Chile - Venezuela: Diplomacia en aprietos

“Gracias por estar acá”, le dijo el Presidente Gabriel Boric al viceministro para América Latina de la Cancillería venezolana, Rander Peña, al momento de estrecharle la mano el 18 de abril pasado, en medio de la inauguración de la primera reunión de autoridades regionales de seguridad pública, convocada por Chile en el marco de la presidencia pro tempore del Consenso de Brasilia. Una cita que, si bien se desarrolló en el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, no consideraba la participación de representantes de las cancillerías de otros países.

-Por favor, quiero que se reúna unos minutos con la ministra Tohá y con el canciller Van Klaveren, un café rapidito- le habría señalado el Mandatario chileno a Peña, según fuentes diplomáticas venezolanas.

El viaje “relámpago” de quien es considerado el “canciller político” de Venezuela, por su cercanía con Nicolás Maduro y su rol como vicepresidente a cargo de las relaciones internacionales del oficialista Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), había estado hasta entonces lleno de trabas, por lo que las palabras del Jefe de Estado chileno cambió el semblante de la delegación diplomática venezolana: este será un gran día, comentaron algunos incluso. No fue así.

A inicios de abril, afirman fuentes diplomáticas venezolanas que pidieron reserva de su nombre, durante un comité político de Maduro con su gabinete y asesores más estrechos, el régimen chavista decidió hacer un giro en la forma de responder a las acusaciones que les estaban haciendo las autoridades chilenas por la falta de cooperación en el esclarecimiento del secuestro y homicidio del exmilitar disidente venezolano refugiado en Santiago, Ronald Ojeda, ocurrido la madrugada del 21 de febrero pasado.

La decisión fue dejar espacio para que la diplomacia pudiera operar.

Hasta entonces, Maduro había optado por dejar en manos del presidente de la Asamblea Nacional y número dos del régimen, Diosdado Cabello, la responsabilidad de salir a responder en su particular estilo a los cuestionamientos que se hacían en Santiago. Pero lejos de aplacar las cosas, Cabello escaló el conflicto.

El 4 de abril pasado, la Cancillería venezolana convocó de urgencia al embajador chileno en Caracas, Jaime Gazmuri. Era la segunda vez, en menos de 15 días, que esto ocurría. Pero, a diferencia de lo que había pasado el 21 de marzo, cuando le entregaron una carta de protesta -la nota diplomática reprochaba “actitudes injerencistas” del gobierno chileno en las decisiones internas de Venezuela, a raíz de una declaración oficial de la administración de Boric que criticaba al régimen chavista por “la detención arbitraria” de dirigentes políticos opositores-, el recibimiento que le dieron a Gazmuri, primero el canciller Yván Gil y luego el viceministro Rander Peña, fue muy distinto.

“Le dijimos al embajador que nosotros queremos colaborar. Pero, para eso, dénnos algo, nombres, indicios al menos, de cuándo y por dónde podrían haber ingresado a Venezuela los sospechosos del secuestro de Ojeda”, aseguran fuentes diplomáticas venezolanas.

El 9 de abril pasado, el fiscal a cargo de la investigación del secuestro del teniente Ojeda, Héctor Barros, envió a Venezuela el primer requerimiento de información.

El oficio, en el que solicitaba un reporte migratorio, datos biográficos y biométricos de Walter Rodríguez y Maickel Villegas -los dos venezolanos vinculados al Tren de Aragua que fueron imputados por la Fiscalía chilena como sospechosos del secuestro del exmilitar-, como asimismo datos de la propia víctima y de uno de los hermanos de Ojeda que reside actualmente en España, no se envió directamente al fiscal nacional de Venezuela, sino que se hizo por intermedio del sistema de cooperación internacional de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, un mecanismo nuevo, que nació tan sólo en febrero de este año.

Según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, esos requerimientos fueron contestados el 18 de abril y el 23 de abril pasado, usando la misma vía a través de la cual los hizo llegar a Chile.

Tres días antes de que llegara la respuesta desde Caracas, sin embargo, el 15 de abril, el fiscal Barros envió por segunda vez a Venezuela el mismo oficio. Esta vez lo hizo por intermedio de Cancillería, usando el mecanismo contemplado en la convención de asistencia mutua en materia penal. El uso del conducto diplomático permitiría a Chile darle trazabilidad a este requerimiento, ya que fue el propio embajador Gazmuri quien el 18 de abril lo llevó a la oficina de partes de la Cancillería venezolana para que quedara estampado el timbre que acredita la recepción del documento.

Según Tarek William Saa, ese segundo documento fue contestado por vía diplomática el 29 de mayo pasado, al igual que las dos ampliaciones de información que había solicitado el fiscal Barros el 30 de abril pasado, luego de recibir la respuesta inicial de los venezolanos.

Desde la Fiscalía chilena señalan que Venezuela ha enviado información “a goteo” y que no han entregado todos los datos solicitados. Incluso, niegan información sobre los ingresos y salidas de territorio venezolano de una de las personas mencionadas en el oficio, como es el exmilitar disidente venezolano Ányelo Heredia, pese a que es de público conocimiento que está detenido en Venezuela desde fines del año pasado, acusado de encabezar un complot para asesinar a Maduro. Fue Heredia quien mencionó al teniente Ojeda como uno de los involucrados en esa operación, la misma que es una de las hipótesis que investiga el fiscal chileno como posible causa de que se ordenara desde el extranjero el secuestro y asesinato del exmilitar.

Cuando recién comenzaba a rodar el proceso de intercambio de información entre las fiscalías de Chile y Venezuela por el caso de Ojeda se produjo un nuevo impasse diplomático con el régimen chavista, que puso en duda la validez del compromiso de cooperación que habían manifestado las máximas autoridades de la Cancillería venezolana al embajador Gazmuri en sus conversaciones del 4 de abril.

De manera inexplicable y mientras se encontraba en una reunión con su par colombiano, el canciller venezolano, Iván Gil, afirmó el 11 de abril que el Tren de Aragua no existía. “Hemos demostrado que el Tren de Aragua es una invención de la mediática internacional”, señaló.

Igual de inexplicable es que fuera el propio Presidente Boric y no su canciller, Alberto van Klaveren, quien saliera a retrucar los dichos del jefe de la diplomacia caraqueña. “Las recientes declaraciones irresponsables del canciller de Venezuela (...) son profundamente preocupantes y son un grave insulto a los estados que han sido víctimas”, dijo Boric al anunciar, además, que había llamado a consultas al embajador Gazmuri, lo que en lenguaje diplomático es una clara señal de molestia.

Gazmuri tenía programado esa semana pasar unos días de vacaciones en Santiago, por lo que tenía su pasaje comprado. Aun así, el llamado a informar permitió reflejar el enojo del gobierno chileno ante el régimen de Maduro por la falta de ayuda en el combate del crimen organizado transnacional que ha golpeado a la mayoría de los países con costa al Pacífico y cuyo origen está en bandas venezolanas que salieron de ese país en medio de la diáspora de más de siete millones de personas que han huido de las malas condiciones de vida y la represión política en el país caribeño.

Fue en medio de ese clima de hostilidades crecientes que, según fuentes diplomáticas venezolanas, Maduro decidió enviar a Chile al vicecanciller Rander Peña, aprovechando la invitación que había hecho el gobierno de Boric a los ministros y autoridades del área de seguridad y a la que ya había confirmado su asistencia la viceministra de Seguridad, Ángela Zuloaga.

“Fue un gesto de buena fe”, afirman autoridades venezolanas.

El 15 de abril, tres días antes del viaje, sin embargo, aún no había confirmación de que lo fueran a recibir en la Cancillería chilena.

Preocupado, la mañana de ese mismo día 15, el canciller Gil llamó varias veces al celular de Van Klaveren. Al no recibir respuesta, le envió mensajes de WhatsApp. Tampoco hubo reacción.

El canciller chileno había llegado recién a Londres, donde tenía una intensa agenda de actividades, las que incluían, entre otras, un encuentro con el jefe de la diplomacia británica, David Cameron; un foro en el Canning House enfocado en América Latina y al que asistirían parlamentarios, empresarios y académicos ingleses, además de un encuentro con la entonces parlamentaria británica Anna McMorrin, “shadow minister” para asuntos de América Latina.

Desesperado, Gil salió de su despacho y urgió a sus asesores a buscar un contacto con la Cancillería chilena. Hablaron con la jefa de gabinete de Van Klaveren, Verónica Rocha, a quien le explicaron del viaje exprés a Chile del viceministro Peña.

Según fuentes diplomáticas venezolanas, desde Santiago les dijeron que les devolverían el llamado, algo que no ocurrió.

El 17 de abril en la noche, poco antes de abordar el avión que lo traería a Santiago, los asesores del viceministro Peña volvieron a llamar a la Cancillería chilena para confirmar que estaba prevista alguna reunión de alto nivel.

“Le dijimos a la jefa de gabinete del canciller Van Klaveren que el avión del viceministro despegaba en 15 minutos y que no viajaría si es que no teníamos una confirmación”, explica una fuente diplomática que agrega que el mensaje agregaba que “nosotros estábamos haciendo un acto de fe enviando al viceministro a Santiago, entendemos que tengas problemas para armar la agenda, aunque debiera ser una reunión muy fácil de armar, pues se trata de un tema de cooperación que a los dos países les interesa”, y remataba con “si no tenemos confirmación en los próximos minutos, el viceministro no se monta en el avión y haremos declaraciones igual que ustedes, que Chile no está interesado en hacer una reunión para hablar de cooperación”.

“Dame unos minutos y los llamo de vuelta”, fue la respuesta de la funcionaria chilena.

A los 10 minutos, afirman las mismas fuentes de Caracas, Rocha devolvió el llamado. Ya estaban agendadas una bilateral con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, que se extendería por más de media hora, y una reunión de trabajo a la que se sumarían más tarde el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, además de los embajadores Jaime Gazmuri, por Chile, y Árevalo Méndez, de Venezuela.

En esas reuniones, el representante venezolano insistió en el deseo del régimen de Caracas de cooperar en la lucha contra el crimen organizado, y se quejó por las críticas que se estaban haciendo en esa materia desde Santiago contra el gobierno de Maduro. Es más, reclamó que vincularan a Venezuela en el crimen del teniente Ojeda, cuando, afirmó, no había antecedentes que sustentaran esa acusación.

En un momento, incluso, hubo una breve confrontación con Monsalve, luego de que el subsecretario del Interior chileno dijera que en Chile sabían que los sospechosos del secuestro de Ojeda estaban en Venezuela y exigiera su detención y entrega. “¡Y eso cómo lo saben!, ¡cómo les consta!”, le respondieron de la delegación venezolana.

Las autoridades chilenas -por su parte- le reclamaron a Rander Peña que el discurso de cooperación enarbolado por Venezuela debía reflejarse en hechos concretos. No sólo respecto del caso del secuestro y asesinato del exmilitar venezolano.

Y es que desde 2020 a fines de 2024, la Cancillería chilena ha enviado a Venezuela más de 700 solicitudes de asistencia mutua en materia penal, por petición del Ministerio Público chileno.

Por años, las respuestas a los requerimientos de los fiscales chilenos llegaron a goteo, apenas unas pocas. Solo en el mes de mayo pasado se agilizaron un poco, cuando Caracas respondió 38 consultas hechas desde Chile.

La falta de cooperación de Venezuela, acusan desde la diplomacia chilena, también se da en otro tema de vital importancia en medio de la crisis migratoria y el aumento del crimen organizado que afectan a Chile y la región.

En esa línea, a Rander Peña le reiteraron la necesidad de establecer una agenda concreta de vuelos para la expulsión de migrantes indocumentados que hayan cometido delitos en Chile para su repatriación a Venezuela.

Sólo un vuelo con 126 venezolanos que regresaron a Caracas desde Arica, en medio de la crisis que se produjo a mediados del año pasado en la frontera con Perú, se ha logrado concretar. Un segundo vuelo que estaba listo para despegar debió suspenderse por problemas burocráticos en la dirección de aeronáutica venezolana.

Desde entonces, Chile ha podido enviar de a dos venezolanos expulsados en vuelos comerciales, pese a la enorme gravedad que tiene este problema.

“Nosotros les pedimos a las autoridades chilenas que antes de deportar ciudadanos venezolanos, ellos tuvieran un juicio en Chile, para que nosotros pudiéramos abrir un expediente judicial acá, porque sin eso no podemos detener a un venezolano porque fue deportado, aunque haya cometido un delito en Chile”, afirman fuentes venezolanas.

Y aunque Chile insistió en que Venezuela estableciera un cronograma para los vuelos, hasta ahora no lo reciben.

“Necesitamos que del discurso de colaboración pasen de verdad a los hechos”, reclamaron las autoridades chilenas a la delegación venezolana.

Pero en la diplomacia chilena saben que tienen pocas opciones para hacer frente al gobierno venezolano. El retiro del embajador Gazmuri o un quiebre de las relaciones está completamente descartado.

Venezuela no ha amenazado directamente, pero sí ha dejado entrever que si eso ocurriera, la respuesta del gobierno de Maduro sería la misma que tuvo con Costa Rica y con Ecuador: sacaría a su embajador y cerraría el consulado, dejando a 800 mil venezolanos sin poder hacer trámites.

“El problema mayor sería para Chile”, advierten diplomáticos venezolanos.

Rander Peña regresaría a Caracas con el triunfo de haber logrado las reuniones que quería, pero sin un giro en la tensión bilateral.

Poco después, dos fiscales caraqueños acompañados de un funcionario de la Cancillería venezolana pasarían siete días intentando sin éxito reunirse con el fiscal nacional, Ángel Valencia, y con el fiscal a cargo del caso Ojeda, Héctor Barros, para obtener información relevante de la investigación.

El camino diplomático había quedado bloqueado. A los pocos días, un nuevo vocero del régimen chavista sería el designado para responder a Chile, como lo había sido inicialmente Diosdado Cabello. El elegido ahora era Tarek William Saab, el fiscal general de Venezuela y cercano colaborador de Maduro.