En política hay todo tipo de errores: malas ideas, otras que son estratégicamente dañinas, algunas que llegan en un momento inoportuno, que producen costos superiores a los beneficios, que se ejecutan con impericia o se comunican mal.
Pero pocas veces se cometen todos esos errores juntos, en una suma de impericias, una sobre la otra.
Los indultos a trece presos otorgados por el Presidente Boric cumplen con todas las anteriores. Un récord pocas veces visto de desatino político, y una herida autoinfligida en el flanco más débil de La Moneda.
El gobierno lleva meses intentando construir credibilidad en el tema de la seguridad, su mayor talón de Aquiles y la principal preocupación ciudadana. En una pauta tras otra, el Presidente y su gabinete han aparecido junto a carabineros y detectives, anunciando medidas y recursos, hasta el extremo de sobreactuarse (“vamos a ser unos perros”, dijo Boric).
Es evidente que estos indultos dañan esa estrategia y quitan credibilidad a ese discurso. Un gobierno ya muy frágil se provocó un daño tan gratuito como previsible e innecesario, justo en su flanco más débil.
Innecesario, porque el tema de los “presos del estallido”, que se discutió ampliamente en 2020 y 2021, tenía que ver con las largas prisiones preventivas a las que estaban sometidos algunos de los detenidos. Efectivamente, era preocupante que personas que no habían sido condenadas (inocentes, por lo tanto, ante la ley), siguieran en la cárcel, sin ser liberadas ni llevadas a juicio.
Esos casos fueron resolviéndose gradualmente, con cambios de medidas cautelares, condenas y absoluciones. Y además, por definición, los indultos no pueden solucionarlos: sólo benefician a personas ya condenadas.
Si el fondo fue equivocado, el timing fue inoportuno. Se anunciaron los indultos justo cuando la ministra del Interior estaba por cerrar un acuerdo nacional por seguridad. No había que ser demasiado perspicaz para prever que la oposición aprovecharía el desliz para golpear allí donde más duele, y que, mediante todo tipo de acciones (oficios de fiscalización, recursos judiciales, sesiones especiales, acusaciones constitucionales) aprovecharía a fondo este regalito de año nuevo.
También coincidió con el tortuoso proceso para elegir Fiscal Nacional. Las desafortunadas declaraciones del Presidente Boric, sobre la “inocencia” del indultado Jorge Mateluna, lo pusieron en curso de colisión con la Corte Suprema y la Fiscalía, y finalmente obligaron al gobierno a una renuncia mayor: ceder ante los senadores y proponer a Ángel Valencia para Fiscal Nacional, un candidato cuya mayor ventaja es la de tener “un millón de amigos” dentro del mundo político. Exactamente lo contrario de lo que se necesita para asegurar la independencia del Ministerio Público.
Si esto ya era un error táctico y un autogol estratégico, la forma chapucera de ejecutarlo lo convirtió en una crisis. El 30 de diciembre, Presidencia publicó una lista de once indultados, pero pronto Justicia informó que dos de los nombres (Luis Castillo y Sebastián Montenegro) habían sido incluidos por error, y que debían ser reemplazados por Alejandro Carvajal y Matías Rojas. El mismo día en la tarde, un nuevo comunicado cambió el número de indultados, pasando de once a trece, e incluyendo de nuevo a Castillo y Montenegro.
¿Qué pasó? Once indultos habían sido firmados el 29 de diciembre, pero los de Castillo y Montenegro no estaban en esa lista original: fueron firmados recién el mismo 30 de diciembre en que sus nombres aparecieron, supuestamente por error, en el primer listado público. ¿Quién los incluyó en esa lista, si sus indultos no estaban firmados? ¿Se debieron agregar a la rápida, para “maquillar” ese error? ¿Se alcanzaron a ponderar sus antecedentes antes de hacerlo?
El Presidente Boric comprometió públicamente su palabra al asegurar que los indultados “no son delincuentes”. Pero Castillo sí es un delincuente habitual, con cinco condenas por delitos comunes previos al estallido. Otros dos indultados también tenían condenas previas a 2019.
¿Sabía el Presidente estos antecedentes cuando indultó? La prensa se lo preguntó dos veces. La primera, eludió el tema. La segunda, molesto, respondió que “ya contesté esa pregunta”. No lo había hecho.
Por cierto, ambas alternativas son malas. Si no lo sabía, hay una falla monumental de sus asesores, lo que refuerza la sensación de un equipo de aficionados, de un gobierno todavía en práctica. Algo que parece reconocer al sacar a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y a su mano derecha y cercano amigo, el jefe de gabinete de la Presidencia, Matías Meza-Lopehandía.
Si sabía esos antecedentes, aun peor: sería un enorme descriterio del propio Presidente.
El gobierno podría haber comenzado el año con un acuerdo en seguridad que le diera un respiro en esa área. En cambio, escogió dinamitar su credibilidad, debilitar al Presidente y a su ministra del Interior, provocar una crisis de gabinete con la salida de la titular de Justicia, afectar sus relaciones con la Corte Suprema, y dejar que, en la práctica, la oposición le imponga un nuevo Fiscal Nacional.
¿Y a cambio de qué? ¿De recibir tibios aplausos de sectores radicales que de todas formas consideraron el gesto como insuficiente?
Boric ha sincerado su proceso para “habitar” un cargo al que llegó de manera repentina, en un frenético tránsito de activista estudiantil a político partidista y a Presidente de la República.
Un activista puede empujar una causa desde la voluntad, la “convicción” que Boric arguyó tener sobre estos indultos. Un Presidente, en cambio, debe cuidar sus palabras y acciones, que no sólo son suyas, sino que comprometen al Estado, y ver el gran cuadro de reacciones que generan sus decisiones, y cómo ellas ayudan o perjudican sus metas estratégicas.
Al actuar como activista y no como Gobernante en este caso, Gabriel Boric ha debido lidiar con su adversario más temible: él mismo.
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