En 2016, Hernán Büchi anunció que se iba de Chile. “Me voy por la falta de seguridad jurídica”, anunció, molesto por las investigaciones contra SQM, empresa de la que era director. Curiosa explicación: mientras SQM repartía platas negras a políticos, estaba todo bien. Investigar esos delitos, en cambio, atentaba contra la “seguridad jurídica”, un concepto que en ciertos círculos más bien significa impunidad asegurada.
La relación entre Büchi y el zar del litio Julio Ponce venía desde la dictadura, cuando el primero era ministro de Hacienda, y el segundo, yerno de Pinochet. Ambos coincidieron en SQM y Endesa, por ese entonces empresas estatales. Büchi fue el impulsor del “capitalismo popular”, que prometía convertir las empresas públicas en propiedad de sus trabajadores. Al final, no fue más que una cortina de humo para que esas empresas pasaran, a precio vil, a manos de los favoritos del régimen. El principal beneficiado fue el propio Ponce, quien salió de la dictadura de su suegro con SQM, hasta entonces propiedad de todos los chilenos, en su bolsillo.
Ponce le devolvió la mano a Büchi. Fue un generoso financista de su campaña presidencial en 1989. Y, luego, lo invitó a ser director de la ahora privada SQM. Desde entonces, el exministro acumula una amplia cartera de directorios en conglomerados como Luksic y Solari. Suele figurar en los ranking como el director mejor pagado del país, con honorarios de más de 600 millones de pesos anuales.
Tras anunciar su éxodo, lo que en verdad hizo Büchi fue fijar su residencia tributaria en Zug, un cantón suizo conocido por sus bajas tasas de impuestos, mientras mantenía sus directorios en Chile.
Ese mismo 2016 entró en vigor la ley que prohíbe el interlocking: en simple, que la misma persona pueda ser director de dos empresas que compiten entre sí. Es de una mínima lógica: si los supuestos competidores son manejados por las mismas personas, que comparten información acerca de sus planes y estrategias, lo que hay está muy lejos de la competencia y muy cerca de la colusión.
La evidencia en el caso de Büchi era pública: el mismo que protestaba por la “inseguridad jurídica” era director en paralelo de empresas competidoras. Por cinco años, la ley fue letra muerta. Recién en los últimos días, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó a Falabella, Banco de Chile y Consorcio Financiero por compartir a Büchi como director. Luego, hizo lo mismo con Juan Hurtado Vicuña, director al mismo tiempo de LarraínVial y Consorcio Financiero.
El tema apunta al corazón del capitalismo a la chilena: un sistema en que el compadrazgo y las colusiones, implícitas o explícitas, campean. El economista Luigi Zingales dice que “Chile es un país pequeño que comenzó desde un inicio con una alta riqueza concentrada y, luego, permitió que muchos conglomerados concentraran el poder económico aún más. Entonces, cuando el poder económico está súper concentrado, la colusión es inevitable”.
Las evidencias están a disposición de quien quiera verlas, con mercados concentrados en casi todas las áreas de la economía. En varios de ellos se ha probado la existencia explícita de colusión.
Según el centro de estudios de Evópoli, Horizontal, los hogares más pobres, los más indefensos ante estas prácticas, gastan más de la mitad de su presupuesto familiar en mercados “en los cuales existen indicios o evidencia de falta de competencia”.
Ocurre en el gas licuado. Abastible, Lipigas y Gasco se reparten el mercado con distribuidores exclusivos, a los que “amarran” para evitar que puedan buscar precios más bajos. La FNE calcula que las familias chilenas pagan un sobreprecio de 15% por cada balón de gas que compran. El resultado es que cada año pagamos en exceso 181 millones de dólares, que van a los bolsillos de los dueños de estas tres empresas.
Otro caso: la Clínica Alemana acaba de anunciar que activará su propia isapre, pese a que desde 2005 está prohibido por ley que las aseguradoras sean dueñas de clínicas, una práctica llamada “integración vertical”.
Pero en el capitalismo a la chilena, hecha la ley, hecha la trampa. Clínica Alemana anuncia que la isapre funcionará a través de una matriz, eludiendo así la legislación, tal como lo hacen prácticamente todas las aseguradoras. Según un estudio de 2017, Banmédica y Vida Tres tenían los mismos dueños que las clínicas Santa María, Dávila, Vespucio, Ciudad del Mar y Bío Bío, el prestador Vidaíntegra, y el servicio de emergencias Help. Lo mismo ocurre con Consalud, Cruz Blanca y Más Vida, todas propietarias de una nutrida red de clínicas y prestadores de salud.
Todo este esquema se ha formado bajo las narices de legisladores y fiscalizadores. El superintendente de Salud se limitó a aplaudir el anuncio de la Alemana, diciendo que “vemos con muy buenos ojos” la nueva isapre.
¿Cuál es la consecuencia para los chilenos? Los economistas Ignacio Cuesta (Stanford), Benjamin Vatter (Northwestern) y Carlos Noton (Universidad de Chile) estudiaron cómo esta integración distorsiona la competencia. Concluyeron que, como las empresas tienen un obvio incentivo para llevar a sus clientes a sus propias isapres y clínicas, y evitar que vayan a otras, negocian precios más altos con el resto de los prestadores. Así, los chilenos están pagando de sus bolsillos unos 94 millones de dólares adicionales debido a la falta de competencia provocada por la integración vertical.
“La competencia -dice Zingales- es el ingrediente clave que hace que el capitalismo funcione para todos”. Una competencia que tantos capitalistas chilenos proclaman defender, sólo para terminar haciendo exactamente lo contrario: coludirse, compartir directores con sus supuestos competidores, integrarse verticalmente, repartirse el mercado entre compadres, y entender la “seguridad jurídica” como impunidad para saltarse las reglas.
En resumen, haciendo que el capitalismo funcione sólo para algunos. Para los amigotes de siempre.
