Chile inicia el camino más aciago de su historia. El gobierno también. ¿Lo saben ambos?

Las proyecciones internacionales, es cierto, han fallado una y otra vez, por arriba y por debajo. Desde el punto de vista de la prospectiva, el Covid-19 es lo que en inglés se denomina un wicked problem (los significados en español de wicked van desde “travieso” hasta “perverso”), es decir, un problema que ofrece resistencia a las soluciones, porque sus factores son cambiantes, elusivos o desconocidos.

Esta es la advertencia previa. El ministro Mañalich avisó el jueves que en junio vendrán las semanas más duras. ¿Qué dicen las discutidas proyecciones? La Northeastern University de Estados Unidos ha estimado que para ese país, cuyos comportamientos en distancia social y confinamiento han sido disparejos, el pico de los contagios corresponde, más o menos, a los 119 días desde el paciente cero. A Chile le faltan dos semanas para eso.

La Universidad de Ginebra sitúa a Chile entre los países que se encuentran en “fase epidémica exponencial”, es decir, los que no han pasado la curva más aguda, de lo que se desprende que la declinación significativa de los contagios se extendería hasta más allá de julio y agosto. Un estudio sobre las restricciones al contacto social del Imperial College de Londres dice que los datos de Chile “sugieren que se necesita un grado más alto de control de la movilidad o estrategias alternativas de control”. En otras palabras, cuarentenas más severas o trazabilidad más intensa.

Las proyecciones del MIT apuntan a que a mediados de agosto el número de chilenos contagiados superaría el millón; los muertos serían unos 15 mil. De ser así, en ese momento Chile se convertiría en el quinto país con más muertes por millón de habitantes, detrás de EE.UU., Brasil, India y Rusia. Ni esta medición ni las anteriores consideran la posibilidad de una segunda ola contagiosa, como se ha venido sospechando en Suecia, Argentina y el estado de Florida.

La destrucción económica va un poco a la zaga, pero es un consenso que, de todas las calamidades, sólo se parecerá al colapso del PIB y del empleo de 1982.

Este es el camino al que está entrando el país.

¿Y el gobierno? Esta semana se ha iniciado lo que ocurrirá con mayor intensidad y profundidad en las que vienen: el más grande repertorio de presiones que jamás haya soportado gobierno alguno. Presiones urgentes, simultáneas y, lo que es peor, razonables: para ayudar a las familias, a los trabajadores, a los jubilados, a los emprendedores, a las empresas. Para aumentar o relajar los confinamientos. Para incluir y excluir a sectores productivos en las prioridades. Para mantener la estrategia contra la epidemia o cambiarla por alguna de muchas circulantes. Para gastar más, guardar un poco, gastarlo todo. Para sacar ministros, poner asesores, cambiar las mesas, mover los muebles.

No es sólo lo inmediato: luego están, más o menos en este orden, el estado de excepción, el plan de desconfinamiento, el plebiscito constitucional, las elecciones regionales y municipales y la protesta callejera, suspendida o superada. Y a la vuelta de esa estrecha esquina, las elecciones parlamentarias y presidenciales.

Qué lento pasa el Covid-19 y qué rápido se consume el cuatrienio. De haberlo sabido, quizás Sebastián Piñera habría pensado dos veces esa ocurrencia suya de un segundo mandato: ahora le espera el agón del gobierno más complicado de la historia.

Parece evidente que hasta abril, ya iniciadas las medidas de confinamiento, el Ejecutivo suponía un período epidémico corto -quizás unos dos meses en total- y un retorno progresivo a la normalidad, como ya se insinuaba en Europa. El reconocimiento oficial de ese error de cálculo fue la convocatoria al diálogo con la oposición en torno a un “plan de emergencia y reactivación” (el otro fue el nuevo cambio de metodología de contabilización de casos, que no ha hecho más que enredar y retardar la información, ahora mediada por un servicio que no es exacto y ni siquiera trabaja todos los días, como el Registro Civil).

El primer problema ha sido la proposición de dividir el plan en las dos partes que contiene. El segundo, el del monto. Estos dos debates pueden ser interminables, pero el gobierno y la oposición tienen buenas razones para intentar completarlos: el Presidente, porque de seguro ve que sin una reactivación enérgica, que repare los destrozos económicos causados por el Covid-19, el resto de su gobierno será sólo un largo invierno, y los opositores, porque ningún grupo que aspire seriamente a disputar el cuatrienio 2022-2024 puede querer cargar con el fardo de un país empobrecido, endeudado y semidesguasado, presupuesto engrillado y ni rastros de ahorro.

La historia puede ser traviesa. Tras el paso de este coronavirus y aunque quizás ni se enteren, los principales grupos políticos se verán enfrentados a disyuntivas parecidas a las de quienes hicieron la transición hace 30 años: volver a sacar a mucha gente de la pobreza, reanimar la economía, debatir el orden institucional, recuperar la confianza del mundo y restañar unas cuantas heridas (menos graves, desde luego) de todo lo que ha pasado.

Menuda travesura.