La tarde del 11 de julio de 2021 marchó hacia la Plaza de la Revolución. Camila Rodríguez estuvo a la cabeza de una de las columnas de manifestantes durante el estallido social cubano. En la calle fue testigo de la respuesta del régimen: vio golpizas, escuchó disparos y acabó resguardándose de la represión. También fue testigo de las detenciones de amigos y conocidos. Y esa misma tarde, con un grupo de activistas, comenzó a recoger información sobre los detenidos. Ese fue el origen de Justicia 11J, un programa colaborativo que la puso en la mira del régimen.
-En ese momento pensamos que iba a ser un trabajo de corta duración, no más de un mes, y que las personas detenidas iban a ser liberadas. Pero con el paso de los días se ponía más extrema la situación. Comenzaron los juicios sumarios, luego los juicios ordinarios por sedición. Aun hoy hay personas detenidas ese 11 de julio que esperan ser enjuiciadas.
Con el tiempo, el grupo de Camila Rodríguez extendió sus acciones: junto con recoger información, comenzó a buscar ayuda para los presos políticos y sus familias. Su principal herramienta eran las redes sociales. De este modo, fue detenida, interrogada y luego vigilada durante un año, incluso estuvo con arresto domiciliario. En diciembre de 2022 le dieron un ultimátum:
-¿Cómo vamos a resolver esta situación? O te vas del país, vas presa o colaboras con la seguridad del Estado -cuenta que le dijeron.
En un momento, recuerda, pensó quedarse e ir a prisión. Pero luego reflexionó: “No, yo tengo que ayudar de otras maneras. Tengo que continuar el trabajo de mi organización”.
Camila Rodríguez salió de la isla rumbo a México, justo antes de que entrara en vigencia un nuevo Código Penal. Según Amnistía Internacional, este viene a “consolidar aún más unas limitaciones arraigadas a la libertad de expresión y de reunión, y presenta un panorama aterrador para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades”.
Hoy, Camila Rodríguez dirige la organización Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, con sede en el DF, que desarrolla dos programas: Justicia 11J, dedicado a recabar y difundir información sobre las movilizaciones en Cuba y la violencia estatal, y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, que monitorea violaciones a los derechos humanos en las prisiones.
El próximo 29 de mayo Camila Rodríguez visitará Santiago para dar una conferencia, invitada por la Fundación Patricio Aylwin y Cadal, Centro para la Apertura y el Desarrollo de Latinoamérica.
¿Cuál es la situación en Cuba después del 11J?
Durante los primeros días después de las protestas, el régimen implementó una serie de medidas como paliativos para intentar hacer creer a la ciudadanía que las cosas podían cambiar. Pero fue algo transitorio. Con lo que sí han sido consecuentes es con aumentar las maneras en que reprimen a la población y en que le quitan posibilidades de ejercer sus derechos. Redactaron nuevas normativas jurídicas que restringen la participación en redes sociales; una persona puede ser tomada como un ciberterrorista por solo expresar su descontento. Ellos, por supuesto, no dudaron en llamar al pueblo a una guerra civil por redes sociales, porque fue el propio presidente de Cuba quien dijo que hay que defender la revolución, la orden de combate está dada. Después han intentado vender las protestas como que son acciones financiadas desde los Estados Unidos. Entonces, lo que ha habido es represión desde la ley, represión muy directa en las calles, porque constantemente hay despliegues de fuerzas militares y paramilitares, y represión de cualquier intento de protesta.
¿Las movilizaciones se han mantenido?
Desde enero de 2022, en mi organización hemos hecho un conteo de 362 protestas. O sea, aun con la represión ha habido un despertar cívico considerable. Nunca ha dejado de haber protestas en Cuba, nunca ha dejado de haber oposición activa.
¿Qué motiva las protestas: la escasez o las libertades políticas?
Cada vez más las protestas en Cuba se van politizando y tienen un sentido de denuncia más fuerte. Cada vez se escucha más «Libertad», «Abajo la dictadura» o «No más comunismo». En principio las personas salen a las calles motivadas por la falta de electricidad, la falta de alimentos o la falta de insumos médicos, como fue en el caso de la pandemia. Pero hoy, y cada vez más, la gente está manifestándose contra la dictadura, porque es la dictadura la que no permite las libertades individuales, la que no permite el desarrollo económico de la sociedad y la que, por otra parte, está todo el tiempo dando excusas.
¿Cómo ha sido la reacción internacional?
Yo creo que un medidor fundamental es el último Examen Periódico Universal de la ONU a Cuba, que fue en noviembre del año pasado. Ahí pudimos ver muchos gestos de solidaridad de países democráticos, sobre todo europeos, que han hablado de la represión a las protestas, de la necesidad de liberar a los presos políticos, de que haya elecciones democráticas en el país, de que se permita la prensa independiente y de que mejoren las condiciones en las prisiones. Sin embargo, todavía hay un número de Estados que no acaban de posicionarse directamente contra el régimen de La Habana, que se posicionan contra Nicaragua y Venezuela, pero no se manifiestan con la situación de derechos humanos en Cuba. Y tristemente son los países de Latinoamérica.
¿Cómo ha visto la actitud del Presidente Boric?
El Presidente Boric ha decidido ser vocero de la dictadura. Cuando ha tenido ocasión de hablar sobre las dictaduras o los estados de derecho en Latinoamérica, ha pedido que se ponga fin al bloqueo, y no ha tenido un pronunciamiento consecuente sobre las violaciones de derechos humanos y la existencia de presos políticos en Cuba. Realmente es algo que apena mucho, y aunque uno tenga la mayor de las voluntades de continuar haciendo labor de incidencia, deja como un sentido de pesar, de tristeza. Porque desde el 11J y desde que tenemos redes sociales se ha hecho muy evidente la situación de Cuba. No es un querer no ver, es un no hablar de lo que se ve.
Hace unas semanas, después de reunirse con el secretario general de la ONU, el Presidente Boric pidió levantar el bloqueo a Cuba y avanzar hacia la democratización del país.
Eso es reproducir el discurso estatal. El bloqueo a Cuba no es responsable de la falta de elecciones libres, no es responsable de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos ni de las negativas constantes de entrada al país de organismos internacionales de derechos humanos. El bloqueo no es excusa.
¿Se equivoca ahí el Presidente Boric?
Se equivoca rotundamente. Levantar el bloqueo no es el requisito para la democracia en Cuba. La democracia en Cuba la debemos construir los cubanos desde adentro y desde nuestras propias maneras de entender el contexto. No queremos que sean escenarios violentos, queremos que sea una transición pacífica, en la que cada uno de los actores que han sido silenciados, a lo largo de seis décadas, tengan oportunidad de participación. Cuba es un país de partido único, pero hay partidos de oposición que sin ser legalmente reconocidos funcionan, hacen labores de ayuda humanitaria gigantesca. Ahí tenemos a la Unión Patriótica de Cuba, que su líder es José Daniel Ferrer y está preso luego de las manifestaciones de julio. Y otros que han sido obligados al exilio. No es que en Cuba no existan personas pensando en el cambio del país, es que son limitadas sus posibilidades de participación. Cuando hay tanta evidencia de cómo se vive en Cuba, ¿es posible que los posicionamientos sean tan tímidos en relación con el país?
El Presidente ha sido duro con Venezuela y Nicaragua, ¿siente que ha sido más blando con Cuba?
Antes de llegar a la presidencia tuvo posicionamientos más directos en relación con lo que pasa en Cuba, ¿por qué no ser consecuente ahora? Si es capaz de entender cuánto afecta el régimen de Maduro al estado de las democracias latinoamericanas, ¿por qué no entender qué está pasando con Cuba? Que además es el país desde donde se han exportado estas maneras de ejercer las dictaduras de izquierda de la región.
Uno de los aliados del gobierno es el Partido Comunista, que acaba de firmar un tratado de cooperación con el PC cubano. Es un acuerdo en torno a formación política, comunicación, redes sociales. ¿Qué se puede esperar de ese acuerdo?
Justo la comunicación ha sido una de las causas fundamentales de la represión en Cuba y de la incomprensión de lo que ocurre. Lo que se puede esperar es que exista en Chile más propaganda. En Cuba hay personas que están constantemente monitoreando en redes y tratando de cambiar la posición de los discursos en favor de la doctrina del régimen, posteando constantemente Viva la Revolución. Y también amedrentando, mandan mensajes amenazadores a las personas que disienten y a sus familias. Yo creo que eso es lo que se va a exportar: más propaganda y ciberterror.
De acuerdo a su información, ¿en qué condiciones están los presos políticos en Cuba?
La situación en la que viven los presos políticos es realmente devastadora. Desde Justicia 11J llevamos el registro de las personas que están presas políticas y desde el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas damos seguimiento a todos los incidentes violatorios de derechos humanos dentro de las prisiones. Son justamente los presos políticos las personas que más sufren de estos incidentes y los que más sufren las diversas formas de tortura y de hostigamiento. Hay condiciones de infraestructura que hacen muy difícil la vida dentro de la prisión. No hay medicamentos, no hay suficiente alimentación, las condiciones de higiene y aseo son inhumanas. Pero más allá de esto, que afecta a toda la población penal, están las distintas formas de tortura. Incluso la atención médica es utilizada contra los presos políticos como una manera de tortura. También se usa a los presos comunes para agredir a los presos políticos. Y, bueno, más allá está siempre el temor de la muerte bajo la custodia del Estado.
¿Y las mujeres?
A esas condiciones se suman las violencias diferenciadas contra las mujeres, que sí están relacionadas con su género. Por ejemplo, mujeres presas políticas que son madres y que no tienen derecho a ver a sus hijos. Tampoco hay condiciones para que las madres tengan a sus niños. Y luego, hay violencia sexual contra las mujeres en las prisiones. Son reportes asiduos, tristemente. También hay denuncias de mujeres embarazadas que son presionadas a abortar por la seguridad del Estado. Y los golpes, por supuesto.
¿Hay manera de darles curso judicial a estas denuncias en Cuba?
En Cuba no. Por supuesto, las organizaciones llevamos las denuncias a los tribunales, pero la mayoría de los casos se archivan. Entonces lo que intentamos es trabajar en coalición varias organizaciones y llevar estos casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también dar seguimiento a los Grupos de Trabajo de Naciones Unidas. Desde 2022 hemos presentado informes ante el Grupo de Trabajo por los Derechos del Niño, el Comité Contra la Tortura, etc. Hemos pedido que el Estado entregue información: cuántas personas privadas de libertad hay en Cuba por motivos políticos, en qué condiciones se encuentran.
¿Cómo recaban información? ¿Tienen una cifra aproximada de gente en prisión?
Es muy difícil, dependemos de la comunicación que pueda salir desde adentro. Por supuesto, siempre bajo el riesgo de que quien denuncie va a ser castigado. En nuestros registros contabilizamos 920 presos políticos, 675 desde el 11J, y esos claramente identificados. Pero son muchos más, sobre todo desde la entrada del nuevo Código Penal. Es una cifra que está cambiando siempre, porque los presos políticos en Cuba se generan prácticamente de respirar.
