Dos “trencitos” que corren por separado es la figura alegórica con la que la ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, ha comenzado a explicar el plan de La Moneda para avanzar simultáneamente con el proceso constituyente y con su agenda legislativa, donde figuran reformas estructurales, como la tributaria y la previsional.
Tras el revés que significó el plebiscito de septiembre -donde el Rechazo al texto de la Convención Constitucional se impuso con un 62%-, era inevitable que el gobierno del Presidente Gabriel Boric abandonara la tesis que propugnaba el anterior ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, de amarrar la suerte del anterior proceso constituyente al éxito del gobierno.
Sin embargo, esa tesis que también fue defendida públicamente por la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, comenzó a mutar desde el mismo día (el 16 de julio pasado) en que el Presidente se abrió a un Plan B, anticipándose a la posibilidad de una derrota. De hecho, tras el resultado del plebiscito y el cambio de gabinete, la decisión del Mandatario ya estaba encaminada para sacar de La Moneda el nuevo diálogo constituyente y radicarlo en el Congreso.
El problema es que desde la misma oposición se comenzó a esbozar, desde antes del plebiscito, la posibilidad de unir las negociaciones de las reformas estructurales y de la redacción de una nueva Constitución. Incluso, esa idea llegó a encontrar eco en el oficialismo.
No obstante, la respuesta del gobierno ha sido tajante.
La ministra Uriarte en una reciente entrevista al canal Vía X sinceró que hay “una distinción nítida entre dos cuestiones que son completamente separadas”.
“Yo lo he graficado con una estación de trenes, varios rieles, trencito número uno, trencito número dos. Este trencito que no se junta con este otro trencito se llama Constitución y va para allá. Y este otro (trencito), es el del gobierno”, dijo.
“Y en este (tren) estamos de cabeza, porque ya venimos hablando de la reforma tributaria, ya venimos hablando de la reforma de pensiones a fines del próximo año. Aquí a la vuelta de la esquina entramos en la reforma de Salud, sin contar con la tremenda agenda de seguridad”, detalló en esa conversación.
La decisión de sacar el proceso constituyente de La Moneda tiene en consideración que el 2023 tal vez sea la principal y última ventana legislativa que tiene Boric para sacar sus reformas.
En el Ejecutivo están conscientes de que los últimos dos años de la actual administración estarán contaminados por la crispación habitual que generan las elecciones municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales.
Las visiones más optimistas en Palacio plantean que la línea roja para sacar las reformas tributarias y de pensiones, además de un acuerdo en materia de seguridad ciudadana, en realidad sería el segundo semestre de 2024. No obstante, existe un sentido de realidad de que después de ese plazo la agenda legislativa puede entramparse.
La gran duda es si la reforma de Salud, que ingresará recién en 2023, logrará materializarse dentro de ese período, ya que en caso contrario quedará supeditada a otras variables y a los vaivenes propios del período electoral a partir de 2024.
En el pasado, en todo caso, hay experiencias en que habido excepciones y se ha logrado sacar proyectos emblemáticos, a pesar de la beligerancia que conllevan las elecciones. Por ejemplo, en 2005, el entonces gobierno de Ricardo Lagos logró cerrar el acuerdo para el mayor paquete de reformas constitucionales post-dictadura, que puso fin a los senadores designados y al tutelaje militar que se ejercía a través del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).
Ese año, el inédito buen clima que se dio entre la Concertación y la derecha se sobrepuso incluso al período electoral, al punto que Lagos fue aplaudido de pie por opositores en su discurso ante el Congreso el 21 de mayo.
En La Moneda creen que si las reformas tributarias y previsional salen el próximo año y, además, se logra cerrar el proceso constituyente -con un plebiscito en diciembre de 2023-, todos esos factores podrían ayudar a crear una nuevo ciclo político positivo a partir del 2024.
La ayuda económica que implicaría una mejora en el sistema de seguridad social también debiera contribuir a que mejore la percepción ciudadana, tal como ocurrió a fines del primer gobierno de Michelle Bachelet, entre 2008 y 2009, con la implementación de la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario.
Agenda de seguridad
En el caso de la agenda para combatir la delincuencia, la nave insigne es el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que aún está en su primera fase de discusión en el Senado. No obstante, la apuesta del gobierno es acelerar su tramitación en los primeros meses de 2023.
Dentro de esa agenda que ha estado tratando de levantar la ministra del Interior, Carolina Tohá, también figura la reforma que permite a las FF.AA. ir en resguardo de infraestructura crítica y de zonas fronterizas, el cambio al Sistema de Inteligencia, algunas enmiendas al nuevo Código Penal y otras materias que surjan del acuerdo de seguridad.
No obstante, este último quedó en suspenso tras el anuncio de indultos a los llamados presos del estallido social, que anunció la Presidencia el pasado viernes.
La Moneda también prepara otras iniciativas económicas, como una reforma al Servicio Nacional de Consumidor y una nueva Ley de Pesca. También en materia de seguridad social se visualiza una ley corta para mejorar la Pensión Garantizada Universal. En tanto, en reformas políticas figura el voto obligatorio, la ley de integridad pública y un cambio a la Ley de lobby.
En materia educacional, que en su momento fue el tema que catapultó a la generación del Presidente Boric, el gobierno no tiene por ahora ninguna iniciativa emblemática.
En el Ejecutivo existe una presión adicional para el 2023. En el oficialismo y en la oposición coinciden en que el primer año de Boric fue discreto en materia de elaboración de leyes, fenómeno que se acentuó por la inhibición que había frente al proceso constituyente pasado, la inexperiencia de una nueva coalición en el poder y la moderación que imponía el Ministerio de Hacienda en medio de la incertidumbre económica.
Si bien en los últimos meses, La Moneda logró subir a 60 la cifra de proyectos propios -elaborados entre el 11 de marzo al 31 de diciembre-, la administración de Boric quedó como el segundo gobierno con peor registro desde 1990, superando levemente al de Lagos.
En el mismo plazo, la administración de Lagos solo contabilizaba 56 iniciativas propias, mientras que en el segundo mandato de Sebastián Piñera eran 65 y en el primer gobierno de Bachelet, 66.
A modo de comparación, los primeros nueve meses de Patricio Aylwin y Eduardo Frei fueron los más prolíficos. La administración de Frei tiene el récord con 126 iniciativas propias entre su asunción y el fin de año, mientras que la de Aylwin llegaba a 121.
En todo caso, los números del gobierno de Boric se reivindican en otros indicadores legislativos. Hasta la fecha, ha publicado 18 leyes tramitadas en su período (a modo de comparación en el último mandato de Piñera la leyes propias publicadas solo eran 8 a fines de 2018).
Además, la actual Moneda exhibe a su favor que se han presentado 140 indicaciones (enmiendas del gobierno a iniciativas en el Congreso), que en algunos casos no son meros ajustes, a veces son proyectos nuevos que reemplazan casi todo el texto original.
También en sus nueve meses, Boric ha promulgado 90 leyes nuevas (incluyendo proyectos propios, mociones de parlamentarios e iniciativas de gobiernos anteriores).
