Antes irregularidades, hoy corrupción: ¿Cómo y qué tanto sabe La Moneda?

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), tomó la iniciativa. Estaba preocupado.

Habían pasado pocos días desde que estallara el lío de platas entre el Estado y fundaciones, a mediados de junio, cuando el socialista se contactó con los demás ministerios. Lo que Monsalve veía era una total inmovilidad en el gobierno en medio de la crisis. Su intención era recopilar todos los antecedentes de traspasos y convenios para tratar de ordenar el caos en La Moneda.

Pero su impulso se diluyó. Pese a que alcanzó a recibir algunos documentos, finalmente el comité de crisis que había improvisado el gobierno -compuesto por los ministros Carolina Tohá (PPD), Camila Vallejo (PC), Álvaro Elizalde (PS) y Luis Cordero- optó por otro camino: que toda la información fuera centralizada por dos autoridades: la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (RD), y la subsecretaria de la Secretaría General de Presidencia, Macarena Lobos (ambas forman parte del Consejo de Auditoría Interna del Gobierno). En una labor silenciosa -que se ha pedido guardar bajo extrema reserva-, ambas reciben a diario antecedentes de cada ministerio, ordenan la información y reportan según la materia. Los temas jurídicos van para Cordero y los políticos, para Elizalde.

A casi dos meses de que el escándalo de Democracia Viva se tomó la agenda de La Moneda, en el gobierno tienen claro que hay debilidades y limitaciones en los equipos políticos y de rastreo: la dimensión de la crisis no se ha logrado controlar y siguen las renuncias por goteo ante las denuncias que estallan por los medios de comunicación o por el Ministerio Público sobre traspasos irregulares del Estado -las últimas, las de la subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez, y la seremi metropolitana de su cartera, Alejandra Jiménez (PC)-.

Además, el tono para condenar los hechos ha cambiado a medida que el gobierno conoce más antecedentes, en un proceso que ha sido más lento de lo esperado. Esta semana, Boric marcó el punto de inflexión en su cuenta de Twitter:

“Más allá del debate jurídico, en mi opinión quienes se han servido de recursos públicos (como el caso de Democracia Viva) han incurrido en actos de corrupción. Y esas personas deben responder ante la justicia y el gobierno colaborar activamente en ello”, escribió el martes el Mandatario.

Poner el énfasis en la palabra corrupción no fue casualidad. Antes ya lo habían hecho el ministro Cordero, el subsecretario Monsalve y también el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS). Y para que el Presidente lo planteara en esos términos, también esperó a tener las claridades conceptuales que le entregó el mismo ministro de Justicia -a quien suelen llamar las autoridades del gobierno para buscar consejos jurídicos- en una de las tantas conversaciones privadas que han tenido durante esta crisis. La explicación tiene que ver con que no se necesitaba una sentencia para catalogar los actos como “corruptos”, porque el concepto es más amplio que la constatación de un delito. Y eso -consensuaron en La Moneda- ya se puede acreditar con todos los antecedentes recopilados por sus equipos: que en este caso hubo autoridades que se aprovecharon de sus funciones para obtener beneficios personales.

Ese cambio de tono ha profundizado una de las interrogantes que ha planteado la oposición y que también rondan en La Moneda. ¿Qué es lo que realmente sabe el gobierno y de qué estaba en conocimiento con anterioridad?

Macarena Lobos y Javiera Martínez trabajan codo a codo desde que se les otorgó la función de ordenar los antecedentes y los traspasos a fundaciones. La recopilación de información ha estado concentrada en al menos tres fuentes de información: el sistema financiero, la identificación de excepciones en el traspaso de fondos corrientes en las glosas presupuestarias y el sistema de rendición de cuentas. Esa información, afirman quienes han conocido de su levantamiento, luego es procesada y se desglosa de manera particular en cada ministerio y cada convenio, respondiendo a las particularidades de cada uno.

El subsecretario Monsalve también ha intentado buscar soluciones desde el principio y organizó una reunión con las subsecretarías con mayor gasto para coordinar revisiones en sus servicios.

Con esos datos, el repaso ha sido caso a caso, trabajo que ha sido definido por sus ejecutoras como “de hormiga”, puesto que ha resultado más complejo de lo esperado. Este catastro se va actualizando e informando tanto al jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), como a los ministros del comité de crisis. Además, la información se traspasa en simultáneo al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público.

En el gobierno tienen claro que su velocidad de búsqueda no puede competir contra la de Contraloría o la Fiscalía, instituciones que cuentan con otras herramientas -como la inteligencia artificial- para detectar conflictos de interés y para tener acceso a declaraciones de patrimonio más acabadas de los involucrados. Esto ha llevado a que en La Moneda asuman que la crisis es muy difícil de dimensionar en los tiempos esperados y que siempre hay algo que los puede sorprender. El trabajo, entonces, se reduce a disminuir esa posibilidad con las herramientas con las que cuenta el Ejecutivo y estar preparados para responder. Pero para eso necesitan prolijidad en las entregas de información de sus autoridades y eso tampoco ha ocurrido.

Así sucedió el viernes 28 de julio con la ahora exsubsecretaria de las Culturas, Andrea Gutiérrez -cercana al Presidente y a su pareja, Irina Karamanos-, quien ese día llamó a La Moneda para alertar de un convenio con la Corporación de Santiago, donde había trabajado menos de un año antes de firmarlo. La alerta llegó más de 30 días después de que se les pidiera a las autoridades entregar ese tipo de antecedentes. Luego sucedió algo similar con la seremi de Culturas en la Región Metropolitana, Alejandra Jiménez (PC), quien incluso le había consultado a su equipo jurídico por su convenio cuestionado. Ambas debieron dar un paso al costado.

Ante la aparición de casos de esa connotación, el ministro Cordero -quien se ha convertido en uno de los voceros del gobierno en la crisis- cuestionó la formación de las autoridades primerizas en el gobierno.

“Cuando llegan por primera vez a un cargo directivo de una administración en el Estado, deberían tener una capacitación básica”, aseguró el experto en derecho administrativo, cansado de salir a dar explicaciones ante los errores que sus pares arrastran desde el comienzo del escándalo y que han traído consecuencias. Al punto de dejar expuesto al Presidente.

La primera vez que el Presidente se refirió al caso de Democracia Viva fue categórico. “Nuestro gobierno será implacable”, planteó el 22 de junio. Luego, cinco días después, aseguró: “Toda irregularidad tiene que salir a la luz”.

Pero dos días más tarde su postura tuvo un matiz. Las presiones por exigir las renuncias de autoridades aumentaban y Boric optó por salir a respaldarlas. Lo hizo con el ministro Montes, con el ministro Giorgio Jackson (RD) -probablemente el jefe de cartera más debilitado-, con la delegada presidencial Daniela Dresdner (RD) y también con el entonces seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández (RD), apuntado por los convenios entre el ministerio y la ONG Urbanismo Social -donde había trabajado-. Y eso que solo 48 horas antes había dicho que “no pondría las manos al fuego por nadie”.

“Él declaró previamente que se inhabilitaba de conocer todo tipo de convenios con la fundación donde había trabajado anteriormente, una fundación que data desde 1999, en la cual no fue director ni tenía un cargo directivo, sino que solamente fue trabajador… Con los antecedentes que yo tengo hasta la fecha, ni el seremi del Maule ni Daniela Dresdner tienen responsabilidades políticas que pagar”, comentó el Presidente.

Pero antes de prestarle ropa a la autoridad regional, nadie del equipo del Mandatario se contactó con él para certificar los antecedentes y los costos que podía tener una declaración como la que iba a hacer.

Hernández solo se había comunicado con el equipo del ministro Montes y había asegurado que los papeles estaban en orden. En el gobierno explican que la buena evaluación que tenía el entonces seremi, y la poca rigurosidad en los documentos enviados, afectaron para que Boric saliera a defender a una autoridad que poco tiempo después debió renunciar y someterse a un sumario administrativo.

Hoy, Urbanismo Social es de los flancos que más preocupan al gobierno, incluso más que Democracia Viva, por los resultados de las investigaciones preliminares.

A un mes de la renuncia de Hernández, en La Moneda reconocen que el desorden provocó errores en las primeras salidas comunicacionales y también en la dimensión que Boric le otorgó al tema en un principio.

Así también había ocurrido semanas atrás con la diputada Catalina Pérez (RD), involucrada en el caso Democracia Viva junto a su expareja Daniel Andrade (presidente de la fundación) y el exseremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras (RD), quien se había desempeñado como jefe de gabinete de la parlamentaria.

El tono con el que Boric y el oficialismo respondieron al escándalo se endureció con las semanas y sus consecuencias han avanzado como una bola de nieve: primero con la salida de Contreras y de la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD), luego con la expulsión del partido de los involucrados y la suspensión de militancia de Pérez y, finalmente, con todas las autoridades refiriéndose al caso como de “corrupción” sin tapujos.

En esa lenta transición, la crisis en un comienzo se canalizó desde el Ministerio de Vivienda -que cuenta con tres equipos encargados de supervisar convenios-, y algunos ministerios criticaron que el escándalo no estuviera mejor centralizado en el palacio presidencial.

En el Congreso también han surgido críticas. Pese a que el escándalo se destapó por los vínculos de una diputada oficialista, nadie de La Moneda ha hecho control de daños entre las bancadas simpatizantes al gobierno ni se les ha solicitado a todos los parlamentarios que envíen información si es que pueden estar involucrados en situaciones parecidas. Ni siquiera un catastro.

Tampoco han podido resolver el conflicto con Catalina Pérez. Y la reaparición de Daniel Andrade el viernes los tomó por sorpresa. “Entiendo que el Ministerio (de Vivienda) estaba en antecedentes del convenio”, acusó el ingeniero en el matinal de Chilevisión. Ahí también tuvo un espacio de autocrítica: “Siento que la cagué”, dijo.

Las salidas comunicacionales han sido otro foco de conflicto, y por ello es que la Secretaría de Comunicaciones, que dirige Pablo Paredes (RD), armó su propio comité de crisis o “fuerza de tarea”, como prefieren llamarle para quitarle dramatismo y mantener su privacidad.

La instancia la lidera el periodista Juan Carvajal (PS), quien se incorporó como asesor externo a la Secom, espacio que conocía de antes, cuando fue director durante los cuatro años del primer gobierno de Michelle Bachelet (PS).

La mesa que organiza Carvajal, junto a Paredes y su jefe de Estudios, Claudio Villegas, ha contado con la presencia de personas de confianza de cada uno de los ministerios involucrados en la crisis, en algunos casos jefes de asesores y en otros, jefes de gabinete.

Parte de la estrategia que han comunicado desde esa instancia es que el gobierno no se puede quedar inmovilizado por la crisis (”que da para largo por las investigaciones”, dicen) y tiene que salir a contraatacar a la oposición con el Nuevo Pacto Fiscal -que fue presentado esta semana- y la reforma de pensiones como principales armas. Entre los números que manejan los asesores de Boric hay un respaldo a esas políticas públicas, lo que quieren utilizar para intentar tener un respiro en medio de la crisis.

También, en los espacios de conversación con ministros se ha abordado la situación de Montes y de Jackson, debido a la creciente presión para removerlos de sus cargos, sobre todo al frenteamplista. A tal punto de que esta semana la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para solicitar la renuncia del ministro de Desarrollo Social con el voto incluido del diputado oficialista Raúl Soto (PPD) y también de Maite Orsini (RD), quien pidió rectificar su sufragio.

Pero en La Moneda quieren aguantar. En el comité político, y también entre los asesores, se ha conversado que sacar a Jackson no tiene un sentido estratégico y que lo único que lograría sería poner los focos cada vez más cerca del Presidente; Jackson es uno de sus mejores amigos y con quien ha construido todo su camino político. Además, en septiembre viene la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y en octubre, los Juegos Panamericanos, dos hitos que pueden desviar la atención para otro lado.

Pero no será fácil, porque la presión -incluso entre los suyos- es cada vez más fuerte. A tal punto que entre los asesores del Presidente prefieren ser cautelosos.

-Primero hay que pasar agosto-, es la advertencia.