Vamos a estrangular las carreteras”, amenaza un Pérez. “Las interrupciones que se han realizado son absolutamente parciales”, contemporiza el otro Pérez. “El paro no es contra el gobierno, es contra el Estado”, aclara un Pérez. “Han cumplido en 90%” con hacer una manifestación pacífica y sin cortes, valora el otro Pérez.

El primer Pérez es Sergio, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC). El segundo es Víctor, ministro del Interior. El primero lidera una movilización que corta rutas, bloquea puertos, infringe el toque de queda y amenaza con desabastecimiento de productos básicos en medio del estado de catástrofe por la pandemia. El segundo es el ministro del Interior que debe hacer cumplir la ley.

Pero, lejos de estar enfrentados, ambos operan con mutua comprensión. ¿Qué está pasando?

Los choferes de camiones han sido blanco de acciones violentas, como el asesinato de Juan Barrios, cuyo vehículo fue quemado mientras dormía en él, o la emboscada en que resultó herida la hija de nueve años de un conductor. Todos ellos, con justa razón, demandan más seguridad para poder trabajar sin exponer sus vidas. Esa petición es unánime. La movilización, no.

Este no es “el paro de los camioneros”, sino de algunos dueños de las máquinas. La inmensa mayoría de los choferes que sufren la violencia no son propietarios de los camiones que conducen, como aclara José Sandoval, presidente del Sindicato de Choferes de Camiones: “este es un paro de los empresarios; de repente se confunde a los choferes con los dueños de camiones, en circunstancia que no es así”.

Esto es evidente en el bloqueo de autopistas, como la ruta 68, ejecutados por un gran número de camiones de las mismas empresas. No son ciudadanos individuales que realizan acciones ilegales, sino empresas que instruyen a sus empleados a violar la ley.

Y son una fracción minoritaria. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), la más numerosa y la misma que encabezó el paro contra la UP en 1972, califica de “terrorismo” este paro. Chile Transporte, que forma parte de la Sofofa, tampoco lo apoya.

¿Quiénes son, entonces? La CNTC, una fracción descolgada de Chile Transporte en 2012, encabezada por dos dirigentes de la última campaña oficialista. Su presidente, Sergio Pérez, fue parte del Consejo Ciudadano del comando del actual presidente Piñera. Y José Villagrán, presidente de Fedesur (parte de la CNTC) fue candidato a senador de la UDI en 2017. “No van a trasladar ningún producto. Ni uno. Ni los remedios, ni el combustible, ni los abarrotes. Nada”, amenaza el ex candidato Villagrán.

Demandan que el Congreso apruebe (“en 48 horas”) 13 proyectos de la agenda legislativa del oficialismo, ocho de ellos presentados por el propio Presidente, como reformas al sistema de inteligencia y a la persecución del narcotráfico. “Así como no aceptaremos que nadie bloquee carreteras, le pedimos al Congreso que no nos bloquee los proyectos”, reacciona el vocero de La Moneda.

Bloquean carreteras y accesos a puertos como San Vicente, San Antonio y Coronel. Pero el gobierno se niega a usar la ley que él mismo tanto urgió por aprobar: la Ley Antibarricadas, promulgada en enero, que sanciona entre otros a quienes “interpusieren sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por esta”. Ante la negativa de La Moneda a querellarse, debe ser el Fiscal Nacional el que ordene investigar.

Para hacer aun más patente el doble estándar, la izquierda que acusó a esa ley de “criminalizar el movimiento social”, ahora exige su aplicación, clama por querellas por Ley de Seguridad del Estado, que hace poco tachaban de “pinochetista”, y califica de “terrorismo” la movilización.

Eso ocurre en la superficie. Pero los grupos de presión suelen tener una doble agenda: una que presentan públicamente, y otra que empujan subterráneamente. Porque no todo el gobierno parece tan cómodo con el paro. El ministro de Salud advierte que “ambulancias han tenido que desviarse de su ruta produciendo problemas en los pacientes que están siendo trasladados”. Y el ministro de Hacienda cuestiona este “acto de fuerza”.

Aquí hay una clave. Este despliegue de poder llega justo cuando Hacienda está ultimando la revisión de los privilegios tributarios que propondrá eliminar, un estudio que presentará en septiembre al Congreso.

Esto amenaza directamente a los dueños de camiones, beneficiarios de dos de los privilegios más aberrantes del sistema. Ellos no tributan, como la mayoría de los empresarios, por sus ingresos reales, sino por un monto mucho menor (“renta presunta”). Y su combustible, el diésel, paga ¼ del impuesto a la bencina, y además se les devuelve hasta el 80% de ese pago (privilegio que por cierto consiguieron en otro bloqueo de carreteras, en 2009). O sea, si un usuario de bencina paga $300 por litro en impuesto específico, un dueño de camión puede pagar apenas $15.

Ese cálculo lo hizo en 2018 un tal Ignacio Briones, que como académico polemizó con los dueños de camiones y clamó reiteradamente por “terminar con estos privilegios que no tienen justificación alguna”. Ahora, desde Hacienda, parece estar a punto de hacerlo.

El paro, y el respaldo que este tiene en La Moneda, también es una advertencia para él.