Carolina Pérez, subsecretaria del Patrimonio: “Los monumentos públicos no son verdades instaladas en la ciudad, son preguntas abiertas a la ciudadanía”

Una serigrafía de grandes dimensiones cubre por completo el techo de forma cóncava. Realizada por Alejandra Jobet y Neftalí Garrido, el estampado reproduce un hermoso diseño del artista inglés William Morris. Impreso tabla por tabla, el resultado es impresionante por sus dimensiones y delicadeza. Esa obra de arte corona las paredes altas de la amplia oficina de Carolina Pérez, subsecretaria del Patrimonio, en el esplendoroso Palacio Pereira.

-Es un privilegio -dice.

Monumento nacional levantado en 1874 y modelo de restauración, el edificio es la nueva sede del Servicio Nacional del Patrimonio. Carolina Pérez (1989), licenciada en lingüística de la UC y máster en Participación Social de la Universidad de Exeter, llegó hace dos meses, tras el cambio de gabinete.

En este período ya enfrentó un paro de los trabajadores del Patrimonio y vio también cómo el Congreso rechazaba parte del presupuesto de su sector, que afectó al Museo de la Memoria, a la Fundación Salvador Allende y al Museo San Francisco, entre otras.

El miércoles por la noche el Senado repuso el presupuesto. Y si bien la noticia fue recibida con alegría, el rechazo causó preocupación.

-No solamente se había dejado fuera el Museo de la Memoria y Londres 38, también la Fundación Archivo de la Vicaría la Solidaridad y la Iglesia San Francisco. Ese rechazo creo que habla de un desprecio hacia los derechos humanos. El debate democrático es necesario, las diferencias son importantes, de hecho nos permiten crecer, pero hay ciertas líneas rojas que no se deben cruzar y los derechos humanos son una de ellas. Nosotros pensamos que sin memoria no se construye futuro, no se construye democracia. También hay que decir que en esa partida también se financiaba, por ejemplo, el funcionamiento de los museos y bibliotecas regionales.

Militante RD y excandidata a convencional, Carolina Pérez trabajó en la unidad de participación de la Dibam entre 2014 y 2017. Dice que conoce el sector y sus necesidades.

-El sector viene deteriorado. Un sector al que la pandemia golpeó mucho, se cerraron los espacios públicos y la impronta con la que yo llego es la de recuperación de los espacios para la ciudadanía. Estoy convencida de que desde el sector patrimonial cumplimos un rol social que es fundamental, que está profundamente vinculado a las desigualdades sociales.

El Museo de Bellas Artes y el Museo Histórico suman más de 15 días cerrados, porque una de las asociaciones de funcionarios sigue en paro. ¿Cuándo volverán a abrir?

Esperamos que muy pronto. La forma en que desde la subsecretaría hemos abordado las temáticas laborales es de un profundo respeto a los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras. Hemos tenido muy buenas conversaciones con los gremios; el gremio que tiene más asociados y asociadas (Anatrap) ya no está paralizado. Tenemos una invitación abierta a ambos gremios para el lunes para poder abordar precisamente el punto pendiente.

¿Cuál es?

Es la recuperación de dotación, porque efectivamente el Servicio del Patrimonio en los últimos tres años pierde muchísima dotación. Tenemos dos temas centrales para abordar. Por un lado, la implementación del DFL 35 que es la orgánica ministerial con que se crea en 2018 el ministerio, y la recuperación de cargos que se perdieron durante la pandemia. El ímpetu que vamos a poner en ellos está en línea con la gestión que se ha hecho desde el ministerio. Este es un ministerio que crece en presupuesto un 16% real, es el cuarto que más crece. Yo creo que eso es inédito.

El presupuesto de Cultura 2023 alcanza $ 282.253 millones. De ellos, $ 111.581 millones van destinados al Servicio Nacional del Patrimonio.

Esos recursos, dice Carolina Pérez, permitirán aumentar la dotación y hacer una fuerte inversión en infraestructura, en sintonía con el plan de reactivación impulsado desde Hacienda. También posibilitará atacar las brechas sociales.

-El Plan de Infraestructura Regional tiene como principal objetivo acortar las brechas y significa poder hacer que todas las regiones tengan una biblioteca regional, un archivo, un museo, porque sabemos que eso también les cambia la vida a las comunidades. Y sabemos que se cruza con temáticas como la seguridad pública, la educación. Y nos gustaría contribuir a las agendas de cuidado y de género. Mientras más espacios tengamos en el país para que aquellas personas que cuidan puedan tener actividades que desarrollar junto a sus familiares, estamos también contribuyendo a una lógica de este gobierno que tiene una perspectiva de género muy fuerte.

Una de las urgencias del sector es la Ley de Patrimonio Cultural, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa con ella?

La Ley del Patrimonio es una urgencia para la conservación y la protección del patrimonio, para estar a la altura de los estándares internacionales. En esta conversación es súper importante que se entienda que el objetivo de la conservación y la protección patrimonial no se contrapone al desarrollo del país. En el presupuesto recién aprobado contamos con los recursos para hacer un proceso participativo, ciudadano, queremos escuchar todas las voces. Y, por otro lado, la consulta indígena, que fue uno de los nudos del proyecto que hoy día está en el Legislativo, tenemos que hacernos cargo de ella.

La elaboración del proyecto incluyó 15 encuentros regionales, una consulta por internet, mesas de trabajo técnicas y más de 40 sesiones de discusión en el Congreso. ¿No le parece un proceso participativo?

Es un proyecto que efectivamente es fruto de muchísimo trabajo, pero el rol que nos cabe a nosotros es buscar un proyecto que tenga amplios consensos, y un nudo crítico es la consulta indígena. Nosotros somos un gobierno completamente comprometido con el convenio de la OIT y con las deudas que el Estado tiene con los pueblos originarios. En ningún caso estamos hablando de no reconocer el trabajo que se ha hecho. Yo creo que en el mundo del patrimonio tenemos más consensos y el objetivo es llegar con todos esos consensos a la tramitación de una Ley del Patrimonio.

En el gobierno anterior el Ministerio de Desarrollo Social resolvió que esta es una ley de carácter general que no requiere consulta indígena, porque no afecta directamente a las comunidades. ¿Por qué hacerla de todos modos?

Yo creo que el estándar que tenemos es la creación de este ministerio. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio fue creado luego de un proceso de consulta indígena. Cuando nosotros entendemos patrimonio, queremos que todas las voces en el país se sientan parte de esa definición. Nos importa muchísimo escuchar a los pueblos originarios. Ya ese es un estándar que hemos fijado.

¿Cuántos recursos se van a invertir en la consulta?

No tengo la cifra exacta.

¿Mil millones de pesos?

Un poco más.

¿Más de mil millones de pesos para una consulta que se consideró que no era necesaria?

Nosotros pensamos que poner recursos en la creación de la ley que nos permita concitar consensos es necesario. El riesgo de no concitar consensos es que no llegamos a una ley. Y lamentablemente, eso es lo que sucedió no sólo en la administración anterior; en Chile llevamos décadas esperando una ley de patrimonio y desde esa lógica vamos a poner los recursos, el trabajo y vamos a abrir la conversación a todos los actores.

Naturalmente se dilatará aún más...

Estamos apostando por un proceso participativo, pero ese proceso va a ser acotado y profundo. Un proceso que no se alargue

¿Qué tiempos estiman?

Pronto daremos a conocer la estrategia legislativa.

¿El presupuesto considera recursos para la recuperación del patrimonio dañado tras el estallido?

El lineamiento según el cual estamos trabajando es poder recuperar aquellos espacios que han sido dañados los últimos tres años, sobre todo vinculados a centros cívicos, para que la comunidad vuelva a sentirse parte de ellos. De nada sirve conservar si no tenemos un foco puesto en la educación patrimonial. Y eso quiere decir que las personas quieran cuidar la ciudad y desde el Estado tenemos que hacernos parte de esa tarea. Creo que efectivamente se nos ha planteado una pregunta respecto al patrimonio. El trabajo en torno al patrimonio tiene mucho también de trabajo en torno a lo simbólico, y ahí levantamos también ciertos diagnósticos. Hoy día en Chile menos del 5% de los monumentos corresponde a mujeres. Ni qué hablar, por ejemplo, de pueblos originarios. Y creo que lo que ha pasado en los últimos años con respecto a los monumentos, no solamente en Chile, nos abre un desafío gigante. Y esto tiene que ver con poder instalar en la comunidad que, por ejemplo, los monumentos públicos no son verdades instaladas en la ciudad, son preguntas abiertas a la ciudadanía. Esto no se trata de que alguien raya y otro borre. Se trata precisamente de tener una conversación profunda de lo que ha pasado en Chile en los últimos años y cómo eso también se ha visto reflejado en la ciudad.

La valoración de los monumentos cambia con el tiempo. Algunos especialistas creen que deberían someterse a consulta ciudadana. ¿Es partidaria, por ejemplo, en el caso de Baquedano?

Creo que depende del caso. Con respecto a Baquedano, yo entiendo que parte de las tareas que tiene encomendadas el gobernador Orrego tiene que ver, en su plan del eje Alameda-Providencia, con una consulta ciudadana sobre ese espacio. Creo, efectivamente, que ese espacio sufrió una profunda resignificación y no solamente con el estallido social. Es un espacio que está vinculado a las victorias deportivas. Es relevante la historia de todas aquellas discusiones que hemos tenido como sociedad alrededor de ese monumento. Hay que ser muy claro en que uno nunca va a hacer una apología del deterioro de los monumentos. Pero sí creo que es importante constatar que las ciudades viven la historia y uno tiene que aprender y reflexionar en torno a ella. Y un rol que podemos cumplir desde aquí es poder hacer parte transversalmente a la ciudadanía de esa conversación.

¿Sería partidaria de sustituir monumentos masculinos cuestionables por figuras femeninas?

Yo no soy muy de la línea de borrar la historia; sí soy de la línea de reinterpretarla. Y creo que la reinterpretación histórica incluye, por ejemplo, cuestionar aquellos monumentos que quizá en algún momento fueron ensalzados, pero que hoy quizá no están tan vinculados a los estándares democráticos que tenemos. Creo que tenemos una deuda respecto de los monumentos también con los pueblos originarios. La pregunta sobre la memoria histórica está muy vinculada a los monumentos y nosotros, más que borrar la historia, tenemos que reinterpretarla en conjunto con la ciudadanía.

Ud. se tomó una foto sobre el pedestal de un monumento derribado.

Esa fotografía fue en el marco de una candidatura a convencional constituyente. Fue una fotografía que me tomé junto a Patricia Politzer, Elisa Loncon, Elisa Walker, fue bastante transversal. Fue una actividad que hicimos en conjunto con Fundación Basura y Monumentos Incómodos, contaba con la autorización de la municipalidad y yo encontré que fue muy bonita, porque precisamente lo que queríamos posicionar era la ausencia de las mujeres en los monumentos urbanos. Mucha gente malinterpreta esa foto…

¿No se arrepiente de ella? ¿Aún cree que fue buena idea?

Era una actividad con un objetivo súper claro y posicionar la temática no tiene que ver con mostrar apoyo a la destrucción de nuestra ciudad. Como gobierno estamos trabajando intensamente en la recuperación de espacios públicos. Yo siempre he trabajado en torno al patrimonio y su resguardo. La mejor forma de abordar lo que sufrieron los monumentos en Chile es con un debate democrático, instalando las preguntas.