libertad en la Región Metropolitana. Un WhatsApp que llegó a las internas que -vulnerando la normativa interna- cuentan con celulares en el penal, decía que las asistentes sociales habían informado que debido al coronavirus separarían a las presas que tienen lactantes para evitar contagios. Los módulos 4 y 5 se amotinaron. Fue la propia jefa de la unidad la que durante toda la madrugada fue sección por sección desmintiendo la información.

Hasta el cierre de esta edición no había ningún interno, de los 42 mil que hay en las cárceles de Chile, contagiado con Covid-19. Pero el virus posiblemente va a llegar y la autoridad penitenciara se prepara para ese día. Para adelantarse a este brote -que por condiciones de hacinamiento penal será difícil de controlar-, Gendarmería adoptó como principal medida limitar el flujo de visitas. Solo hay un día para que familiares contacten a los reclusos, y de cinco personas, ahora solo podrán pasar dos. El que ingresa y sale de esos recintos debe medir su temperatura; también se intensificó la vacunación de reos, priorizando los de edad avanzada y enfermos. La idea es extremar este aislamiento y para ello se trabaja en la posibilidad de videoconferencias. Estas ya se están implementando para evitar el contacto entre imputados y sus abogados. Asimismo, se reforzaron informativos sobre el virus, se aumentó el trabajo de personal de salud de Gendarmería y se están acondicionando celdas de aislamiento para instalar a los sospechosos.

Desde justicia también hay planes. Al proyecto de ley que se tramitará en el Congreso para sacar a internos mayores de 75 años que cumplen penas por delitos de baja penalidad, y que se estima son 2 mil quienes se verían beneficiados, se sumaría otro paquete de medidas en el mismo sentido. Desde la cartera que lidera Hernán Larraín no se descartan beneficios para internas que tengan hijos pequeños y se especificó que la mesa técnica creada para tales fines, que viene trabajando desde antes de la emergencia, propondrá soluciones al respecto en las próximas semanas. Algo que ya está resuelto y se anunciará en los próximos días tiene que ver con una medida que la cartera de Justicia adelanta a La Tercera Domingo. “Ingresaremos indultos que incluirán a mujeres embarazadas o con hijos menores de 2 años. Respecto de la situación de las madres privadas de libertad con hijos pequeños, es importante señalar que se trata de un grupo por el que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha tenido especial preocupación, formando una mesa de trabajo dedicada a levantar medidas a favor de ellas, la cual ha sesionado durante todo el año pasado y parte de este, para proponer medidas concretas”, explican desde Justicia.

#Quédateencasa

Día a día -al igual que en Santiago 1- hay nuevos ingresos a los penales chilenos y esta semana, a diferencia de otras, los controles de detención en el Centro de Justicia experimentaron un alza inesperada. Y no tuvo que ver con una contingencia especial, como cuando tras el estallido social las agendas de los juzgados se coparon con detenidos en flagrancia por desórdenes públicos. Quienes abultaron su paso por tribunales fueron inéditamente imputados “con orden de detención pendiente”.

El miércoles 18, de las 115 personas que pasaron ante los jueces de garantía de turno en el bloque AM, 73 fueron encontradas en su domicilio por Carabineros y la PDI y registraban una orden de detención pendiente. La cantidad dista de las 99 audiencias que hubo el 2 de marzo en el mismo bloque -por ejemplo-, en que solo 25 de ellas respondía a aprehensiones de la policía por una orden de captura pendiente emanada desde un tribunal.

El comportamiento de la agenda del Centro de Justicia, comentan algunos jueces a La Tercera, responde a una especie de “puerta a puerta” que habrían hecho los policías aprovechando una de las principales medidas impulsadas por el gobierno para evitar que la pandemia se expanda de forma descontrolada: el #QuédateEnCasa, iniciativa que busca el aislamiento domiciliario de la población. “No parece ser el momento adecuado para este tipo de estrategias policiales”, dice molesto uno de los magistrados, que asegura que muchos de los detenidos que pasaron a control era por delitos de baja penalidad, como hurto, por lo que luego quedaron sujetos a medidas cautelares en libertad. “Imagina a esas personas que pasaron por los calabozos, no se entiende que el llamado ‘éxito policial’ pase por encima de esta emergencia”, agrega.

Los propios jueces libraron esta semana una iniciativa para que se reduzcan al máximo las audiencias e incluso el viernes presionaron a la Corte Suprema para que impulse el proyecto que debe ser tramitado en el Congreso para decretar un feriado judicial extraordinario que despeje todos los tribunales del país. Álvaro Flores, directivo de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), quien está en cuarentena debido a que en el tribunal laboral en que trabaja se detectó un caso de Covid-19 positivo, critica la lentitud con la que ha actuado el máximo tribunal ante esta emergencia: “Las medidas instaladas por la Corte Suprema han sido insuficientes y el resultado está a la vista: no lograron el efecto de reducir a un mínimo el tránsito de funcionarios, usuarios y abogados en tribunales. Justo cuando debía tomarlas, a través de su potestad reglamentaria dando instrucciones claras y radicales, dejó entregada a cientos tribunales la decisión, lo que ha generado dispersión de criterios e incertidumbre. Una decisión paradójica, pues declina de ejercer una potestad con la intensidad que amerita el caso. ANM llamó a ejecutar la cuarentena y no concurrir a tribunales, manteniendo servicios indispensables por soporte digital”.

Los tribunales somos nosotros

Al interior de la Suprema confiesan tener pocas herramientas tecnológicas para poder funcionar. “No estamos preparados para la tecnología, esta emergencia ha revelado un déficit de capacitación para los ministros, pero por eso, a medida que esto avance, vamos a ir radicalizando las medidas”, dice un integrante del máximo tribunal.

En medio del caos y la incertidumbre, en los pasillos de tribunales, donde algunos abogados, gendarmes y reos se pasean con mascarillas, la jueza Francisca Zapata -del Primer Juzgado de Garantía de Santiago- decidió escribir a los jueces para que cada tribunal adopte decisiones para afrontar la crisis. “En estos momentos difíciles debemos tomar decisiones difíciles. El faro que nos ilumina para ello es salvar vidas. Asegurar la salud nuestra, de los funcionarios, los abogados y, por cierto, nuestros usuarios. A la par de este incuestionable objetivo, debemos poner toda nuestra inteligencia y creatividad para afectar lo menos posible el buen servicio de justicia. La justicia no son los edificios. Podemos dejarlos por ahora. El tribunal es cada juez y jueza”, sostuvo.

A diferencia de las altas esferas del Poder Judicial, en los tribunales de primera instancia ya se habían implementado iniciativas de teletrabajo y la realización de audiencias vía videoconferencia. Zapata, líder de las Magistradas de Chile, entregó, además, un mensaje con el propósito de despejar las cárceles chilenas ante la pandemia. “Les sugiero revisar la situación de los privados de libertad. ¿Cuántos tienen más de 65 años? ¿Están enfermos? ¿Son primerizos? Agendaremos audiencias para revisar. Especial atención a las mujeres privadas de libertad”, aseguró.

“No es correcto hablar de cerrar los tribunales. Solo cerraremos los edificios que nos cobijan. Los tribunales somos nosotros”, sentenció.

Mientras los tribunales resuelven cómo enfrentar en conjunto el Covid-19, el 11 de marzo un ciudadano chino de nombre Xufeng Ling pasó a control de detención en el Centro de Justicia. Aun cuando en esa fecha las personas que venían de países de riesgo dejaban el aeropuerto bajo un estricto seguimiento, Xufeng fue detenido, puesto en un calabozo y enfrentado a un tribunal. Al ingresar al país saltó una orden de detención que emanaba del Juzgado de Garantía de San Antonio. “¿De dónde viene usted?”, le preguntó el juez. “De China”, respondió, para luego dar su domicilio en Santiago Centro. Solo tres minutos y 42 segundos duró la audiencia. Tras ser notificado de que debía ponerse a disposición del tribunal de la Región de Valparaíso, Xufeng salió caminando del tribunal. De la cuarentena, nadie supo.