“Ernesto (…) Según te entendí, los DC estarían llevando esta idea del reajuste máximo según IPC de la Salud, para el Plan Garantizado y para el Complemento. Si entendí bien esto, sería de la máxima gravedad. Para saber eso te estaba llamando y de acuerdo a eso ver si se nos ocurre algo. Saludos CEL”.

Más adelante les contaré quién es “Ernesto”, quién es “CEL” y por qué este mail, enviado el 10 de enero de 2013, es importante una década después. Por ahora, recuerden la frase final: “ver si se nos ocurre algo”.

Avancemos en el tiempo. La situación “llevará a colapsar las isapres”, decía el presidente del gremio hace un año. Desde entonces, ha subido el tono de la alarma. “La situación es crítica”, “el cierre puede producirse en solo meses”, “hay riesgo de una crisis sanitaria”. Tras sus fuertes pérdidas en los últimos dos años, las isapres piden ayuda estatal. De no recibirla, el efecto dominó podría ser devastador: más de 3 millones de pacientes sin cobertura, colapso del sistema público, cierre de clínicas, interrupción de tratamientos…

¿Tienen razón? ¿Debe el Estado ver “si se le ocurre algo” para darles una mano?

Entre 1990 y 2021, las isapres han obtenido utilidades después de impuestos en 30 de los 32 años en que han operado, con un total de $1,3 billones, o sea, 1,3 millones de millones de pesos, o, si quiere verlo en números: 1.300.000.000.000 (el cálculo es del economista David Debrott, sobre cifras oficiales).

Un fabuloso negocio que no destaca por su eficiencia. En total, según Debrott, la ganancia bruta de las isapres desde 1990 suma $8,6 billones. 8,6 millones de millones de pesos, u 8.600.000.000.000, que, aparte de las ganancias de los dueños, incluye gastos de administración y venta, publicidad, pago a directivos, etcétera. Esos gastos son cerca de diez veces los de Fonasa en proporción a sus ingresos. Los chilenos hemos pagado 8.600.000.000.000 de nuestros bolsillos para mantener el sistema, sin que nada de eso haya ido a pagar licencias médicas ni prestaciones de salud.

Un sistema que se basa en privatizar las ganancias, aceptando a afiliados de altos ingresos, sanos y jóvenes; y socializar las pérdidas, empujando al sistema público a los menos rentables. Como brutalmente sinceró el entonces presidente de la Asociación de Isapres en 2019: “El sistema Isapre no puede darse el lujo de recibir gente enferma”.

Pero hay más: desde hace más de 15 años, los tribunales han fallado, una y otra y otra vez, que las alzas de planes que las isapres ejecutan cada año son ilegales. Se suman más de dos millones de fallos, que representan más del 90% de las causas que ven las cortes de Apelaciones y la Suprema. Y dos millones de veces, las isapres se han hecho las lesas: como los fallos solo benefician a quien reclama, siguen aplicando las alzas ilegales al resto de sus afiliados.

En 2010, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales las tablas de factores, usadas para discriminar por edad y género. Las isapres siguieron usándolas. Miles de afiliados comenzaron a reclamar y la justicia, una y otra y otra vez, les dio la razón. La respuesta de las isapres fue la misma: mirar al techo y seguir cobrando. Incluso, el gerente general de Colmena amenazó públicamente con demandar a sus afiliados que se atrevieran a reclamar por sus derechos en tribunales.

Hasta que la justicia se hartó. En dos “supremazos”, en agosto y noviembre pasados, la Corte Suprema ordenó detener las alzas injustificadas, e instruyó usar la tabla de factores creada por la Superintendencia en 2020. La mayoría de los afiliados verá rebajado el precio de los planes, y además las aseguradoras deberán devolverles lo cobrado en exceso en los últimos tres años.

Las isapres se dicen sorprendidas, después de haber ignorado más de dos millones de avisos a lo largo de más de una década. Como dice la vocera de la Corte Suprema, “han seguido al paso de 13 años aplicando factores que son inconstitucionales y no se pueden aplicar. Nadie puede invocar que cumplir con el derecho y con los lineamientos que se vienen haciendo hace 13 años signifique que hay una justificación para que el sistema colapse y caiga”.

Las isapres arguyen también que la crisis se debe a la falta de “una reforma integral al sistema de aseguramiento privado, mandatada hace más de una década al Ejecutivo y los poderes colegisladores”.

Es aquí donde tenemos que volver al mail de “CEL” a “Ernesto”.

Tras el fallo del TC de 2010, el gobierno del Presidente Piñera y la oposición avanzaron en una reforma que solucionaría el problema, estableciendo un Plan Garantizado de Salud (PGS), con una tarifa plana para todos los afiliados. Pero las isapres estaban en contra, y lograron trabar el proyecto en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Ernesto Silva.

Piñera debió dar marcha atrás. Silva reconoció haber pedido al gobierno que dejara morir el PGS: “creo que es una buena medida, importante y que mejora el proyecto”, dijo entonces. “Va en el sentido correcto”, celebró también la Asociación de Isapres.

El “Ernesto” del mail, ya lo habrán adivinado, es el entonces diputado y luego presidente de la UDI, Ernesto Silva. “CEL” es Carlos Eugenio Lavín, uno de los dueños de Penta, propietaria de la Isapre Banmédica y financista de la UDI. En ese momento, Silva también era accionista de Banmédica. Como diputado, defendió los intereses de las isapres, que eran también los suyos y los de sus mecenas.

Cuando las isapres se quejan de que “el sistema político” no resolvió el problema, olvidan que hicieron lobby (y al menos una de ellas usó el poder de su dinero) para frenar el acuerdo que habría evitado la crisis actual.

¿A ver si se nos ocurre algo, entonces?

Sí, para resguardar la salud de los 3,3 millones de afiliados a isapres, que no tienen culpa alguna del entuerto. Es a ellos, y no a los dueños de las isapres que cavaron su propia tumba, a quienes se debe “salvar”.