Hace exactamente medio siglo, Chile tomó una de las decisiones democráticas más importantes de su historia. Por unanimidad, en 1971 el Congreso nacionalizó el cobre. Parlamentarios de izquierda, centro y derecha coincidieron en que las rentas que produce debían beneficiar a todos los chilenos. Ser, como suele repetirse, el “sueldo de Chile”.

Estos 50 años se celebran con buenas noticias. Esta semana el precio del cobre superó los 4 dólares por libra y rozó sus máximos históricos, con analistas previendo que podría llegar a los 5 dólares e iniciar un nuevo “superciclo” que mantenga los precios en niveles récords por varios años.

Pero tal vez las buenas noticias no lo sean tanto: en 2020, el cobre representó apenas el 5,9% de los ingresos del Fisco (contra el 40% del IVA, por ejemplo). Más que nuestro sueldo, un modesto ingreso secundario.

Y aunque esa cifra probablemente subirá en 2021, la parte del león de las rentas generadas por nuestro cobre no irá a manos de todos, como hace medio siglo decidió Chile, sino a unos pocos. En los últimos doce meses, Antofagasta PLC, la minera del grupo Luksic, pasó de valer U$ 11 mil millones a U$ 25 mil millones. Gracias al alza del precio del cobre, una sola empresa se valorizó en un año U$ 14 mil millones, algo así como el presupuesto total anual de la salud en Chile. Alzas similares han tenido mineras como BHP (82%), Glencore (57%) y Anglo American (54%).

¿Cómo nuestro cobre dejó de ser el “sueldo de Chile” para convertirse en el sueldazo de algunas empresas? ¿Por qué tan fabulosas rentas son captadas por privados?

Durante la dictadura, Codelco fue una de las pocas empresas que los Chicago Boys no pudieron privatizar, debido a la oposición de las Fuerzas Armadas. Los militares protegieron su gallina de los huevos de oro, que por ley debía entregarles el 10% de sus ventas, y la Constitución mantuvo la norma, vigente hasta hoy, que entrega al Estado “el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”.

Pero José Piñera ideó una Ley Orgánica Constitucional (LOC) que entregó a los privados “concesión plena” sobre esos yacimientos. Usando franquicias legales como la depreciación acelerada y la deuda con empresas relacionadas, muchas grandes mineras en la práctica no pagaron tributos. Según la profesora de la London School of Economics Tasha Fairfield, entre 1995 y 2003 solo dos de las diez mayores mineras privadas cancelaron impuestos a la renta.

Exxon, por ejemplo, operó Disputada de Las Condes durante 24 años, extrayendo tres millones de toneladas de cobre, sin pagar nunca impuestos por ello. Luego vendió el yacimiento por U$ 1.300 millones a Anglo American, transacción que hizo desde subsidiarias en Islas Caimán e Islas Vírgenes para no tributar tampoco cerca de U$ 300 millones por ella.

En 30 años de democracia, solo una vez se intentó establecer un royalty por la extracción de cobre. En 2004, el presidente Lagos presentó un proyecto, pero este fue rotundamente rechazado por las mineras (“la industria no lo soportaría”, aseguró el presidente de Anglo American), el gran empresariado (“un disparate”, dijo el ex presidente de la Sofofa Hernán Briones), Libertad y Desarrollo (“proyectaríamos imagen de país poco serio”), los senadores designados y la derecha. En cambio, tuvo apoyo mayoritario entre los ciudadanos (67% a favor y 15% en contra según CERC), y en la Cámara de Diputados (61 votos a favor y 41 en contra).

No bastó. Para reformar la LOC de Minería se necesitaban 4/7 en ambas cámaras, además de superar el Tribunal Constitucional. Las mineras quedaron con el sartén por el mango: el Decreto Ley 600 de la dictadura les garantizaba invariabilidad tributaria por 20 años desde el inicio de cada inversión. No se les podían “imponer” impuestos.

Así, tanto Lagos en 2005 como Piñera en 2010 tuvieron que negociar tributos específicos con las mineras (mal llamados royalty), para que ellas voluntariamente los aceptaran a cambio de extender su invariabilidad, primero hasta 2017 y luego hasta ¡2025! (o incluso más allá, según algunas interpretaciones).

Esa es la insólita situación hoy. Según la Constitución, el Estado sigue siendo en teoría el dueño del cobre, pero en la práctica no cobra royalty alguno por esa propiedad, y ni siquiera puede definir los impuestos que pagarán quienes lo extraen, sino que debe negociar con ellos cuánto y a cambio de qué están dispuestos a tributar.

El resultado es que, según el doctor en Economía Ramón López y otros, en el “superciclo” anterior, entre 2005 y 2014, las rentas regaladas a las grandes mineras sumaron 120 mil millones de dólares (por “rentas regaladas” se refieren a ganancias por sobre las necesarias para mantener los niveles de inversión y producción).

El cálculo exacto es, por cierto, discutible. En 2006, un informe del Banco Mundial ponía a Chile como el tercero que menos impuestos cobraba entre 24 países (36,6%), y como el segundo en que los inversionistas tenían una mayor tasa de retorno (15%). Según un informe encargado por las grandes mineras a la consultora Ernst & Young, en cambio, Chile es el segundo país con mayor tasa de impuestos entre ocho, aunque los supuestos de ese estudio son cuestionados por expertos en el tema, como el economista Ricardo Guerrero.

Cuánto y cómo cobrar sin desincentivar la inversión, es una pregunta abierta. Pero este 2021 debería ser el momento para que, por primera vez en medio siglo, los chilenos podamos hacer una discusión que nos ha sido negada en 17 años de dictadura y 31 de democracia. El debate sobre cómo captar las rentas de recursos que son de nuestra propiedad.

Cómo cobrar, para beneficio de todos, ese “sueldo de Chile”.