Clínica Las Condes: la enfermedad puertas adentro

Es como parten la mayoría de las enfermedades. Sobre todo aquellas novedosas que nuestros cuerpos no saben cómo administrar. Un síntoma suave, después se intensifica, luego aparecen otros y hasta que no haya remedio, el organismo es todo menos orgánico. Algo parecido pasa en la Clínica Las Condes. Por primera vez en 38 años la clínica privada tiene una controladora -Cecilia Karlezi, con el 50,05% de las acciones-, y ese cuerpo se ha visto completamente alterado.

Los cambios en la gestión emprendidos por la nueva administración -que apunta a hacer de este un negocio más rentable- han tensionado el clima interno a un punto que en esta clínica, a pesar de tener una historia algo convulsa, no se había visto antes. Lo último: una serie de despidos ad portas de que la segunda ola de Covid le toque la puerta.

Desde que Karlezi nombró en noviembre de 2019 a su pareja, Alejandro Gil, como presidente del directorio, las cosas en la clínica cambiaron radicalmente. Más ahora, se quejan en el cuerpo médico, apuntando a la falta de entendimiento y diálogo que Gil ha tenido con ellos. La primera de las varias crisis que tuvo en 2020, llegó a principios de septiembre: 410 médicos interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de CLC. La razón era que se había puesto término unilateral a 559 contratos de arriendo de consultas desde el 1 de octubre. “Notificaron mal el término de contrato. Era ilegal e inconstitucional la forma en que lo hicieron, y nos conminaron a firmar uno nuevo sin consulta, en menos de un mes”, comenta un médico que estuvo presente en las negociaciones y que al igual que diez doctores consultados para este artículo, no quiso dar su nombre.

El 17 de septiembre los abogados en representación de Clínica Las Condes, Sebastián Oddo y Martín Coronado, dieron respuesta a ese recurso. El escrito presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago argumentaba que “las decisiones adoptadas por CLC no son arbitrarias ni caprichosas, sino que son fruto de un trabajo serio, formal y concienzudo, encargado a un consultor experto que, escuchando también a los médicos, llegó a la conclusión de que era y es necesario modificar la estructura contractual que liga a las partes”.

Por esos días corría otra polémica: acusaban incumplimiento de la promesa que Gil les había hecho a los doctores de que no se les cobraría el arriendo de consultas durante julio y agosto, a propósito de la baja de pacientes durante la pandemia. Sin embargo, la vicepresidenta Paola Bruzzone -exgerenta legal corporativo de Falabella- envió una carta condicionando esa condonación a la firma de los nuevos contratos de arrendamiento. Para una de las doctoras del grupo de accionistas fue el momento más complejo, pues no poder pagar el arriendo tenía consecuencias: “Nos cerraron las consultas y quedamos ahí, colgados con los pacientes. No sabes lo que fue llegar a atender a tus pacientes y que la secretaria te dijera, ‘pucha no le podemos abrir la consulta’. Eso nos pasó a todos en agosto”.

El conflicto se resolvió luego que más de 100 médicos pagaron sus facturas. Así, la CLC restableció de inmediato los servicios asociados de esos contratos, argumentando que “el pago oportuno de los arriendos de infraestructura es una obligación contractual de los médicos y un requisito para poder utilizar las instalaciones”.

Pese a que la Clínica Las Condes es la que más factura -los ingresos en 2019 llegaron a $ 226 mil millones-, según un estudio de Vinson Consulting realizado en marzo pasado concluyó que sus negocios no son proporcionales a su salud financiera: su costo financiero equivale al 5% de los ingresos y el resultado final solo al 2%. Dijeron que el resultado sobre ingresos es más bajo que el de su competencia.

Quizás ese análisis explica las pérdidas por $ 12.234 millones que tuvieron entre enero y septiembre del año pasado, una cifra lejos de parecerse a la que tuvieron en el mismo periodo del año 2019, cuando registraron ganancias por $ 4.565 millones. Por eso es que la administración ha luchado por el cambio en los contratos de arriendos, buscando modificar el modelo de pago de los médicos para aumentar sus ingresos. Ese conflicto fue el protagonista de toda la crisis hasta noviembre. Pese a que el 26 de ese mes se llegó a un acuerdo donde ambas partes cedieron, muchos de ellos se han ido de la clínica, abatidos con los nuevos requerimientos. “Más menos son 25 los que ya se fueron, que eran los que tenían un lugar donde llegar y en vista de estos problemas decidieron irse. Hay otros 25 que se van a ir en los próximos meses. De esos, hay un grupo que se quiere ir completo y otros que, aparte de la clínica, quieren tener dónde atender por si Gil decide terminar su contrato”, comenta un miembro del comité ejecutivo de la CLC.

Ese temor hace sentido con los sucesos que vinieron después de llegado el acuerdo que encabezó la vicepresidenta del directorio -cercana a Gil-, Paola Bruzzone. Cerrado ya ese capítulo, a principios de diciembre todo parecía correr en el carril indicado: Alejandro Gil celebró el Día del Médico junto a los doctores, en un ambiente distendido donde hubo hasta un cantante lírico. Justo había vuelto como director médico René Tejías, quien se había retirado por un tiempo. Sacaron fotos, videos y todo parecía tranquilo. No pensaban en esa fiesta que las cosas irían de mal en peor.

La mañana de Daniela, el 10 de octubre pasado, fue amarga. Mientras tomaba desayuno, una colega la llamó para contarle que había sido desvinculada de su puesto de trabajo en la Clínica Las Condes (CLC). El despido fue a través de un correo enviado desde el área de recursos humanos con una copia de la carta original, la que explicaba que su desvinculación se daba por necesidades de la empresa. Tras la llamada, Daniela corrió a mirar su mail: había recibido el mismo correo.

Ambas profesionales son enfermeras, y estaban acogidas al Permiso de Ausentismo Laboral que había ofrecido la CLC por la pandemia para las funcionarias con hijos menores de dos años. Este consistía en que, mientras durara el estado de excepción, podían quedarse a cargo del cuidado de sus hijos en el domicilio, originalmente hasta el 30 de junio y que luego se extendió hasta diciembre. Daniela no es el nombre real de la funcionaria. Pidió resguardo de identidad, ya que junto a otras cinco trabajadoras que también fueron despedidas, pusieron una demanda colectiva contra el establecimiento por despidos injustificados. Además, otras tres profesionales demandaron individualmente por la misma causa. Todas con hijos menores de dos años, Daniela incluso, con su hijo lactante que tiene alergia alimentaria.

Esta es solo una de las 38 causas laborales que acumula la CLC presentadas en 2020, según aparece en el portal on-line del Poder Judicial. Muchas de ellas son tutelas por infracción a las garantías fundamentales de sus trabajadores. Estas, sumadas a las 27 que acumuló en 2019, representan una diferencia diametral frente a las 10 que tuvo entre 2018 y 2010 y demuestran el cambio en la gestión que ha tenido el establecimiento de salud privado.

“Aquí se está haciendo un mal uso de la causal de las necesidades de la empresa. En la CLC engañaron a sus trabajadoras al decirles que no se podían acoger a la Ley de Protección al Empleo y las hicieron renunciar a sus derechos de acogerse y a poder extender al beneficio del posnatal extendido. Si ellas se hubieran acogido a la ley, habrían quedado con licencias y la CLC no habría podido despedirlas por esa causal”, explica la abogada de las cinco enfermeras demandantes, María de los Ángeles Rubilar.

Pero esos no fueron los únicos despidos del año pasado en una de las clínicas más prestigiosas del país, con una dotación de 3.685 personas, entre gerentes, profesionales y trabajadores. Poco más de dos meses después vino la desvinculación del médico jefe de la UCI y expresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Tomás Regueira. Y dos semanas más tarde, la de un médico traumatólogo miembro del comité ejecutivo, que había estado presente en las negociaciones con la administración y que había llegado a acuerdo para el nuevo contrato de arriendo de consultas para los doctores.

La actitud del presidente del directorio hace rato que viene irritando al grupo de médicos accionistas. Sobre todo porque según dicen las fuentes, el empresario “no sabe” administrar una clínica. Hay uno solo que se atreve a dar su mirada: “Es alguien que no sabe de salud. Nos hemos distanciado precisamente por las cosas que está haciendo en la clínica. Como él no tiene liderazgo en el rubro, la única herramienta que le queda es usar el autoritarismo”, asegura el doctor Herbert Spencer, que trabajó en la CLC desde sus inicios en 1982, y ahora sigue solo como accionista.

Desde que se instaló como presidente del directorio, son pocas las veces que ha hablado a los medios. La última vez lo hizo el 20 de abril pasado, cuando CLC envió a la CMF su memoria anual de 2019. Ahí fue cuando ratificó su compromiso de la clínica con el manejo de la pandemia: “Estamos viviendo momentos de cambios en el país y en nuestra clínica. Este escenario ha puesto a prueba la capacidad de adaptación de CLC frente a las exigentes condiciones imperantes debido a la crisis mundial Covid-19, en donde nuestra institución ha demostrado liderazgo y excelencia indiscutibles en estas circunstancias”.

Su núcleo de confianza es reducido. Sus más cercanos -además de Cecilia Karlezi- son algunos de los que componen el directorio: está Paola Bruzzone, su sobrina Renata Harasic Gil y Jonás Gómez Pacheco. Además de ese círculo, Gil decidió designar a los jefes de departamento de las distintas áreas de salud en la clínica, cuestión que indignó a los doctores, puesto que, hasta ahora, ellos mismos los elegían. Uno de los médicos accionistas que ha tenido reuniones con él lo describe: “Alejandro Gil está funcionando como patrón de fundo y todo el personal de la plana mayor tiene susto de que los echen, se rodea de gente que le dice que sí a todo. Ya ha echado a cuatro gerentes. Todos hacen lo que él dice”.

El doctor Herbert Spencer dice que no es el cambio en el modelo de administración lo que ha hecho que la gestión de Gil no sea buena. De hecho, para él “hasta hace poco el modelo de atención estaba orientado y definido para satisfacer los intereses médicos en primer lugar y no los del paciente. Este modelo no podía continuar porque estaba destruyendo a la institución. (...) Podemos diferir en la forma en que dicho cambio se llevó adelante, pero tenía que ocurrir. Lo sabía muy bien el cuerpo médico”. El problema, dice, radica en la forma en que todo este proceso se ha llevado a cabo: “Junto al despido de algunos profesionales distinguidos ha creado un clima de inseguridad e inestabilidad laboral”, añade el accionista.

Prueba de ello fue lo que ocurrió con la salida del doctor Regueira, lo que ya es historia conocida: un día después de que el entonces director médico René Tejías lo felicitara por su gestión durante el primer semestre con la llegada de pacientes Covid, e incluso lo designara como Coordinador de la Segunda Ola, él mismo le notificó de su despido a través de un documento. La molestia no solo fue de los médicos de la clínica, quienes publicaron una carta en La Tercera manifestando su rechazo a la salida inesperada del jefe de la UCI. Incluso el propio ministro de Salud Enrique Paris, se comunicó con la gerencia para ver si podía evitar su despido. Pese a que el mismo Regueira reconoció en una entrevista con el Diario Financiero que sigue sin saber por qué lo despidieron, las teorías apuntan al mismo problema de fondo sobre las ganancias en la clínica: “Fue por los costos de los pacientes Covid. No quería recibir tanto paciente de hospital público”, asegura una alta fuente del cuerpo médico.

Pese a ser consultados tanto el propio Alejandro Gil como la administración de la Clínica Las Condes, y también algunos médicos jefes de las áreas de salud, todos declinaron efectuar comentarios sobre este reportaje. Sin embargo, hay varios doctores a los que les hace sentido la desvinculación de Regueira con la última jugada de la clínica: el jueves de esta semana, la CLC acordó iniciar acciones legales en contra del Estado de Chile por perjuicios irrogados “derivados de las medidas gubernamentales adoptadas con ocasión de la pandemia por Covid-19”, señala el documento enviado a la Comisión para el Mercado Financiero. En el escrito, dentro de las razones de la demanda aparece que hasta la fecha, Fonasa no habría pagado ninguna prestación de los pacientes Fonasa que fueron derivados desde la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC). Desde el servicio exigen a CLC la firma del contrato para acceder a los pagos.

Sin embargo, desde la clínica aseguraron que “no tiene vigente un contrato con Fonasa para otorgar prestaciones bajo la modalidad denominada GRD, porque en su oportunidad y en forma previa al inicio de la pandemia, decidió voluntariamente y resguardando su interés social, no participar en la licitación convocada por Fonasa para esta forma de valorización de prestaciones”, dice el último comunicado que emitió la empresa.

Mientras eso ocurre, la incertidumbre sobre cómo se enfrentará la segunda ola de contagios ha crecido entre los médicos. “Están cambiando los protocolos Covid para que sea más barato. Eso en la práctica implica que a lo mejor tendrás menos enfermeros para atender. El ambiente está tenso porque no sabemos si mañana van a echar a alguien más”, dice un miembro del comité ejecutivo.

Lo último ocurrió hace una semana atrás. Cuentan que en la última reunión de noviembre, parte de las conclusiones a las que se llegó fue que no se desvincularía durante al menos un año a ninguno de los médicos miembros del comité ejecutivo, ni tampoco se tomaría represalias contra ellos. Pero el acuerdo tampoco se cumplió: un traumatólogo miembro del comité ejecutivo fue notificado de que su contrato no será renovado en abril. Un colega suyo, temeroso de correr la misma suerte, comenta que la nueva era en la CLC aún no da con su remedio.