Caso Cascadas: La inédita y reservada denuncia de un juez que complica al tribunal

“Voy a absolver”. La decisión del juez José Flores, a pocos días de entregarse el veredicto del caso Cascadas, el 20 de diciembre, sorprendió al magistrado Cristián Soto, quien presidía el segundo juicio oral que la Fiscalía Centro Norte emprendió en contra el exejecutivo de las sociedades que controlan el 32% de SQM, Aldo Motta Camp. En el primer juicio había sido condenado en decisión unánime, pero la Corte Suprema lo anuló. Hasta ese día, todas las señales internas daban cuenta de una segunda, y definitiva, condena. Pero Flores -que era el juez redactor- cambió el rumbo de la historia.

Los integrantes del Cuarto Tribunal Oral de Santiago habían estado más de seis meses escuchando pruebas de los delitos bursátiles que el Ministerio Público le atribuía al directivo, además de los descargos de su defensa integrada por los abogados Gabriel Zaliasnik, Samuel Donoso, Marcelo Sanfeliú, César Ramos y Bárbara Yévenes. Y a solo días de terminar el proceso penal, Flores cambiaba la opinión que había sostenido en más de una oportunidad respecto a los hechos signados con los números 4 y 5 de la acusación; las mismas conductas por las que Motta había sido condenado en su primer juicio y de forma unánime.

Para el juez Soto, el vuelco en la posición de Flores tenía que ver con la tercera integrante del tribunal: la magistrada Laura Assef, quien, pensaba Soto, se habría manifestado desde un inicio proclive a absolver a Aldo Motta. A ojos del presidente del tribunal, la persuasión de la magistrada había sido clave para lograr la triunfal absolución de uno de los hombres clave del caso Cascadas, por 2 votos contra 1.

La intención de Soto de condenar a Motta ese día fracasó. De ser un voto de mayoría, ya que Assef había adelantado que para ella no existía prueba para sostener la acusación de la Fiscalía, se convirtió en el de minoría. Ese 20 de diciembre, el tribunal dio a conocer el veredicto absolutorio con el que se extinguía cualquier intento de la jefa de Alta Complejidad, Ximena Chong –y su equipo-, para seguir adelante en sus pretensiones acusatorias, ya que la ley les impide anular y recurrir a un tercer juicio oral cuando la segunda decisión de la justicia sea favorable al imputado. Y este era el caso.

Así concluía una de las aristas del caso Cascadas. No la que apunta a eventuales responsabilidades penales del excontrolador de SQM Julio Ponce Lerou, quien no ha sido formalizado en una indagatoria que Chong mantiene vigente. Pero, sin lugar a dudas, fue un golpe para el Ministerio Público y los querellantes tras dos extensos juicios orales en que –al menos- cuatro de los seis jueces que revisaron el caso estuvieron por condenar en algunas de las imputaciones a Motta. La sentencia vino el 23 de febrero. Ese día, el magistrado Flores entregó el fallo escrito del caso Cascadas y se daba vuelta la página. Pero vino otro capítulo.

A mediados de marzo, llego a oídos de la Corte de Apelaciones de Santiago -los superiores jerárquicos de los jueces orales en el Poder Judicial- una información que detonó una crisis: el juez Soto había denunciado a la Fiscalía a la jueza Assef por, supuestamente, haber mantenido una comunicación indebida durante el juicio con la defensa de Motta. “Informe lo que ha hecho”, le pidieron en el tribunal de alzada capitalino.

Diez días después de conocido el veredicto, Soto no pudo más. El 30 de diciembre, un día antes de que acabara el año, pidió hablar con el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, a quien le corresponde investigar hechos que eventualmente sean constitutivos de delito y ocurran en Santiago, lugar en que está emplazado el Cuarto Tribunal Oral en el Centro de Justicia. En una breve comunicación, de no más de cuatro líneas, confirmada vía correo electrónico, el magistrado denunció que Laura Assef “habría auxiliado o dado consejo” a una abogada de la defensa de Motta en perjuicio de la parte contraria, es decir, de la Fiscalía y los querellantes representantes de las víctimas de presuntas infracciones a las leyes de mercado de valores. Agregó que la jueza habría mantenido una “deliberada y permanente actitud parcial” durante el desarrollo del proceso penal “en beneficio de las posiciones de la defensa”.

Lo que ahí se acusaba, sostienen fuentes de la investigación, es prevaricación. La denuncia llegó a Armendáriz, quien, debido a lo inédito de la situación y la gravedad de lo que Soto expresaba, la derivó a su jefe, el fiscal nacional, Jorge Abbott.

Como Armendáriz era parte interesada – ya que la Fiscalía que dirige es la que acusó a Motta-, se descartó de inmediato que tramitara la denuncia. Fue entonces cuando la máxima autoridad del Ministerio Público designó a otro de sus hombres de confianza, el fiscal regional Occidente José Luis Pérez Calaf, a cargo de la causa penal que hoy se tramita reservadamente en contra de la jueza Assef.

Poco antes de que comenzara el confinamiento y el trabajo por videoconferencia en el Poder Judicial, el magistrado Cristián Soto debió responderles a sus superiores por esta denuncia. Ratificó su acusación, pero no adjuntó ninguna prueba. Al ser analizados los antecedentes por el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, varios ministros, en privado, manifestaron su molestia por la acusación temeraria. La causa se archivó. La corte decidió no abrir sumario “por ahora”, a la espera de los avances que muestre la investigación de la Fiscalía. Uno de los puntos que esperan despejar es la existencia de conversaciones por WhatsApp que -según acusa Soto- la jueza mantenía con una de las abogadas de la defensa de Motta. Para ello, Pérez Calaf tendría que decretar medidas intrusivas para periciar las conversaciones de la jueza.

La situación sin duda ha tensionado los ánimos entre los jueces del Cuarto Tribunal Oral, aun cuando están trabajando desde sus casas. De hecho, la semana pasada Assef y Soto estuvieron en una audiencia virtual juntos y no se dirigieron la palabra. La Tercera se comunicó con la jueza Laura Assef, quien no quiso hacer declaraciones, argumentando que no ha sido notificada de la denuncia de su compañero de labores, ni de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.

Ahora está en manos de Pérez Calaf determinar la veracidad de la denuncia de Soto. Mientras, los demás involucrados en el caso Cascadas analizan los efectos que una eventual condena de la jueza pudiese tener en la absolución de Aldo Motta. Hasta ahora, varios comentan que revisar el fallo sería improbable. Pero advierten, eso sí, que puede dar un impulso a los perdedores del juicio para ir con fuerza sobre el principal protagonista de Cascadas, Julio Ponce Lerou, en la arista principal de este caso.