“En el ámbito humano, obviamente es doloroso cuando una persona que ha sido colega, parlamentario durante muchos años, militante de la UDI, enfrenta una situación difícil. Y no nos queda más que enviarle fuerza, y respetar las definiciones judiciales que tanto los tribunales como el propio Jaime Orpis definan hacer en el futuro”.

Esa es la declaración completa, de un total de 19 segundos, enviada por el presidente de la UDI, Javier Macaya, a los medios de comunicación.

Diecinueve segundos que develan la cloaca en la que estamos hasta el cuello. Un partido que posa de mano dura contra la delincuencia, trata a un delincuente condenado como una víctima que “enfrenta una situación difícil”, frente a la cual “no nos queda más que enviarle fuerza”.

¿Qué hizo Orpis?

Entre 2009 y 2013, siendo senador UDI, recibió un millonario sueldo mensual de Corpesca, el coloso pesquero del Grupo Angelini, “a cambio”, acredita el tribunal, “de favorecer los intereses de la empresa en su función de legislador a través de actos cometidos con infracción de los deberes de su cargo”. Corpesca pagó a Orpis más de $ 200 millones, ocultos con boletas de una red de testaferros, que destinó a gastos como pagar su membresía en el Club de Yates de Frutillar.

Mientras estuvo a sueldo de Corpesca, Orpis obedeció las instrucciones del gerente general de la pesquera, Francisco Mujica. El 12 de junio de 2009, Mujica envió a Orpis una presentación sobre las cuotas de captura del jurel. Presto, el empleado del mes de Corpesca copió el documento, puso su membrete y firma, y lo envió como si fuera propio a la Contraloría.

Tras lograr un dictamen favorable a la empresa, Orpis reenvió el fallo a Mujica. El sobornador contestó a su senador a sueldo con felicitaciones y nuevas órdenes: “Jaime, excelente el resultado, ahora afinemos con la SSP (Subsecretaría de Pesca) el camino más corto y seguro de obtener una cuota adicional de jurel”.

No satisfecho con su dieta parlamentaria y la mesada de Corpesca, Orpis buscó otra fuente ilegal de ingresos: entre 2009 y 2015, constata el fallo, “simuló la contratación de asesorías” a través de múltiples palos blancos, “finalizando estos en su peculio personal”. El fraude al Fisco sumó $ 120 millones.

La justicia declaró a Orpis culpable de dos delitos de cohecho, y lo condenó a 600 días de prisión y una multa del 50% de lo pagado por Corpesca. También, culpable de seis delitos de fraude al Fisco, por los que lo sentenció a cinco años y un día, y pagar el 5% de lo defraudado al Fisco.

Como se le abonarán los días que pasó en arresto domiciliario, es posible, dependiendo de los recursos que vienen ahora, que Orpis pueda pasar una temporada en la cárcel (ya estuvo 40 días en Capitán Yáber, en 2016). Esa pena ínfima basta para que esta sea catalogada de “condena histórica”: tal vez un político corrupto irá preso, aunque sea por un breve lapso.

Por años, la exdiputada UDI Marta Isasi hizo méritos para disputarle a Orpis el título de empleada del mes de Corpesca. Los correos entre Isasi y Mujica los muestran como un equipo. “Estoy muy contenta con el gol de no a la licitación. ¡Al final surtió efecto mi trabajo!”, escribió la diputada al gerente, tras lo cual detalló cómo debía transferirle 40 millones de pesos, y cerró con “un abrazo y a continuar ganando batallas para ganar la guerra”. Isasi también fue condenada por cohecho, a la ridícula pena de 50 días remitidos. No irá a la cárcel.

Como en toda transacción comercial, aquí hay vendedores y compradores. El segundo rol lo ocupa Francisco Mujica, exgerente general de Corpesca, confeso y condenado a penas remitidas por soborno y delitos tributarios. Tampoco irá a la cárcel.

Tal como lo anticipó Isasi, y gracias al apoyo de un ejército de parlamentarios y funcionarios leales, Corpesca ganó la “guerra” de la Ley de Pesca, incluido el “gol” de reducir al mínimo las licitaciones. La empresa fue condenada como persona jurídica por los sobornos y deberá pagar unos US$ 732.000 de multa. Eso es menos del 0,1% del valor anual de las cuotas entregadas a las grandes pesqueras gracias a esa ley corrupta, que sigue en vigor.

Tras el fallo que condenó a Corpesca por soborno, la Sofofa citó a la empresa a su comisión de ética, para “verificar el fortalecimiento” de las “buenas prácticas”. Esta semana, las elecciones de la Sofofa ratificaron la despreocupación de los grandes empresarios por la corrupción: el candidato del Grupo Angelini obtuvo la segunda mayoría, sólo superado por el presidente de la CMPC, la empresa que encabezó el cartel del papel.

Cuando Corpesca fue formalizada por soborno, el presidente de su directorio, Roberto Angelini, fue premiado como “mejor empresario del año” por el Diario Financiero, destacando que el galardón “representa la validación de su modo de hacer empresa”. Según Forbes, durante 2020 la fortuna de los Angelini subió de $ 2,3 mil millones a $ 3,6 mil millones de dólares. La multa por haber corrompido a un poder del Estado equivale a cinco horas de las ganancias del grupo.

En 2019, la defensa de Orpis incluyó nada menos que al ministro de Justicia, Hernán Larraín, como uno de sus testigos en el juicio. “Lo haré con mucho gusto”, porque “tengo plena confianza en la conducta de Jaime Orpis”, sentenció el ministro (luego su nombre fue retirado de la lista).

Sobornadores que quedan libres, gremios que se hacen los desentendidos, grandes poderes económicos que amasan pingües ganancias, un ministro de Justicia que interviene en un juicio, y partidos políticos que tratan a sus corruptos como víctimas en vez de como delincuentes. Más allá del trabajo abnegado de algunos fiscales, ¿a quién le importa frenar la corrupción político-empresarial en Chile?

El caso del empleado del mes de Corpesca muestra la cruda verdad: al mundo del poder le importa un carajo.