El total de atletas cubanos “fugados” después de los Juegos Panamericanos de Santiago llega a 11, el mayor número de los últimos años, y el más abultado en un solo evento dentro de un año, el 2023, en el que los deportistas cubanos que han abandonado sus delegaciones llegan a 40 (aunque otros recuentos registran 60).
Es extraño llamarle “fuga” a la simple salida de una villa residencial en una ciudad donde no está prohibido circular libremente. Pero se trata exactamente de eso, de una fuga, porque para los atletas cubanos la villa se aproximaba más a una prisión que a un parque de viviendas. Un funcionario del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) estaba a cargo de controlar su participación en los juegos y sus horarios de salida y regreso a la villa.
De ese modo se advirtió la súbita ausencia de seis jugadoras de hockey, un medallista de los 400 metros y un remero. Lo que no estaba tan claro es que otros tres integrantes del equipo de hockey masculino se habían quedado en Chile tras competencias previas a los Panamericanos, en mayo pasado. Evidentemente, la seguridad cubana tuvo una falla crítica: no supo que uno de los jóvenes del hockey masculino es la pareja de una de las jugadoras de hockey femenino.
Cuando los atletas cubanos salen de su país, viajan con un pasaporte oficial, lo que les confiere el dudoso estatus de funcionarios del gobierno. El funcionario del Inder que los acompaña espera que la Policía Internacional selle esos pasaportes en el ingreso, y luego se los quita hasta el momento de la salida. Por lo tanto, la persona que deserta queda indocumentada. Y, por el otro lado, la condición de funcionario oficial significa que tal deserción es un delito, que puede ser castigado con penas de cárcel de entre tres y seis años.
De modo que, con el solo acto de separarse de su delegación, la seguridad y la libertad de esas personas quedan comprometidas. No pueden regresar a Cuba sin exponerse a la cárcel. Por lo tanto, pasan a ser sujetos dignos de asilo o refugio político donde quiera que estén.
Hasta el viernes, la mayoría de los 11 atletas ya habían presentado peticiones de refugio en oficinas de Extranjería. Dos de las visas oficiales vencían ayer sábado 11 y otras cinco, hoy domingo. Pero a partir del momento en que formulan la solicitud de refugio, tienen derecho a visas de turismo renovables, no pueden ser devueltos a su país y entran a un proceso de calificación que puede terminar en que se les declare ciudadanos chilenos.
El refugio y la inmigración no son lo mismo. Sin embargo, resulta notoriamente incoherente que un inmigrante pueda adquirir derechos inmediatos al ingresar a territorio chileno, mientras que un refugiado tenga que esperar un largo proceso -a veces, hasta cuatro años- para que se acoja su petición. Peor aún, los aspirantes a refugiados deben probar que “su vida, seguridad o libertad” han sido amenazadas, a lo que sigue un largo análisis sobre la calidad de esas pruebas.
El Partido Comunista chileno, en defensa del régimen cubano, sugirió que el verdadero motivo de la fuga de los atletas es la situación económica difícil que vive la isla, la que atribuyó, como es usual, al “bloqueo estadounidense”. Se trataría, pues, de un exilio económico. Esta argumentación es, en principio, una cuestión de opiniones. El filo peligroso, sin embargo, es que también es una estrategia con la que el gobierno cubano, directamente o a través de sus embajadas, intenta evitar que se conceda refugio político a los atletas, porque tal motivación no cabría dentro de la violación de sus derechos humanos ni implica riesgo de sus vidas. Lo cierto es que la motivación ya no importa: los atletas tuvieron que burlar a un celador, refugiarse en tres regiones distintas y acudir a la protección chilena. Quien huye así, huye de una tiranía, como lo sufrieron muchos chilenos con Pinochet.
También es verdad lo opuesto: la concesión del refugio político estaría al borde de ser una declaración de reconocimiento a que en Cuba se violan los derechos humanos, algo que La Habana considera intolerable y que constituyó su principal queja contra los gobiernos de la Concertación. Pero el régimen cubano está tan exhausto con las fugas que vive desde hace 60 años, que apenas se limita a evitar que se confiera refugio “político”.
El actual gobierno chileno está en un nuevo lío. Ha tratado de ser puntilloso en su política de condena universal a las violaciones a los derechos humanos, pero nunca ha dicho nada sobre la situación cubana, a pesar de ser la más represiva del hemisferio. Ahora puede someter a estos atletas cubanos a una espera burocrática que llegue hasta un nuevo gobierno, o puede afrontar el caso con expedición, dando la señal de que Chile sigue siendo un asilo contra la opresión.
El silencio de La Moneda se puede entender desde que uno de sus aliados es un partido para el cual Cuba es un sanctasanctórum. Pero a partir de ese punto se desprenden otros dos: la política de “condena universal” es otra promesa desmedida, y el PC, y no otro, es realmente el aliado fundamental, el único capaz de ponerle límites a la facultad presidencial de decidir la política exterior.
Lo que queda claro, en cualquier caso, es que el gobierno “civil” de Miguel Díaz-Canel no ha sido más que la continuación del castrismo con otro apellido.
